ENSAYO SOBRE EL AGRO EN COLOMBIA

La realidad del campo colombiano ha estado caracterizada por la alta concentración de la propiedad de la tierra, siendo esta una de las principales características de la estructura rural del país, para lograr una transformación a nivel nacional que permita la correcta tenencia de territorios, es necesaria la implementación de una reforma agraria que cuente con fundamentos sólidos a nivel legislativo que permitan la correcta ejecución de esta.

 Sobresalen en Colombia varios aspectos importantes que se han mantenido vigentes por varias décadas como consecuencia del control que pocos poseen sobre grandes extensiones de tierra, pues esta representa un elemento de riqueza para fines propios, y su acumulación provee de poder a su tenedor. Durante años en Colombia se ha fortalecido el latifundismo, siendo cada vez mas notorio el desequilibrio existente, beneficiando pocos y afectando muchos.

El control no solo de las tierras sino del poder que entrega a quien la posea, se convirtió con el tiempo en el deseo de importantes actores en la historia colombiana, dejando en medio un grupo que no cuenta con las herramientas necesarias para hacerle frente al conflicto. A comienzos del siglo XX el control territorial advierte lo que después será el origen de varios problemas presentes en la actualidad; terratenientes, grandes elites y agroindustrias emprenden una desmedida adquisición de terrenos, logrando así un desequilibrio en la posesión a nivel nacional, todo esto apoyado en el poder político y militar al cual tienen acceso; de igual manera e impulsados por la notable ganancia y desigualdad que se percibía en el manejo del territorio, emergen grupos al margen de la ley, que, justificados en sus ideales iniciaron una época de violencia, conflicto social y armado. Estos grupos en conjunto con los terratenientes en su disputa por el control de las tierras dejaron inmersos en este panorama comunicades indígenas, negras y campesinos, a quienes afecta directamente el desplazamiento interno forzado, pues esta violación de derechos humanos se presenta cuando estas personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de la situación de violencia generalizada por de conflicto, abandonando sus pertenencias y propiedades, pues estas con contaban inicialmente con el territorio necesario para desarrollar su modo de vida, y debido a esto emprenden por diferentes métodos, procesos de colonización, es decir, adaptación a través del trabajo de territorios que antes no habían sido aptos para actividades como la agricultura y el asentamiento de comunidades (Camargo, Prada. 2018), pero este proceso con el tiempo conllevo a que estas comunidades no tuvieran mas que su fuerza de trabajo y algunas mejoras aparentes en el territorio para demostrar su relación de pertenencia y apropiación de la tierra, así la situación al hacerle frente al estado Colombiano y que se les fuera reconocida la pertenecía de las tierras se encontraban con desventajas de orden legal que pudieran otorgarles títulos de propiedad, es así como estas comunidades son eventualmente desplazadas de los territorios, y estos espacios ocupados por grupos al margen de la ley, que se apropiaban de manera arbitraria del terreno, o por grandes elites que con ayuda de leyes establecidas desde el senado les permitía hacerse propietarios, muchas veces con ayudas económicas que el estado debía distribuir para el beneficio

de las personas que trabajan en el agro, situación que no se evidencia, pues a lo largo de la historia colombiana ha sido notable la estructura de poder desequilibrada que aporta beneficios a unas pocas familias.

Pese a todo, Colombia ha avanzado en el siglo XXI sin resolver de manera definitiva los problemas estructurales de su agro. Esto obstaculiza el acceso de los agricultores a los recursos productivos, con el consiguiente retraso del sector agrícola y ganadero en cuanto a su desarrollo. Durante varias décadas se han intentado culminar diversas reformas agrarias que siempre han resultado insuficientes, han estado mal dirigidas e incluso han sido inoperantes para el desarrollo del mercado de la tierra y la mejora de las condiciones de vida de los campesinos y los habitantes rurales. En Colombia se han probado tres reformas principalmente: la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961 y la Ley 60 de 1994, las dos primeras bajo el modelo ISI y la segunda ya entrada en el modelo de apertura económica (Roa, 2009), pero que a falta de acciones efectivas que beneficien la vida en el campo han terminado siendo ineficaces.

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