Ensayo de Deber, derecho y moral

Deber, derecho y moral

Como se encuentra desarrollado en el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es considerado un “Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria (…), democrática”, por consiguiente el Gobierno o la administración, deberán crear herramientas y mecanismos que permitan garantizar los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos de forma efectiva; de igual forma deberá velar por la activa participación de estos en las decisiones que puedan afectarlos directa o indirectamente, mediante los distintos mecanismos de participación desarrolladas en la Carta Política (el voto, la consulta popular, el referendo, el plebiscito, entre otras). No obstante el concepto de ciudadanía encierra bastantes aspectos, tanto sociales como políticos, económicos y socioculturales; por lo cual es posible afirmar que todo ciudadano podrá ser considerado un sujeto de derechos y deberes, pero no todo sujeto podrá ser considerado un ciudadano. Para tener un claro desarrollo de este aspecto, es necesario acudir a la definición dada por Rousseau, quien parte de la propiedad privada para definir la función social y económica de los individuos, para el autor esta institución fomenta sentimientos de egoísmo y maldad, en la medida en que, promueve intereses individuales que buscan ser defendidos a toda costa, es entonces, en la búsqueda del poder y protección de un derecho que se considera ya constituido, cuando surge un conflicto entre dos sujetos, en donde uno de estos altera la esfera de libertad y voluntad de otro, generando un desequilibrio social, y la configuración de una posición de dominio.

Ahora bien, como mecanismo de solución ante la desigualdad y lucha por el poder entre dos sujetos, Rousseau propone la creación de un acuerdo o tratado, que recibe el nombre de Contrato Social, mediante esta institución, el autor buscaba erradicar el individualismo, el desequilibrio en las relaciones sociales y la ardua búsqueda del poder, pues como objeto, esta figura pretendía promover la justicia y el bien común, dado que la soberanía deja de residir en una persona y se traslada al conjunto de la comunidad política, encargada (la comunidad política) de legitimar la acción de la administración y del gobierno. Por consiguiente, toda persona o sujeto que acepte las condiciones establecidas en el contrato social de derecho, y promueva el bien común por encima del individual, podrá ser considerado un ciudadano y como consecuencia sujeto de derechos y obligaciones.

No obstante, en la actualidad, este acuerdo de voluntades entre el gobierno y los gobernados, o también llamados ciudadanos se encuentra en entredicho, a causa de las acciones y conductas ejercidas por las fuerzas al margen de la ley, o también llamadas fuerzas armadas revolucionarias, estas organizaciones armadas son consideradas agrupaciones terroristas, fundadas a los finales de los años 50’ con la finalidad de reafirmar la autoridad del llamado Frente Nacional, este grupo subversivo genera gran influencia en los problemas políticos, económicos y sociales del país, pues al ser los principales autores del conflicto armado colombiano, ilegitiman la soberanía sobre la cual fue constiuido el contrato social y en consecuencia el Estado Social de Derecho. Estos grupos armados promueven el narcotráfico, actividades ilícitas y los actos terroristas al interior del país, afectando así la esfera de voluntad y libertad de los ciudadanos, al igual que la legitimidad y la confianza que depositan estos en el Estado Colombiano, pues ante los ataques terroristas y crímenes de lesa humanidad, se vulneran innumerables derechos, lo que inhabilita al gobierno para ejercer su labor de garante a plenitud.

Sin embargo, ante este problema social, económico y político presente en el país, la administración ha optado por la creación de un mecanismo de resolución que de fin a la problemática que viven cada una de las víctimas directas o indirectas del conflicto armado, esta  herramienta de reparación integral recibe el nombre de justicia transicional, la cual tiene por objeto ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad, y así pues hacer justicia y retornar a la normalidad democrática; este instrumento se encuentra compuesto de procesos penales, de depuración y reparación que tienen lugar después de la transición de un régimen político a otro. De igual forma se han promovido diálogos y acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el fin de cesar el fuego bilateral, y exponer los puntos de discrepancia entre las partes integradoras del conflicto, pues sólo a través del diálogo y el uso de mecanismos y herramientas éticas, es posible dar por terminado el enfrentamiento entre las fuerzas armadas y los grupos subversivos al interior del país, así mismo se pretende llegar a puntos de equilibrio entre las condiciones políticas y judiciales a las que deberán ser sometidos los miembros integradores de estas comunidades, para disminuir los altos indices de impunidad a los que se han visto sometidas las víctimas del conflicto.

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