Derecho a un aborto seguro en México

Derecho a un aborto seguro en México

Alan Ricardo Valladolid Díaz

Universidad Complutense de Madrid

 En el 2007 se legalizó el aborto en la Ciudad de México antes de las 12 semanas de gestación. Esta reforma en el código penal local generó un efecto contraproducente en algunos estados del país. Diversas legislaturas estatales modificaron sus propios códigos protegiendo la vida desde la concepción, lo cual fue un retroceso en la garantía de los derechos de las mujeres que deciden llevar a cabo este procedimiento. El aborto seguro y legal es parte fundamental para el desarrollo de la vida de las mujeres y la protección de sus derechos. México es parte de diversos tratados internacionales que comprometen al país a garantizar el acceso a este derecho, bajo el principio de no discriminación y el acceso a la salud, los cuales son derechos humanos.

Este informe analiza la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres al acceder al derecho a la interrupción del embarazo en México. El informe se divide en 3 partes: la primera enumera los diferentes tratados internacionales de los cuales México es parte y ha adquirido compromisos para proteger los derechos humanos de las mujeres. La segunda parte analiza los problemas para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en México y los desafíos que dificultan a las mujeres poder acceder a este derecho de una forma segura. Finalmente, en la cuarta parte se exponen las conclusiones y las recomendaciones a seguir para lograr cumplir los compromisos suscritos por México en los tratados internacionales sobre este tema.

TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MEXICO ES PARTE

        México forma parte de diversos tratados internacionales que protegen a las mujeres que deciden interrumpir legalmente su embarazo. Aunque no hay un tratado específico sobre los derechos reproductivos, se puede concluir que México está obligado a garantizar el acceso a un aborto seguro a través de otros tratados internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito.

        México es parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer desde 1981. En esta Convención, México no tienen ninguna reserva y solo cuenta con una declaración que indica que se buscará cumplir con los compromisos adquiridos siempre que lo permitan los recursos con los que cuenta el Estado mexicano. Por lo tanto, México acepta plenamente el compromiso que representa la Convención y los derechos que en ella se suscriben. El artículo 12 de dicha Convención expresa que se debe de eliminar la discriminación a la mujer para acceder a los servicios de salud y a la planificación familiar.

        De igual forma, México es parte del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la cual establece en su artículo 7 el derecho de las personas a decidir cuándo procrear, además del derecho a recibir servicios de salud adecuados que permitan embarazos y partos sin riesgos para la salud.

        México también es parte de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual establece que se debe garantizar y promover la salud sexual de la mujer. Además de reconocer el derecho de las mujeres a controlar todos los aspectos sobre su salud, incluida su fecundidad.

        Por lo anterior se concluye que México está obligado a garantizar un aborto seguro que evite un riesgo a la salud de las mujeres que deciden llevar a cabo este procedimiento. De igual forma está prohibido cualquier tipo de discriminación que vulnere el derecho de las mujeres a decidir cuándo procrear o no y se debe de garantizar el acceso al aborto bajo las condiciones que la ley permite en los casos donde se han implementado reformas regresivas que defienden la vida desde la concepción.

LA PROBLEMÁTICA DEL ACCESO AL ABORTO SEGURO EN MEXICO

Según un estudio de la OMS, el 95% de los abortos realizados en América Latina son considerados inseguros^[1]. En el informe Derecho internacional de los derechos humanos y aborto en América Latina elabora por la ONG internacional Human Rights Watch, se explica que los países latinoamericanos con leyes más restrictivas para permitir el aborto, concentran la mayoría de las muertes ocurridas por complicaciones de abortos inseguros^[2]. Es importante destacar que, en el caso de México, el activismo de los defensores de los derechos de las mujeres ha posibilitado avances legislativos en la garantía de un aborto seguro. Sin embargo, faltan mecanismos que ayuden a las mujeres a acceder a estos servicios y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en esta materia.

En el 2015 el aborto inseguro fue la quinta causa de muerte materna en México^[3]. Se registraron 659 muertes por abortos inseguros. La ilegalidad de la práctica en algunos estados del país genera que las mujeres se vean obligadas a recurrir a servicios clandestinos los cuales ponen en riesgo su salud. Sin embargo, las mujeres en situación de pobreza son más proclives a practicar abortos autoinducidos, los cuales son los más riesgosos para la salud de estas mujeres que difícilmente tienen acceso a servicios de salud de calidad^[4]. Es importante destacar que el 10% de los decesos en 2015 por este hecho fueron mujeres menores de 15 años. En el informe de la CEDAW de 2012 a México, se destaca que existe una reducción en el contenido de la educación sobre salud sexual y reproductiva. De igual forma, los adolescentes tienen un acceso limitado a información de calidad sobre métodos anticonceptivos que resulta en un incremento en los casos de embarazo adolescente^[5]. El Comité de la CEDAW señala preocupación por la incongruencia de algunos códigos estatales que establecieron proteger la vida desde la concepción, sin modificar los criterios anteriores bajo los cuales era legal realizar un aborto^[6]. Este hecho deja a las mujeres en un limbo legal con lo cual no pueden ejercer sus derechos plenamente. La ley permite que las mujeres menores de 15 años puedan acceder a un aborto seguro y legal, sin embargo, en la práctica no ocurre así. El informe de la CEDAW expone casos en los que personal de los servicios de salud se ha negado a practicar los abortos solicitados e incluso han denunciado a las mujeres que los solicitan, las cuales han sido procesadas por el sistema de justicia y muchas de ellas condenadas a prisión^[7]. Todo esto a pesar de que la ley permite el acceso al aborto en estos casos.

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