¿Cómo responder ante la desigualdad en México?

¿Cómo responder ante la desigualdad?

Por: Gene Rodríguez Cervera

La desigualdad es un fenómeno económico y social que está generalizado a lo largo del globo, sin embargo, es más concentrado en ciertas regiones de éste. América Latina ocupa el segundo lugar en el mundo (Esquivel, 2015, pg. 10).  En este ensayo, se habla específicamente de la desigualdad en el ingreso,  que comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos económicos, entre ellas la distribución de la renta que procede tanto del capital como del trabajo (Navarro, 2014, versión digital).  Empieza a resultar alarmante las cifras en cuanto a desigualdad; en 2015, el OXFAM reveló que 80 personas alrededor del mundo poseen la misma riqueza que la mitad de la población global. En México, mientras nuestra economía está estancada y nuestro PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos del país se multiplica por cinco (Esquivel, 2015, pg. 5).  ¿Cómo responder ante esto? ¿Qué medidas debemos de tomar para disminuir las enormes brechas entre ricos y pobres? Este ensayo se aboca a intentar establecer las condiciones mínimas que debemos enfrentar para responder.

Antes de intentar responder estas preguntas, debemos dejar claro cuáles son las visibilidades más notorias de desigualdad en nuestro país. Al respecto, el verano del año pasado, Gerardo Esquivel realizó un breve pero extraordinario informe de la desigualdad en México, texto que tomaremos como eje para el desarrollo de este ensayo.  México, según la Standardized World Income Inequality Database, está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. En nuestro país, impera la llamada ley del goteo, que afirma que dar más dinero o facilidades fiscales al 1% más rico de la población beneficia a todo el mundo porque da lugar a un mayor crecimiento. Esto se puede refutar fácilmente apegándonos a las cifras, los estudios de la Socio-Economic Database of Latin America and the Caribbean y la Income Distribution Database arrojan dos resultados: entre mediados de los noventa y 2010, la desigualdad del ingreso disminuyó; sin embargo, la desigualdad es mayor a la que había es los ochenta, lo que significa que ha crecido el ingreso per cápita, pero se han estancado las tasas de pobreza en el país. Este resultado de eventos aparentemente contradictorios se debe a que el crecimiento nacional se ha concentrado en las esferas más altas de la distribución, donde se queda la mayor parte estancado y apenas unas gotas bajan a la población restante. (Esquivel, 2015, pg. 7). En cuanto a nuestra élite económica, el Global Wealth Report del 2014 señala que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. La cantidad de millonarios en México creció un 32% entre 2007 y 2012, mientras que en el resto del mundo y en ese mismo periodo disminuyó un 0.3%.  Ahora, en cuando multimillonarios, lo que podemos denominar la élite de la élite, su número no ha variado mucho en los últimos años, pero sí la magnitud de sus riquezas. De los 16 mexicanos multimillonarios, la suma de sus riquezas representa en 2014 el 9% del PIB, un aproximado de $142,900 millones de dólares; un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos. Para ejemplificar un poco más el poder de esta élite, los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían contratar hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagando el equivalente de un salario mínimo sin perder un solo peso de su riqueza (Esquivel, 2015, pg. 8).  ¿Cómo logra nuestra élite esta pasmosa acaparación de capital? ¿Cuál es la diferencia entre las élites mexicanas y las de otros países como Estados Unidos? Podemos hablar de tres variables: la existencia de sectores privilegiados, una política fiscal diseñada para favorecer a los de mayor ingreso y la debilitación crónica de las instituciones y el Estado mexicano para contener la desigualdad. Nuestros cuatro principales multimillonarios tienen una característica en común que es vital para entender la desigualdad mexicana: todos derivan una parte significativa de su fortuna de sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el sector público. Esta característica es tan notoria que la mayoría de los mexicanos puede identificar fácilmente sus apellidos: Carlos Slim, que monopoliza el sector de las telecomunicaciones; Germán Larrea y Alberto Bailleres son dueños de empresas mineras que explotan concesiones otorgadas por el Estado; y Ricardo Salinas Pliego, que controla una de las dos principales cadenas de televisión pública –TV Azteca–y que es socio mayoritario de Iusacell y dueño de  Banco Azteca (Esquivel, 2015, pg. 20). El problema de que nuestra élite económica trabaje en áreas reguladas o concesionadas por el Estado es que es de su total interés el intervenir todo lo que puedan en las instituciones u organismos que se encargan de supervisarlos, la desregulación económica que tanto denuncia Joseph Stiglitz en su obra El Precio de la Desigualdad es un factor clave en México para observar un Estado que está capturado por sus fuerzas económicas, a las que ya no puede controlar. Cuando tenemos un panorama económico tan desequilibrado, ocurre un fenómeno que Stiglitz observó en Estados Unidos y que denominó polarización; la extinción sistemática de la clase media, que sucede cuando los “buenos” empleos de esta clase parecen r desapareciendo en relación con los empleos de la parte baja, que requieren poca cualificación, y los de la parte alta, que requieren más (Stiglitz, 2014, pg. 50). Retomemos las tres variables generadoras de desigualdad que había enumerado antes; en primer lugar tenemos la existencia de sectores privilegiados, que surgen con la falta de competencia económica y un débil marco regulatorio, lo que conduce a prácticas monopólicas u oligopólicas. Es en México el caso del sector de las telecomunicaciones, donde Carlos Slim controla prácticamente la red nacional de telefonía, asegurándose una gran fortuna a costa de los consumidores mexicanos, que pagan tarifas telefónicas exacerbadas por un servicio que, en el mejor de los casos, resulta ineficiente. Un estudio de la OCDE en el 2012 concluyó que, entre 2005 y 2009, el comportamiento monopólico de las empresas de Slim se había traducido en una pérdida de bienestar superior a los 129 mil millones de dólares, aproximadamente 1.8% del PIB por año. La segunda variable, una política fiscal favorable para los de mayor ingreso, es un aspecto político en el cual es notoria la influencia e incluso el control que pueden ejercer las élites económicas. Nuestra política fiscal está más orientada a gravar el consumo que el ingreso personal o empresarial. México obtiene el 54% de todos sus ingresos a través de impuestos en bienes y servicios, a comparación del 32% que es el promedio de los países de la OCDE (Esquivel, 2014, pg. 22). Retomando el fracaso de la teoría del goteo, sabemos que los hogares relativamente pobres gastan un porcentaje más alto de su ingreso que los hogares relativamente ricos, por lo que estos impuestos al consumo adquieren un carácter regresivo, puesto que los hogares pobres pueden terminar pagando por impuestos que los hogares ricos. Hay más aspectos de nuestra política fiscal que resultan en favor de la desigualdad, como la tasa marginal del ISR de 32%, muy por abajo del 50% promedio de la OCDE. Es tan desigual en nuestra fiscalización que hasta hace unos años, en México no existía impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario, y aún los que tenemos hoy en día están sujetos a múltiples exenciones. Esto se relaciona ampliamente con la última variable, la debilidad de las instituciones y del Estado para asegurar la disminución de la desigualdad, la herramienta principal para lograr esto es una fiscalización  adecuada, pero como ya vimos, los impuestos en México están orientados a gravar menos a los que más ganan. Atrapadas entre las élites económicas, las instituciones mexicanas participan en un ciclo vicioso de desigualdad, donde las medidas que toman para intentar resolver esta cuestión únicamente generan inestabilidad, lo que crea más desigualdad, como señala Stiglitz (Stiglitz, 2014, pg. 215). Otra variable para identificar la debilidad endémica de nuestras instituciones son los índices de corrupción. El informe realizado el 2014 por Transparencia Internacional ubicó a México con una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y Níger. La escala va de cero (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). La corrupción permea a las instituciones mexicanas y permite a las personas con mayores ingresos esquivar regulaciones y normativas que vulnerarían sus intereses. Ahora que tenemos más claro el panorama de la desigualdad mexicana, queda a responder la pregunta clave, ¿qué hacer ante esto? En realidad, esta pregunta tiene respuesta desde hace muchos años, los instrumentos para reducir la desigualdad de un país son tan conocidos que podemos discernir entre los que han funcionado y los que no. El problema es que en las esferas de toma de decisión, jamás se han planteado limpiamente estas propuestas sin las influencias de las élites económicas. La respuesta a este problema gira en torno a cinco ejes a desarrollar. El primero es la creación de un auténtico Estado Social, el propio Stiglitz reconoce que la seguridad social es una herramienta básica para combatir la desigualdad, nuestro país tiene una amplia historia de defensa y reconocimiento de los derechos sociales básicos, el problema radica en que su concepción actual no es la de erradicar la desigualdad, sino ofrece únicamente paliativos de carácter asistencial y clientelar, usualmente originados más por motivos político-electorales que una verdadera acción en contra de la desigualdad. Se debe realizar seriamente la transición de un Estado de Bienestar a un Estado Social, donde se garantice que los ciudadanos accedan a un mínimo de derechos sociales, garantizados desde el inicio hasta el final de la vida. El segundo eje es asegurar una política fiscal progresiva, una que establezca tasas impositivas más progresistas para la parte más alta de la distribución y que establezca nuevos impuestos que graven las fuentes de ingreso más comunes de las personas que se encuentran en esferas más amplias. Otro impuesto que debe considerarse seriamente es el que se aplica a las herencias y al patrimonio global e igualmente analizar la pertinencia de deducciones personales que benefician de manera desproporcionada al estrato más rico de la población, como los donativos, colegiaturas y aportaciones voluntarias al SAR. El tercer eje es un gasto mejor focalizado, tanto en términos sectoriales como regionales. La prioridad deben ser los gastos en materia de educación, salud y acceso a servicios básicos que requiere la población. La satisfacción de las necesidades básicas contribuye significativamente a subsanar las brechas socioeconómicas iniciales de la población en situación de pobreza. Otro sector de gran importancia es la creación de infraestructura básica, especialmente en zonas de menor desarrollo socioeconómico, pues este tipo de gasto suele tener un alto impacto económico y social, contribuyendo al despegue del crecimiento del país. El cuarto eje es la política salarial y laboral, el salario ha sido un instrumento para controlar la inflación, pero también para preservar el círculo de la desigualdad; es impostergable cambiar esta percepción de control salarial e iniciar un proceso de recuperación de capacidad de compra del salario mínimo. Esto llevaría a mejorar la capacidad de compra y el nivel de vida de los trabajadores, lo que llevaría a un fortalecimiento del mercado interno. Igual debe replantearse la posibilidad de negociación entre trabajadores y patones para equilibrar las relaciones entre los trabajadores y los dueños del capital. El último eje a observar son los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, esto es fundamental para sacar a relucir y castigar y resolver los problemas asociados a la captura política. Hablamos de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de todos los miembros de las tres ramas de gobierno. Es imperante revelar los conflictos reales o potenciales de interés, lo que ayudaría a combatir la corrupción y a fortalecer el estado de derecho,

...