El sistema de seguridad social en Сhile

INTRODUCCION

Chile fue un país pionero en torno a la seguridad social de sus trabajadores. Ya en los primeros años del siglo XX, primer gobierno de Alessandri, nuestro país ya contaba con la aprobación de las llamadas Leyes Sociales. Estas se enmarcaban en el modelo alemán diseñado por Bismarck a fines del siglo inmediatamente anterior. Estas constituían en la práctica, la construcción de seguros sociales, agrupados profesionalmente.

En 1935, estos cubrían a más del 50% de la fuerza de trabajo. Estos avances fueron consolidándose con el correr de los años, así la cobertura previsional se amplió a distintos sectores económicos y regionales, alcanzándose una cobertura superior al 70% de la fuerza de trabajo en 1965 (Arellano, 1985).

En una primera etapa, que finalizó a mediados del siglo pasado, se logró afiliar a la mayor parte de los trabajadores dependientes a cajas de previsión de carácter semipúblico que cubrieron una gama cada vez más amplia de prestaciones. Junto a tres cajas de previsión principales para el sector civil –obreros, empleados particulares, empleados públicos civiles– y dos para los funcionarios del orden castrense y policial, se crearon un importante número de cajas para atender a pequeños sectores con mayor poder de presión, que lograron cuadros de beneficios relativamente mejores a los de su profesión de origen. Asimismo, en las cajas principales se crearon, paralelamente a los regímenes generales, sub-regímenes preferentes para algunos sectores. Es así como al término de los años sesenta, el sistema chileno contaba con 35 cajas de previsión y 150 regímenes previsionales distintos. La normativa aplicable para todos ellos estaba dispersa en más de 600 cuerpos legales. En una segunda etapa, a partir de la década del sesenta hasta fines de los setenta, el Estado respondió a las orientaciones de universalizar la seguridad social, asociado al Plan Beveridge. Los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende encaminaron sus esfuerzos en la aprobación de reformas para uniformar la multiplicidad de regímenes y sanear los problemas financieros que los aquejaban. Este éxito fue parcial, puesto que ni Frei ni Allende lograron los consensos necesarios para emprender estas reformas.

La última etapa de este largo proceso de seguridad social culminó, y existe hasta el día de hoy, con la aprobación del Decreto Ley 3.500, el que estableció un sistema de pensiones financiado mediante la capitalización individual y administrada por el sector privado.

Este sistema en el último tiempo ha sido duramente criticado por amplios sectores de la sociedad, debido principalmente a las bajas pensiones otorgadas y al enriquecimiento de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

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