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Derecho sector público y privado


Enviado por   •  15 de Febrero de 2018  •  Tarea  •  1.594 Palabras (7 Páginas)  •  173 Visitas

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Universidad Tecnológica Costarricense[pic 1]

Derecho Laboral

Estudiantes:

Vega Natalia

Avalos Janeth

Cervantes Evelyn

Profesor:

Cascantes Aníbal

Agosto 2016


Derecho sector público y privado

Introducción:

En el presente trabajo analizaremos el “derecho Público y Privado”, se trata de la división tradicional del derecho para ambos sectores, que intentaremos encontrar la o las distinciones entre estas ramas.

Podemos definir derecho como un conjunto de normas regulatorias de las relaciones sociales, permite resolver los problemas interpersonales. La palabra proviene del vocablo latino “directum”, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiendo por Derecho, conjunto de Norma jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento esta prevista de una sanción judicial.

En el Derecho público se regula más que todo a la actividad del Estado y de los entes públicos entre sí, así como sus relaciones cuando actúan de forma oficial con los particulares y está dividido en una serie de ramas que responden a aspectos concretos de las relaciones del estado.

Por el otro lado el derecho privado es la rama que se ocupa preferentemente de las relaciones entre “particulares”. También se rigen por el Derecho privado las relaciones entre particulares y el Estado cuando este actúa como como un particular.



División del derecho:

El desarrollo del derecho se ha clasificado en diferentes periodos que van desde la fundación de Roma hasta el Imperio del Justiniano; en cada uno de ellos hay rasgos particulares que los distinguen.

Dentro del derecho se distinguen grupos o conjuntos de normas que, por referirse a sectores, individualizados de la vida social y por apoyarse en unos principios comunes, los diferencian de otros grupos de normas.

Fueron los romanos aquellos talentosos del derecho, que con el jurista Ulpiano afirmaban: “derecho público es el que atañe a la organización de la cosa pública” y derecho privado, “el que concierne a la utilidad de los particulares”.

  • El derecho Público: Interesa a la Republica, el interés es por la sociedad, por todos.
  • El derecho Privado: Interesa a los particulares, prima en interés personal.

Sobre el empleo público a diferencia del sector privado en Costa Rica:

El empleo público se ha convertido en un tema polémico en Costa Rica, en posiciones que a veces han partido conceptos errados. Para contribuir con un debate sustentado, se creó una Comisión Interministerial sobre Empleo Público, compuesta por Presidencia, Hacienda y Planificación.

  • Según datos de la Contraloría, las remuneraciones en el sector público fueron de 4,7 billones en el 2014. Sin embargo, el 58% correspondió a entidades fuera del ámbito del Gobierno Central, como instituciones descentralizadas o empresas públicas no financieras. Muchas se financian con ingresos propios, mediante tarifas o bien por sistemas financieros.
  • Los salarios que se financian con el Presupuesto son los ministerios, el Poder Judicial, la Contraloría, la Defensoría y el TSE. Representan un 42% de los salarios del sector público. De este grupo, el 80% de las remuneraciones se concentran en el Ministerio de Educación, Seguridad Pública y el Poder Judicial.
  • Suele presentarse el error de comparar el promedio de remuneraciones públicas y privadas. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que según datos del Ministerio de Trabajo, alrededor de 28,2% de trabajadores del sector privado reciben menos del salario mínimo. Además, en el empleo público predominan los profesionales (75%), que en el sector privado solo llegan al 26%.
  • Para evitar comparaciones equivocadas, se deben cotejar salarios promedio en categorías ocupacionales similares. A nivel profesional se observan pocas diferencias entre Gobierno Central y sector privado, particularmente en gerentes, profesionales e intelectuales la relación es uno a uno. En el resto del sector público, estas categorías presentan un salario que supera en 24 y 27% el pago privado. En síntesis, no hay diferencia significativa.
  • El déficit se proyecta en alrededor de un 6,9% del PIB. Para reducir alrededor de un 1% del PIB, se requerirían alrededor de 20.228 plazas. Cerrando la mitad de los ministerios en su totalidad, apenas se alcanzaría una quinta parte de esa cifra. Para lograr una cantidad significativa, se tendría que recurrir a despidos de maestros, policías o empleados del Poder Judicial en gran escala.
  • Además, debe considerarse que los despidos masivos de trabajadores crearían un problema adicional para la economía, dado que afecta la dinámica de mercados inmobiliarios, créditos hipotecarios, transporte, comercio y  el sistema tributario. Esta experiencia se probó hace tres décadas con resultados negativos.
  • La partida de las horas extra representa solo un 0,43% dentro del total del presupuesto de remuneraciones. La reducción tiene que ver con una cultura de austeridad y de equidad. Y casi la mitad de esta partida (47%) corresponde al Poder Judicial, entidad que se rige bajo sus propios lineamientos salariales.

Algunas verdades sobre el sector público a tomar en cuenta:

  • Decisiones técnico políticas incrementaron significativamente la partida de remuneraciones en los últimos seis años

Entre 1985 y 1999, las remuneraciones se mantienen constantes alrededor de un 5% de la producción, pero luego se presenta una tendencia creciente, con dos saltos en los períodos 2000-2002 y 2008-2010. Entre 2000 y 2002, los salarios crecieron casi un punto porcentual; en esos años la tasa de variación de las plazas ocupadas aumentó por encima de los años previos. Y entre el 2007 y el 2010, se volvió a presentar un incremento de plazas ocupadas superior al promedio en el 2009, pero además varió la política salarial del percentil 50, ya que se determinó que había salarios poco atractivos en puestos profesionales, lo que generaba pérdida de experiencia y dificultad para contratar personal capacitado en Gobierno Central.

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