El papel del Estado en un mundo globalizado: el caso de América Latina

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GEORGES COUFFIGNAL Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine - Paris

georges.couffignal@diplomatie.gouv.fr

Desde hace unos veinte años, el papel del Estado se ha convertido en un tema recurrente, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Es el caso de América Latina. Los años ochenta fueron los de la retirada del Estado. Las reformas estructurales impuestas por los organismos internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional, exigían que cesara la intervención directa del Estado en cuanto productor. Todos los países --cada uno a su ritmo-- tuvieron que privatizar primero las empresas públicas del sector productivo y, luego, gran cantidad de servicios. Algunos, como la Argentina, fueron más lejos y más de prisa que otros, como Brasil. Pero, en conjunto, la ola de privatizaciones ha sido mucho más potente en América Latina que en Europa. Las raras empresas que siguen en la órbita del Estado (PEMEX de México, CODELCO de Chile) son aquellas que aseguran a éste una parte esencial de sus recursos fiscales.

La retirada del Estado preconizaba también el abandono del tradicional papel de regulador de la economía, y ello en beneficio de un mercado que se suponía iba a volver a encontrar las virtudes mágicas (la mano invisible) que le atribuía Adam Smith. Una labor ideológica considerable fue llevada a cabo por la cruzada anti-estatal de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. No se discutía si un proyecto estaba o no justificado y, menos aún, la situación particular de cada país. Por principio, cualquier intervención del Estado en la economía era malsana. Toda retirada era, en principio, sana.

A estas consideraciones de política económica y de cómo debe actuar y estar organizado el Estado para que la economía de un país tenga éxito, se agregaron consideraciones sobre la disminución de sus posibilidades de acción en un mundo cada día más globalizado. Mucho se ha escrito sobre este tema, ya se trate del funcionamiento de la sociedad internacional (Badie, 1999; Salam, 1996) como de las mutaciones que conoce el mundo en la era de la información (Castells, 1996 y 1997). La desigualdad de los Estados sobre la escena internacional, el fortalecimiento de la idea del derecho de injerencia, los procesos integradores interestatales (Unión Europea, Mercosur, TLCAN), todo ello parece que favoreciera la restricción de las posibilidades de acción de los Estados. Éstas debieran limitarse a sus prerrogativas de soberanía: defensa, orden público y asuntos exteriores. Incluso la moneda parece que se les escapara, con la creación de una moneda común en los Estados europeos o el debate sobre la "dolarización" en América Latina (generalización del currency board argentino o adopción del dólar como moneda nacional en Ecuador y El Salvador).

Sin duda, la cuestión de la soberanía es de las más difíciles y de las más controvertidas. Realmente, ¿qué capacidad tiene hoy cada país para controlar su propio destino? De hecho, ningún Estado posee instrumentos suficientes para asegurar ese dominio. En la época de la interdependencia de las economías, de la mundialización de las comunicaciones, de la cada vez mayor movilidad de las personas y de la circulación de las ideas y los productos culturales, el tema de la soberanía sólo se mantiene en el terreno político por motivos ideológicos. A menudo sirve de estandarte político a formaciones nostálgicas del pasado, o extremistas, sobre todo de las derechas. La idea del Estado soberano quizás no sea obsoleta, pero es necesario "pensarla" de una manera diferente a la actual.

Siguiendo con el mismo orden de ideas, el concepto de Estado-nación, de formación más reciente desde una perspectiva histórica, no sería más pertinente hoy para entender la evolución de las sociedades. En efecto, el nuevo orden mundial que se vislumbra desde el final de la Guerra Fría se caracteriza por la explosión de los particularismos y las reivindicaciones infraestatales, ya tengan como fundamento una lengua, una religión, una etnia o simplemente un arraigamiento geográfico. Esta cuestión también se ha discutido bastante desde hace unos diez años, concretamente con ocasión de la proliferación de los conflictos interétnicos (en África, en Asia o en Europa Oriental) y el nacimiento de casi treinta nuevos Estados desde la caída del muro de Berlín. Si América Latina no ha conocido un fraccionamiento étnico, el tema de la identidad está también en juego de manera considerable en el debate político de numerosos países, sobre todo entre los países andinos y los de América Central donde, desde hace quince años, el incremento de la reivindicación del reconocimiento de la indianidad es espectacular (Villoro, 1998).

Frente a todos estos fenómenos, según algunos, el poder político estará reducido a "jugar a los médicos"; es decir, a intervenir cuando circunstancias excepcionales lo imponen (inundaciones, terremotos, huracanes y demás) o para luchar contra los males que gangrenan la sociedad (narcotráfico, corrupción o mafias).

Todas estas consideraciones tienen un fundamento. Hoy, el Estado no actúa y no puede actuar como antaño. ¿Significa ello que se trata de un objeto político en vías de marginalización, puesto que lo esencial transcurre fuera de su esfera y de su control?, como predican numerosos analistas, en particular norteamericanos (para quienes es verdad que el concepto mismo de Estado es a menudo desconocido). Nada es más erróneo. Es innegable que el Estado se encuentra en una fase de profunda transformación, de pérdida de poder económico, de puesta en duda de su manera tradicional de intervenir. Pero transformación no significa necesariamente marginalización. Varios signos lo demuestran.

Después de las crisis monetarias mexicana (1994-1995), asiática, rusa y brasileña (1998-1999), los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) comenzaron a cuestionar la lógica del "Estado mínimo", que ellos mismos abanderaron y promovieron durante más de diez años. La necesidad de mecanismos para reducir los riesgos que estas crisis produjeron sobre los equilibrios económicos mundiales se hace cada día más presente.

Algunos sostienen la necesidad de crear impuestos sobre los flujos de capitales ("tasa Tobin"), otros insisten en la necesaria concertación de los Estados para controlar estos fenómenos, muchos piensan que es necesario dotar a los Estados de instrumentos de intervención para así amortiguar los efectos de estas bruscas fugas de capitales. De manera más general, se pide al Estado

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