El Indefenso

Por Daniel Coronell

OPINIÓN

Los contribuyentes y miles de militares que autorizan descontar un porcentaje de su sueldo vienen pagando la defensa del presunto asesino de niños y confeso violador.

Sábado 12 Marzo 2011

Con tretas jurídicas están intentando que el subteniente Raúl Muñoz quede en libertad. Muñoz está imputado de la violación de dos niñas y del asesinato de una de ellas y de sus dos hermanitos. Los hechos sucedieron el año pasado en una vereda de Tame, Arauca. Los cargos de la Fiscalía señalan que el oficial del Ejército llegó hasta la casa campesina en la que vivían los niños y cometió el horrendo crimen.

Él no ha admitido el homicidio de los niños de 14, 9 y 6 años. En cambio, ha dicho que sí "tuvo relaciones" con la niña, pero alega que fue con su consentimiento. Lo mismo asegura de otra menor de la zona que denunció que también fue violada por el uniformado.

El Código Penal establece que no existe la figura del consentimiento cuando hay sexo entre un adulto y un niño. No puede haberlo, menos aún cuando el adulto ostenta autoridad.

Ninguno de estos hechos puede ser considerado un acto del servicio, sin embargo, la representación judicial del subteniente ha estado a cargo de la Defensoría Militar Integral (Demil), una entidad de cuya junta directiva hacen parte oficiales activos.

En los estatutos de Demil consta que en su junta estarán el jefe del Estado Mayor, el segundo comandante del Ejército, el inspector general y otros altos oficiales.

(Ver certificado)

La Defensoría Militar Integral Demil, según un concepto oficial, es una entidad de carácter privado. (Ver concepto). Sin embargo, funciona en instalaciones oficiales. En Bogotá tiene oficinas en una edificación militar, la Escuela de Ingenieros, en la zona conocida popularmente como el Batallón Baraya. (Ver documento)

La curiosa simbiosis de esa 'entidad privada' con el Ejército ha llegado tan lejos que -por ejemplo- en los planos oficiales para la construcción de los juzgados penales militares de la Brigada 17 quedó establecido que una parte de la instalación será para Demil. (Ver plano)

Esto quiere decir, ni más ni menos, que con plata pública se financia parcialmente a esa entidad privada. Otros fondos de Demil vienen de los sueldos de los militares afiliados que firman una autorización para que les descuenten, 'por nómina', el 0,95 de su salario. (Ver formulario)

De ese mismo formulario hace parte una especie de contrato que determina las condiciones bajo las cuales Demil prestará el servicio de asistencia jurídica a un militar.

El documento excluye expresamente los "delitos sexuales". (Ver exclusiones)

A pesar de todo, la representación judicial del subteniente Raúl Muñoz ha estado a cargo de los abogados de Demil. Es decir, la defensa del presunto asesino de niños, y confeso violador, la vienen pagando los contribuyentes y miles de militares que autorizan el descuento de un porcentaje de su sueldo.

Esto por sí solo sería suficientemente grave, pero, además, la defensa de Muñoz ha usado como táctica la dilación buscando que salga a la calle por vencimiento de términos.

Desde su captura, en noviembre del año pasado, el subteniente Muñoz ha tenido cuatro abogados. Cuatro defensores en cinco meses. Cada vez que un nuevo apoderado se hace cargo del caso, el proceso sufre demoras por la supuesta necesidad de conocer los detalles.

Una de las últimas defensoras se llama Paola Milena Pinzón Padilla. Una joven abogada que en su Facebook cuenta su vinculación con Demil. En uno de los documentos del proceso, la doctora Pinzón dejó como dirección de notificación la del Batallón de Ingenieros XVIII de Tame, Arauca. Como suplente inscribió a la abogada Patricia Lucía Díaz.

El 23 de febrero pasado, en plena audiencia preparatoria del juicio, Paola Milena sorpresivamente renunció a la defensa. Al día siguiente, el caso fue asumido por Patricia Lucía, quien pidió el vencimiento de términos y la consecuente libertad del subteniente Muñoz. Segundos después, y siguiendo el ejemplo de sus antecesores, renunció al caso y provocó así un nuevo aplazamiento.

La juez no aceptó el vencimiento, señaló que las demoras son solo atribuibles a la defensa y pidió que la Judicatura investigue a las abogadas y el papel de Demil en todo esto. (Audio)

¿Por qué los colombianos y los

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