El Derecho Fundamental Al Agua En Colombia

El Derecho Fundamental al Agua

Desde el derecho ambiental y los servicios públicos domiciliarios

Sin lugar a duda Colombia alberga algunas de las riquezas naturales más grandes del mundo, “tiene más de 1.000 ríos permanentes, cuando todo el continente Africano no posee más de 60; el promedio de las precipitaciones anuales en el país es de 1.800 mililitros, cuando en el resto de naciones del planeta es de 900 mililitros; Colombia tiene el 60% de los páramos de la tierra, siendo el de Sumapaz el más grande del mundo con 266.250 hectáreas.” (ElUniversal.com.co, 2011). Sin embargo, en la actualidad el país ha demostrado un preocupante descenso en el ranking mundial de agua y notables modificaciones de los ecosistemas debido, entre otras cosas, a la escaza planificación alrededor de los recursos naturales disponibles en la zona caribe y andina, y a los fuertes impactos de las políticas macroeconómicas que han permitido la apropiación de extensas zonas para actividades agrícolas y forestales a gran escala y para minería y megaminería.

En este sentido, el texto que ha apoyado la inquietud sobre el tema del Derecho Fundamental al Agua, hace parte de la “Colección Precedentes” que es fruto de procesos de investigación de la Universidad del Rosario en asocio con la Editorial Legis. Su estructura se compone de dos elementos: Uno conceptual, que ofrece claridades frente a los conceptos que se involucran en las discusiones que sobre el tema se presentan (de carácter descriptivo). El otro jurisprudencial, que presenta los pronunciamientos de la altas cortes que han emitido desde el año 1992 y aclaran el panorama del Derecho Fundamental al Agua –DHA.

Los componentes de lo que se ha determinado como DHA, son la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad, las cuales deben ser aseguradas por el Estado, de manera tal que todos los ciudadanos puedan tener un ambiente protegido a largo plazo y un suministro de servicios públicos domiciliarios adecuado y permanente. La Corte Constitucional ha mantenido la posición de que “el agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación, pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público”, no obstante los autores consideran que una cosa es el derecho y otra la forma política o sistema normativo mediante el cual se satisface.

Por lo tanto, el derecho humano al agua es un derecho social fundamental mediante el cual el Estado debe realizar las acciones positivas necesarias para garantizar el acceso al agua para satisfacer necesidades básicas a aquellos que no estén en capacidad de hacerlo. Siendo así, su disfrute requiere de políticas públicas y normas acordes que permitan su ejercicio.

El texto tiene un doble enfoque, uno hacia los servicios públicos domiciliarios, los cuales están regulados por la ley 142 de 1994, y se definen como “aquellos cuyas prestaciones o facilidades son disfrutadas desde su domicilio por sus usuarios” y principalmente en el servicio de acueducto que se entiende según esta misma ley como “la distribución municipal de agua apta para el consumo humano” (Gómez, A & Rodríguez, G. 2013). El otro desde el derecho ambiental, el cual “busca regular el actuar humano alrededor de los elementos de la naturaleza, con el fin tanto de proteger, cuidar, conservar y recuperar sus condiciones

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