ENSAYO SOBRE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Puerto Ordaz, 28 de Abril de 2013

Colegio Universitario Monseñor de Talavera

Bachiller: Rivas, Maritza C.I. 15.570.289

V Semestre Educación Preescolar

ENSAYO

INTEGRACIÓN FAMILIAR, SOCIAL, Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La integración consiste en un proceso continuo y progresivo cuya finalidad es incorporar al individuo con necesidades especiales a la sociedad. Este proceso de integración comienza primero que todo, con la aceptación de traer a este mundo un niño con necesidades especiales y todos los retos y complicaciones que conlleva al grupo familiar.

La personas que presentan alguna discapacidad sufren diversas formas de discriminación, en muchos casos comienza desde el grupo familiar que lo alejan de la sociedad por sentirles lastima, negándoles así el derecho a la educación. Sin embargo, estamos conscientes que quizás por múltiples factores, ya sea económico, social y personal la educación especial no llega a todas las familias.

El Artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que “Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado con la participación solidaria de las familias y comunidad le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley”.

Pero lejos de lo que emana la Constitución está la realidad que viven estas personas, son contadas las Empresas e Instituciones en las que laboran trabajadores con alguna discapacidad, ya que los discriminan por su condición.

La leyes pintan algo que la realidad no refleja, pues es difícil observar en instituciones ya sean públicas o privadas personas que presente, algún tipo de diversidad funcional prestando sus servicios, a pesar que la LOPCYMAT estipula que “Los empleadores deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por ciento (5%) de personas con discapacidad permanente de su nómina total, es decir de cada 20 trabajadores que tenga un Órgano o Empresa 1 debe ser persona con discapacidad permanente”.

Es un hecho innegable que las personas con discapacidad son sujeto de derechos y deberes, libres de tomar sus propias decisiones, y de participar activamente en cualquier ámbito de la dinámica social.

No obstante, y a pesar de que en nuestro país existe un régimen jurídico que establece la obligatoriedad de Estado para la generación de condiciones y oportunidades que les permitan ser actores protagónicos de su propio futuro, aún se siguen evidenciando diversas formas de discriminación.

¿De qué vale las leyes

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