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Actores sociales: se hace referencia a grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la sociedad y que por iniciativa propia, lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia social. Estos actores pueden ser: organizaciones sociales de base, sindicatos, movimientos, partidos políticos, iglesias, gremios, instituciones de gobierno, agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales, entre otras.

Responsabilidad social: obligación moral, compromiso con la solución de las problemáticas que afectan a la comunidad. El papel que cada uno de nosotros, nuestras empresas y nuestra familia juega en la construcción de la sociedad en la que queremos vivir.

La intención de la responsabilidad social empresarial es también respaldada, paradójicamente, por las autoridades públicas nacionales e internacionales. Paradójicamente, en efecto, porque esta estrategia reta al papel regulador y de arbitraje del Estado, las autoridades públicas.

Sería apropiado analizar cuidadosamente estos, no siempre muy precisos, conceptos desde la perspectiva de sus promotores y sus usuarios, para medir sus efectos en los instrumentos nacionales e internacionales (sectoriales y multisectoriales), en los instrumentos que establecen las normatividad (social y de derechos laborales), en el futuro de estos derechos legislativos y contractuales, y en el contenido de las políticas sociales.

Esta estrategia le concierne muy directamente a todos los actores sociales y particularmente a los sindicatos y a sus prácticas.

Los actores en presencia dependen básicamente del tipo de actividad de la empresa y del área geográfica donde desarrolla su actividad, de modo que cada empresa tiene un conjunto determinado de partes interesadas con las que tendrá que contar para su gestión responsable.

Desde un punto de vista general, la RSE tiene como protagonistas, por un lado, a las empresas, independientemente de su tamaño, así como a todas las organizaciones y asociaciones económicas o financieras, públicas o privadas, lucrativas o no lucrativas.

Las Administraciones Públicas deberían integrar los principios de responsabilidad en sus propios sistemas de gestión y en las relaciones con terceros.

Asimismo, las Administraciones deben combinar los acuerdos, tanto en el marco del diálogo social como en el desarrollo de consensos de bases más amplias que implican a otros actores sociales, con las obligaciones normativas y medidas legislativas de regulación de la actividad económica. Así, y de acuerdo con la legislación comunitaria en materia de contratación pública, en el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público se han recogido cláusulas de naturaleza social y ambiental, como la creación de empleo, la contratación de 45 personas con especiales dificultades de inserción laboral o los compromisos medioambientales

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