Corruccion En El Organ Judicial Salvadoreño

“Corrupción sustancial” en sistema Judicial salvadoreño, según EUA

Informe recoge visiones ciudadanas y de prensa sobre situación de derechos humanos

Por David Ernesto Pérez

SAN SALVADOR – En un informe de derechos humanos que no profundiza en las temáticas que aborda, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró que en El Salvador el Órgano Judicial sufre de “ineficiencia, corrupción, luchas políticas internas e insuficientes recursos”, lo que da aliento propio a la impunidad.

De acuerdo al “Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos”, el país es endeble en la protección a testigos de asesinatos, no resguarda los derechos de grupos marginados como las comunidades homosexuales y transgénero y no es capaz de investigar las denuncias por torturas, tratos crueles e inhumanos.

En el horizonte de abusos también saltan los efectivos de las Fuerzas Armadas, institución consignada en el documento con datos proporcionados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al país norteamericano.

Con informaciones del 2012, la Procuraduría registró 10 denuncias de torturas, 116 de tratos crueles o inhumanos; las responsabilidades se dividen entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.

Referente al sistema penitenciario, el Departamento de Estado recalca lo que es una “verdad cotidiana” en el país: las cárceles están sobresaturadas y en “condiciones duras y potencialmente mortales”.

Según la Dirección General de Centros Penales (DGCP), están privados de libertad 27 mil 38 personas en 23 centros penitenciarios. La capacidad máxima es de 8 mil 328 reos.

Del total, 19 mil 440 ya fueron condenados y 7 mil 98 presidiarios esperan condena. Nelson Rauda, jefe de la DGCP ha señalado que la capacidad de las prisiones está al 325 %.

Los norteamericanos destacan que, la Dirección General permite entrar a defensores de derechos, activistas y periodistas a las cárceles a documentar el hacinamiento en que habitan los afectados, asimismo acentúan la accesibilidad de las autoridades para investigar denuncias de los privados de libertad contra el personal, aunque “los resultados de la investigación no siempre se documentan de forma accesible al público”.

Respecto a la discriminación por motivos de orientación sexual, el Informe concluye que esta es “generalizada” y es “significativa” contra transgénero, aunque la descarta en el acceso en el empleo en áreas gubernamentales.

El Departamento de Estado recoge la visión de la Organización No Gubernamental (ONG) “Entre Amigos” que critica la discriminación de parte de la Policía y la Procuraduría General contra las minorías sexuales en lo relacionado con el procesamiento de documentos personales en los que es necesario identificar el sexo del solicitante.

Entre los temas que destaca el documento estadounidense, publicado el 19 de abril de este año, también están los vinculados al trabajo infantil, condiciones laborales y libertad sindical, estado de la prensa, papel gubernamental en la seguridad pública, entre otros.

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Definición de problemas y resumen del análisis

Hay un consenso generalizado al señalar que el funcionamiento institucional de la justicia

en El Salvador ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas, probablemente en forma

más significativa que cualquier otra institución política. Sin embargo, el progreso alcanzado

en materia de justicia desde los Acuerdos de Paz se percibe como un proceso muy positivo

pero no finalizado. Es por ello que también existe una percepción casi unánime acerca de que

persisten problemas muy graves en el ámbito de la justicia en El Salvador, tanto en su vertiente del poder judicial como en lo que se refiere a la administración de justicia. Este dato,

por sí solo, justifica que el sector justicia se deba priorizar como una de las áreas de políticas

que requiere de reformas sustanciales.

Tanto los operadores internos del sistema como los ciudadanos diagnostican en forma

bastante negativa la situación del sistema judicial en el país. Específicamente, los jueces

salvadoreños son de los más críticos con su propio sistema judicial de todos los centroamericanos.

Cuando se trata de indagar qué aspectos de este sistema judicial son los que se perciben

como más problemáticos, los jueces salvadoreños identificaron la falta de confianza de los

ciudadanos en la justicia, los problemas de acceso a la misma y la falta de independencia del

Órgano Judicial como los principales problemas del sector justicia. Además, se señalan también como aspectos problemáticos la lentitud de la justicia y la carencia de recursos económicos y humanos, lo que en otros términos permite que sean denominados como problemas

relacionados con la eficiencia de la administración de justicia.

La falta de confianza en las instituciones y la falta de credibilidad son factores explicativos

de los problemaexistentes en materia de acceso a la justicia, pero sobre todo son consecuencia de otros elementos relacionados con el rendimiento de estas instituciones y su valoración por parte de los ciudadanos. Es decir, puede haber problemas de conocimiento, comunicación e información de lo que hace el Órgano Judicial y la administración de la justicia, que

expliquen en parte la carencia de confianza y credibilidad en la justicia. Pero sin duda, las

razones por las cuales los salvadoreños confían poco en la justicia de su país se explica por

factores relacionados con su rendimiento más que por carencias informativas o educativas

(aunque no conviene que éstas sean desestimadas). No obstante, en El Salvador, la confianza de los ciudadanos en la justicia es superior a la confianza en el conjunto de instituciones

democráticas, en una proporción algo mayor que en otros países centroamericanos.

Los problemas de acceso a la justicia y de la corrupción judicial son también asuntos considerados importantes, tanto por los jueces como por otros actores sociales y políticos del

país. En relación con el acceso a la justicia, los jueces sostienen que las principales quejas de

los ciudadanos son: el trato descortés y la lentitud en los procesos, así como las deficientes

infraestructuras de la administración de justicia. Sobre la corrupción judicial, existe la percepción de que el mayor problema de la justicia en El Salvador es la corrupción que afecta a

jueces y otros operadores del sistema. Para comprender

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