Ensayo De Ayotzinapa

AYOTZINAPA, EL NOMBRE DEL TERROR

El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, hace dos meses en la ciudad de Iguala, en el suroeste de México, sacudió a un país anestesiado por la violencia cotidiana. La masacre, condensa el poder oscuro de la narco máquina, expone como pocas veces las relaciones entre el Estado y el crimen organizado y desnuda la soberbia de un gobierno nacional que se creyó capaz de gestionar el horror sin salpicarse.

Cuando la ola de indignación empezó a crecer en México a raíz del ataque a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado, recordé con nitidez aquella pancarta: si no estás enojado, es que no estás prestando atención. Ese 26 de septiembre, por la noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala. Allí, la esposa del alcalde José Luis Abarca daría su informe de gobierno. La policía reprimió a los estudiantes. Hubo bala, muertos, heridos y desaparecidos. Los policías municipales detenidos dijeron que los más de 40 estudiantes desaparecidos habían sido entregados por ellos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Dijeron también los Guerreros Unidos habían prendido fuego a los estudiantes y los habían enterrado en varias fosas.

Una de las hipótesis es que los señores del narco en colaboración con las autoridades locales, policías y un presidente municipal –que milita en las filas del Partido de la Revolución Democrática– vinculado a los Guerreros Unidos, no están dispuestos a tolerar otro grupo armado en la región, es decir el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), una guerrilla que dicen, recluta sus cuadros en las Normales. Así, dice la hipótesis, el ataque, asesinato y desaparición de los normalistas es un “mensaje” del narco-estado a la guerrilla.

El saldo de “Ayotzinapa”, no hay un mejor modo de nombrar hoy el horror, es de: 6 muertos (uno de ellos, desollado), 5 heridos de gravedad (dos al borde de la muerte) y la desaparición forzada de 43 estudiantes; una presidencia terriblemente cuestionada ya no solo por los mexicanos, sino además por la comunidad internacional y algunos de esos elefantiásicos organismos –como la ONU- que se han pronunciado con fuerza sobre el “caso” y el saldo sigue creciendo y creciendo, sin control, sin que aparezca un gesto o algo que medianamente se vislumbre como estrategia de contención, ya no digamos de voluntad política de esclarecer y aplicar la justicia.

Este brutal acontecimiento parece haber sacudido de raíz la indiferente convivencia con la muerte violenta que se ha paseado en estos territorios con carta de ciudadanía. Un huracán de rabia y desconcierto recorre la geografía de sur a norte, mareas humanas formadas principalmente por jóvenes estudiantes han caminado las calles de decenas de ciudades del país y, en muchos casos, tanto algunos corresponsales extranjeros como muchos ciudadanos, abren los ojos sin aliento, como si estuvieran frente a hechos que parecen inéditos, pero no, no lo son. Aunque inédita sea la cruda y aterradora evidencia del grado de descomposición en las estructuras del Estado, que no puede ya esconder en ningún boletín de prensa, en ninguna declaración, pose, o lamentación que la narco política capitalista controla buena parte del paisaje nacional. Pero quizás lo más relevante de Ayotzinapa, es que ha obligado a México a prestar atención.

Se prestó poca atención a las fosas clandestinas que fueron convirtiéndose en noticia cotidiana, 69 cuerpos en una, 15 en otra, 11 en una más; como si se tratara de accidentes geográficos, esas heridas en la tierra, pasaron a formar parte de un vocabulario que instauró el horror como normalidad. Los daños colaterales: en esas fosas hay cadáveres, muertos, calcinados, no personas. Y el espanto aumenta cuando sabemos que muchos de ellos no serán jamás identificados, porque en este país que no presta atención, no hay protocolos para reconocimiento de ADN, adecuados, porque aunque hay una guerra, los gobiernos en turno no la reconocen, por sus costos políticos. Desde el 2007 y sólo en tres estados, Tamaulipas, Guerrero y Jalisco, 460 cuerpos han sido “recuperados” de estas fosas, vertederos secretos de ese poder oscuro, que “levanta” (secuestra) personas, enemigos o no, a plena luz del día y con ese mismo poder, los desaparece. Hemos llegado a tanto que el Procurador General de la República, el priista Jesús Murillo Karam, salió a decir, casi aliviado, que los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas “descubiertas” en Iguala (la ciudad donde se produjo el último ataque a los normalistas y donde fueron detenidos por la policía municipal un número no determinado de estudiantes, entre los que se encuentran los 43 desaparecidos), no correspondían a los de los normalistas, ¿alivio? Quiénes son entonces esas 28 personas, desde cuándo están ahí, por qué?. Las preguntas se atragantan. No se prestó atención a la cifra escalofriante que indicaba que tan solo en 2012 habían fallecido 20.658 jóvenes por causas violentas. La muerte por agresión para hombres y mujeres alcanzó en ese año el 44.1%, 16.298 vidas jóvenes cegadas por las violencias directas que azotan este país. Estos datos a los que se sumaban otros, muchos datos terribles que se fueron acumulando desde 2006, deberían haber bastado para declarar un estado de emergencia nacional. Pero no fue así. En estos días terribles, ha dicho Javier Sicilia, el poeta que dejó de serlo por el dolor que lo atravesó sin aviso, cuando su hijo fue ejecutado, que “el PRI creyó que podría administrar el infierno”. Nada más cierto.

Si la administración de Felipe Calderón (PAN) desató con absoluta irresponsabilidad el infierno, la administración de Enrique Peña Nieto (PRI) apostó al silencio, al amordazamiento, a la soberbia imperdonable de creerse capaces de gestionar el horror, sin salpicarse. Quizás por la necesidad de no hacer el recuento cotidiano de los muertos y los desaparecidos, quizás por una necesidad de cerrar los ojos, muchas y muchos ciudadanos pensaron que la desaparición del tema de la violencia de las páginas de los principales diarios del país, de las televisoras y noticieros radiofónicos, significaban un avance en la “guerra contra el narco”. No hacer olas. Pero despertamos y la violencia y el poder oscuro de la narco máquina, esa articulación terrible entre los poderes propietarios (políticos, económicos, delincuenciales), seguía ahí. La evidente relación del presidente municipal de extracción perredista, José Luis Abarca Velázquez, con el crimen organizado, la participación de las policías municipales, la indiferencia del Ejército, cuando los estudiantes pidieron ayuda, nos han obligado a prestar atención.

Pasaron

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