El Recurso del Estado para la Seguridad Interior del país

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Facultad de Derecho

Las Fuerzas Armadas

El Recurso del Estado para la Seguridad Interior del país

Profesor: Sabino Lozano Ceja

Alumno: Fidel Ramírez Vázquez

16 de diciembre del 2016

Introducción

El General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, declaró lo que ya se sabe dentro de la normativa jurídica: que el ejército no debe realizar labores policiacas. Sin embargo, no es el mensaje de replegar las tropas a los cuarteles y verse derrotados por el Crimen Organizado, ese que tiene en jaque a las Fuerzas Armadas. Es un cebo que sutilmente tira a los órganos legislativos para reformar la Constitución y soltarse las manos para actuar libremente. El chantaje de regresar a los cuarteles tiene un trasfondo perverso.

El terror que se avecina

El periodista e investigador, Julio Astilleros, en su columna del 13 de diciembre en la Jornada, hace un aporte sobre el tema y lo hace partiendo del supuesto de reformar el artículo 29 Constitucional, que pretenden modificar el grupo parlamentario del PRI, PAN Y PRD. Todo esto, para dar autonomía al Presidente de la República, en caso de guerra, disturbios sociales y demás acontecimientos que pusieran en peligro la seguridad interior. Lo que se conoce como estado de excepción, es la suspensión de garantías por tiempo limitado para que la fuerza pública controle a discreción el problema que surja.

La Ley de seguridad interna, propuesta por la bancada del PRI, y suscrita por el diputado Cesar Camacho Quiroz y la Diputada Martha Sofía Tamayo Morales, es un intento por crear un mecanismo que permita a las fuerzas del orden, principalmente a las Fuerzas Armadas, controlar a petición del ejecutivo, todo aquel fenómeno social o natural que ponga en peligro los intereses del Estado.

f) Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la Seguridad Nacional son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. (Ley de seguridad Interior propuesta por la bancada del PRI)

Entonces, la urgencia de los militares por regular su actuación, no es una simple declaración a los medios, aislada y visceral. Se ha instado al general Cienfuegos para que en base a las insignias que ostenta su autoridad, declare lo que la débil presidencia no se atreve. Solo así se entienden su retórica, que después de una década en combate frontal, ningún militar se atrevió antes a exponer.

No es casualidad. El gobierno está orquestando un plan para el control de masas en caso de contingencias, para eso, define los parámetros sobre los que oscila dicha Ley:

Artículo 7.-Son amenazas a la Seguridad Interior, siempre que superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, las siguientes:

1. Actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus  partes integrantes;
2. II. Presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico, tales como una emergencia ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes y a la infraestructura de carácter estratégico en áreas geográficas del país, y
3. Cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas del país.

(Ley de seguridad Interior propuesta por la bancada del PRI)

Es de suponerse que se ha hecho por parte del gobierno una radiografía de la situación actual del país y, un pronóstico a mediano plazo indica descontento social y resurgimiento de grupos radicales. Ese descontento, es una acumulación de diversos factores, la corrupción el mayor catalizador del hartazgo. No hay manera de revertir la opinión negativa de la sociedad a la clase política, aunado al incremento de la pobreza, desempleo e impunidad.

Antecedentes históricos

La suspensión de garantías fue un concepto acuñado por Roma con el nombre de Dictadura. Y que entre otras cosas, cedía en una sola persona, el poder para ejercer a voluntad y por tiempo definido el ejercicio de la fuerza para contrarrestar una situación extraordinaria.

“Históricamente, "dictadura" hace también referencia a la magistratura extraordinaria de la Antigua república romana, de donde cobra su origen. El Senado romano en casos de guerra o estados de emergencia dotaba a un hombre de poderes absolutos durante un periodo máximo de 6 meses sin que por ello quedase derogado el ordenamiento político y jurídico existente. De este modo hoy día es frecuente que se apele a una situación extraordinaria para legitimar la duración, normalmente vitalicia, de una dictadura (guerra, confrontación, peligro, crisis, etc.)”.

Como puede verse, es un recurso del que se valía el Estado para utilizar los medios necesarios, sin importar las garantías del ciudadano. Y eso es precisamente lo que se pretende en dicha Ley de Seguridad Interior presentada al Congreso para su aprobación.

El Estado frente a movimientos sociales y el papel de las Fuerzas Armadas

Desde hace décadas, las Fuerzas Armadas han sido utilizadas por el gobierno en turno para aplastar movimientos sociales,  reprimir voces disidentes y desaparecer personajes incomodos. Está documentado la ejecución sumaria de Estudiantes en 1968, el asesinato de líderes como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en el Estado de Guerrero, así como de presos políticos, como el ahora famoso Dr. Mireles, personaje que desafió públicamente al gobierno y cuyo liderazgo representaba un peligro por los alcances de su movimiento en todo el Estado de Michoacán.

Tampoco se debe olvidar la forma brutal en que fueron reprimidos los habitantes de Atenco en el Estado de México por policías Federales y del Estado. Los cuales, actuaron con total impunidad sin respeto absoluto a las garantías individuales, allanando domicilios sin órdenes judiciales, violaciones a mujeres por los agentes policiacos, tortura y demás actos que fueron minimizados por el gobierno y los medios televisivos.

El caso de más trascendencia es la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa,  en el Estado de Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre del 2014, donde un grupo de estudiantes fueron desaparecidos sin que se conozca hasta ahora su paradero. Llama la atención dicho caso por la marcada precisión con la que actuaron los perpetradores, pues no corresponde a las técnicas utilizadas por las bandas del crimen organizado. Se actuó rápido, coordinado, no se dejaron rastros, excepto el mensaje; uno contundente, dirigido a los que intenten vulnerar la seguridad Nacional.

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