El Problema De La Vivienda En Venezuela

En Venezuela el cálculo más conservador señala un déficit de más de dos millones de viviendas

La falta de vivienda es uno de los principales problemas que aqueja a los venezolanos y, en algunos casos, varias generaciones de familiares viven bajo un mismo techo o en improvisadas construcciones en terrenos vulnerables

Al menos 50% de la población de la capital Caracas vive en barrios pobres, situación que puede extrapolarse al resto del país, cuyas cifras de pobreza son parte de la disyuntiva y polarización entre el gobierno y la oposición

En Venezuela hacen falta 78 viviendas por cada 1.000 habitantes La lenta ejecución en la construcción de viviendas ha llevado a que el déficit habitacional en el país sea el más alto de la región latinoamericana

Gran Misión Vivienda Venezuela para resolver déficit habitacional

objetivo es “solucionar el drama de la vivienda, que sólo es posible en colectivo: una unión nacional del sector privado y público, la banca privada y la pública, los trabajadores, los empresarios honestos, los venezolanos y el mundo

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN VENEZUELA

La actuación del Gobierno en materia de vivienda no es ni por mucho un ejemplo de buena gestión. Se han construido menos del 50% de las necesidades anuales de nuevas viviendas, siendo directamente responsable de que más de 700.000 personas no cuenten con un techo decente. La paradoja es que con tantos planes y alborotos se han construido en promedio solo el 60% de las viviendas del año 1992, cuando se ejecutó un golpe de Estado que solo ha producido ruinas. Sin dejar de considerar además que la población ha crecido en más de 4 millones de habitantes.

El déficit de viviendas es dramático y supera las 2 o 2,5 millones de unidades, a lo que hay que añadir la necesidad de construir cada año un número cercano a 45 viviendas por cada 10.000 habitantes, es decir, unas 125.000 viviendas. Esta administración logra que cada año más de 65.000 venezolanos no cuenten con un techo, lo cual sería una proeza si fuese a propósito.

El gobierno con una incompetencia descomunal y preso de sus propias contradicciones no es capaz de encontrar vías para resolver este dramático problema y la verdad es que no se construyen suficientes viviendas por culpa del mismo. Lo limita la inestabilidad económica que promueven sus políticas, la inseguridad jurídica que pisotea día tras día, la inflación que encarece continuamente las obras, los costos de los préstamos y el desincentivo al ahorro que no permite lograr una base suficiente de recursos para financiar la actividad.

La situación de la vivienda está asimismo muy relacionada con la inseguridad. En entornos donde se malvive hacinado, sin servicios y teniendo que recorrer oscuros y peligrosos callejones en los que no entra la policía es casi imposible impedir la criminalidad. Así que ambos problemas pueden compartir al menos parcialmente una misma solución.

Con las alturas suficientes y dejando la mitad del suelo para calles, parques y respetando los grados de las pendiente se puede edificar en la misma superficie más de siete apartamentos por cada rancho previamente existente, es decir, con el suelo de unos 140.000 ranchos es posible construir más de un millón de apartamentos decentes, en un entorno adecuado y más seguro. Las estimaciones indican que para esto se requerirían unas 1.250 hectáreas, en las que se sustituirían mayoritariamente y de forma progresiva los ranchos por nuevas viviendas, sin requerir de expropiación alguna.

Construir un millón de viviendas, urbanizando y con el beneficio al promotor, puede requerir de unos 70.000 millones de dólares, una minucia comparado con lo que se ha regalado al exterior y lo que se ha perdido entre los dedos de algunas manos, sobre todo si se toma en cuenta que se resuelve totalmente el problema de vivienda a la clase más necesitadas. El pago puede reconocer un 10% o 15% por el aporte del suelo y la demolición del rancho. El resto podría ser pagado por el propietario a 30 años a un tipo de interés igual al que obtendría el Estado para financiar las obras, con una cuota que nunca podría superar un porcentaje del salario mínimo.

Es posible edificar un millón de viviendas adicionales en menos de 10 años a un costo final para el Estado de 10.000 millones de dólares, logrando un enorme impacto en la economía con la creación de miles de empleos. Un gobierno preocupado por el país eliminaría las barreras políticas y económicas que limitan la construcción de viviendas y comenzaría a desarrollar de una vez un plan como el propuesto en este artículo.

155 edificios continúan invadidos en Caracas

Foto Archivo

En los últimos nueve años, la toma ilegal de terrenos, casas, galpones y edificios se ha convertido en un negocio para los grupos organizados que se dedican a extorsionar, no solo a dueños sino también a ocupantes cobrando altas sumas de dinero por la propiedad Así lo explicó, Roberto Orta, director de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), al tiempo que señaló que tan solo en Caracas permanecen invadidos alrededor de 800 inmuebles, así lo publicó Diariolavoz.net.

Explicó que el modus operandi de las redes de invasión, es ocupar el la propiedad de “forma violenta, forzando cerraduras, muchas veces llegan armados y generalmente son hombres los que dicen ser líderes de la toma”. Destacó que incluso hay casos de funcionarios policiales involucrados en este delito, siendo un ejemplo emblemático el de la toma del edificio Cedíaz, en la Avenida Casanova de Sabana Grande, donde efectivos de la seguridad del Estado protagonizaron el asalto a la propiedad privada.

Empieza la extorsión

De igual forma, señaló que luego de instalarse en el terreno, casa o construcción, se inicia la segunda etapa de la invasión, que es llevar al lugar a mujeres, niños y ancianos a fin de dificultar el desalojo por parte de las autoridades. “Estos grupos cobardes, usan de barrera a las personas para darle a la toma ilegal un carácter social”, dijo el abogado.

Narró que luego de haberse perpetuado la toma es que comienza el negocio en sí. “El líder de la invasión le cobra a los ocupantes el ‘traspaso’ del inmueble. Por ejemplo, en el caso de un edificio se les pide un monto entre 50 mil y 200 mil bolívares por la posesión de un apartamento”. Otra de las modalidades en que operan los invasores para obtener beneficios económicos a costa de la tomas ilegales, es alquilar el inmueble a las familias que habitan en el lugar.

Cobran hasta condominios

Por su parte, Carlos Julio Rojas,

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