EL CONTROL DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

EL CONTROL DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

Introducción:

El fraude se lo puede definir como el abuso de los deberes legales o reglamentarios de un cargo público o privado con el propósito de obtener un beneficio personal o para un tercero. Generalmente, se considera como fraude la corrupción, malversación de activos y la elaboración de estados financieros fraudulentos.

Desarrollo:

Cualquier organización es susceptible de fraude, este acto trasciende organizaciones, fronteras y se encuentra en todo el mundo. La contaduría pública no está exenta de tener fraudes por parte de sus trabajadores, la contaduría pública es una profesión multidisciplinaria, dándole al contador público idoneidad para desempeñarse en diferentes roles desde ser auditor hasta llegar a ser gerente, el cual debe ser crítico y objetivo ya que de él depende que la información que se presenta, sea veraz y además que las decisiones que toma la alta gerencia sean las más convenientes y acordes a la realidad financiera de la compañía. (Cervantes, 2015)

El contador público puede realizar o no un fraude dependiendo de sus principios y valores que lo rigen, para llegar a efectuarlo debe preexistir cuatro razones: presión (necesidad económica), racionalización (justificación psicológica para cometer este tipo de actos), oportunidad (si el individuo percibe que existen altas probabilidades de ser descubierto, la posibilidad de cometerlo disminuye considerablemente) y capacidad (conocimientos técnicos suficientes).

Las compañías más vulnerables a las acciones fraudulentas son aquellas que presentan debilidades en su estructura de control interno, tienen una inadecuada masa salarial con procesos y procedimientos obsoletos que no guardan funcionalidad a la estructura de la empresa.

Conclusión:

Para evitar esta clase de ilícitos en las compañías se recomienda verificar, implantar y renovar periódicamente los controles antifraude; capacitar a todos los empleados en temas como los códigos de conducta y estándares éticos; compartir experiencias con otras instituciones y aprender de las experiencias negativas; denunciar a los defraudadores para sentar precedentes y tomar las medidas legales necesarias.

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