El problema de la falta de seguridad en el nivel de los países de Аmérica Latina

DIAGNÓSTICO Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Diagnóstico y Planteamiento del Problema

El problema de la inseguridad se aborda desde diversas perspectivas puesto que las causas van más allá de una simple etiología social y no debe asumirse sólo como la ocurrencia de un determinado delito en un lugar específico de las ciudades, en virtud que puede ser generado por factores externos (economía, política, falta de oportunidades de estudio y empleo, marginalidad, etc.) o internos (valores sociales, composición familiar, etc.).

Muchas veces al referirnos a la inseguridad hablamos de delitos, pero en su concepción más amplia, la inseguridad es también el temor latente del ciudadano, originado por ejemplo, en la sensación que le produce tanto la impunidad ante el delito, como la falta de solidaridad de la población para combatirlo. Igualmente, es la sensación de intranquilidad que producen lugares en donde el desaseo, la falta y el deterioro del espacio público, el ruido, la indigencia, la agresión verbal y el crimen, se conjugan como si nada ni nadie pudiera poner fin a su existencia.

En Latinoamérica la inseguridad encuentra un nicho propicio en las condiciones sociales de iniquidad, corrupción, impunidad e injusticia imperantes. El sentimiento de frustración ante la falta de espacios de realización plena del individuo, la desigualdad en el acceso a una mejor calidad de vida, la desconfianza de los individuos en los órganos de seguridad legales y la carencia de mecanismos comunitarios de apoyo para que los miembros puedan hallar espacios de solución pacífica de conflictos, llevan a crear un ambiente en que los miembros buscan sus propios mecanismos de defensa.

Esta realidad se observa en el incremento paulatino de las estadísticas de inseguridad a nivel de Latinoamérica. En el año 2003, el indicador de seguridad de América Latina descendió al 20% (Centro de Consultoría -III Barómetro Iberoamericano), esto se debe, Según Bayley (2004), a que "una de las características centrales de la práctica policial latinoamericana es que ésta se ha centrado más en las necesidades y demandas del gobierno, que en aquellas provenientes del público en general" (Pág. 39).

Contexto que acompañado por la falta de efectividad y transparencia en las tareas cotidianas de prevención del crimen y la participación de policías en actividades delictivas, por conformar bandas de delincuentes y por realizar "limpiezas sociales" -- que hacen referencia al asesinato selectivo de delincuentes, prostitutas, mendigos y dementes en distintas ciudades- (Camacho y Guzmán 1990; Amnesty International 1994), han generado que los ciudadanos y ciudadanas no se sientan satisfechos con las instituciones policiales, escenario que se traduce en mayor nivel de inseguridad y un divorcio marcado entre la policía y la población.

En medio de este ambiente, los Estados a través de los medios legítimos deben garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. Ellos deben revisar y en algunos casos actualizar los instrumentos legales que les permitan enfrentar legítimamente cualquier alteración de la tranquilidad de los ciudadanos, todo esto enmarcado en una política integral de seguridad y convivencia.

En Venezuela a través del proceso de transformación que se vive, se ha enfatizado en la integración Policía- Comunidad, según Torrealba (2007), como "un binomio para hacer frente al auge delictivo y propiciar un escenario para la inversión social y económica, que conduzca al desarrollo del País y conlleve a elevar el nivel de vida de sus habitantes".

Transformación que se vuelve un reto, tanto para la policía como para las comunidades, puesto que la integración consiste, para la policía, en introducir cambios organizacionales que permitan atender adecuadamente tanto las necesidades y demandas del público en general, hacia la creación de mecanismos que incentiven una mayor participación ciudadana en asuntos de policía y un mejor control civil del ejercicio policial, así como aquellas provenientes de un Estado, como el venezolano, amenazado por la fractura política y una violencia en aumento. Mientras que para las comunidades, la integración con la policía significa apoyar y respaldar la acción policiva, a través de denuncias, solidaridad, participación, corresponsabilidad e inversión comunal.

Dentro de este orden de ideas, el desafío planteado para las instituciones policiales, según Demars (2005) "es el de lograr los cambios paradigmáticos, de tal manera que puedan hacer más eficiente la prestación del servicio de administración de justicia policial y fortalecer espacios de conciliación en las comunidades" (Pág. 15).

Según se ha mencionado, de esta realidad no escapa el estado Portuguesa, donde la Policía como institución encargada de controlar la inseguridad pública en la Jurisdicción del estado, se ha esforzado por diseñar políticas efectivas y eficientes para contrarrestar el auge delictivo. Pero debido a la complejidad de causas que generan los hechos delictivos, estas estrategias han sido insuficientes.

Por lo tanto se sugiere, la creación de estrategias donde las comunidades afectadas sean las participes de la acción preventiva, donde actúen como parte de una innovadora estructura cívico-policial que comprometa a los ciudadanos a colaborar con la policía para robustecer su propia seguridad, junto a la integración de la comunidad en el desarrollo de proyectos cívicos, culturales, deportivos, educativos, ecológicos y de salud.

De esta situación no escapa el Barrio la Enrriquera del Municipio Guanare del estado Portuguesa, donde es constante la acción delictual, registrándose robos a mano armada, arrebatones, hurto y robo, de vehículos y residencias, lesiones personales, esto aunado a la venta clandestina de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Una muestra de la realidad existente, es el control estadístico llevado por la Policía del estado Portuguesa, donde se destaca el incremento gradual año a año de los delitos en esta comunidad, en el que se paso de dos (02) delitos semanales en el año 2006 a seis (06) delitos semanales en el año 2007, destacándose el homicidio, el robo y las lesiones personales con el setenta y cinco por ciento (75%) de los delitos más comunes.

Son diversas las causas que generan el flagelo de la inseguridad, por un lado la falta de políticas gubernamentales serias para afrontar problemas sociales, como desempleo, deserción escolar, impunidad, deterioro familiar, y por el otro la falta de protagonismo de instituciones no gubernamentales (asociaciones de vecinos, consejos comunales, mesas técnicas de seguridad, escuelas de iniciación deportiva, entes privados) que también operan como agencias socializadoras,

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