Ensayo sobre la política y democracia peruana

Cuarta Entrega

Geraldine García - Amy Checcllo

INTRODUCCIÓN

El Perú ha avanzado mucho a lo largo de su historia, en el ámbito económico, político y social. Sin embargo, todavía queda mucho del pasado del cual no se ha desprendido: estructuras, jerarquías, prejuicios y un modelo centralista que sigue dividiendo a su propio pueblo. Es por ello que muchos de los pueblos indígenas continúan teniendo problemas para que sus derechos sean considerados plenamente, lo que trae como consecuencia un desarrollo limitado de la democracia.

Por otro lado, si bien la democracia es definida como un sistema político que permite la participación efectiva de los diversos grupos que componen la sociedad, a través de representantes libremente elegidos, en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos (Regalado, 2010); en el país es entendida como sinónimo de elecciones y poco o nada tiene que ver con los derechos de los ciudadanos en la política (Montoya, 1986). Como resultado, existe una reducida atención sobre el desbalance en la representatividad política que tienen los ciudadanos dependiendo de la etnia a la que pertenecen, lo que incapacita el  correcto desarrollo de una democracia por parte del Estado.

En este sentido, el presente ensayo busca analizar  la capacidad del Estado para dar respuesta a las demandas de los grupos étnicos y explicar el impacto que ha tenido el manejo del mismo sobre la diversidad étnica en el desarrollo de la democracia en el Perú.

La pregunta de investigación es la siguiente: ¿Hasta qué punto el manejo que ha tenido el Estado sobre la diversidad étnica ha obstruido el desarrollo de la democracia en el Perú?

Con la finalidad de responder a la pregunta de investigación, el presente ensayo desarrollará la idea de que el Estado peruano ha llevado a cabo ciertas políticas a favor de los diversos grupos étnicos, sin embargo, no han sido suficientes para producir una mejora progresiva de la democracia en el Perú (Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, 2013).  De manera que para explicarlo el escrito se dividirá en tres secciones en las que se desarrollarán escenarios en los que las medidas tomadas por el Estado sobre los grupos étnicos no han tenido el impacto positivo esperado con la problemática.

Participación y representación política indígena

El concepto de democracia está basado en la toma de decisiones mediante la participación directa o indirecta de todos los ciudadanos. Se espera que una participación efectiva ofrezca oportunidades a todos los miembros de la comunidad para dar a conocer  sus puntos de vista sobre la política, con el fin de que no exista un grupo pequeño que determine las políticas públicas, mientras que otro grupo no sea escuchado o, incluso, pueda terminar afectado por la ejecución de estas (Dahl, 1999).

En el Perú, a pesar de que se han firmado ciertos convenios y tratados a favor de las comunidades indígenas, no se ha logrado crear ámbitos de participación adecuados para que estos puedan tener una representación efectiva en la toma de decisiones del Estado. Entre los instrumentos legales internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas están incluidos el Convenio N°169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y  la Declaración de la OEA sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, donde se reconoce la necesidad de una consulta previa a las comunidades indígenas y la participación de estas en los proyectos nacionales (Camero, 2018).

El artículo 6 del Convenio N°169 de la OIT establece que los gobiernos deberán hacer una consulta previa mediante instituciones representativas antes de llevar a cabo proyectos, medidas legislativas y administrativas que puedan afectarlos como Pueblos Indígenas. Además, se deben establecer medios adecuados de comunicación para que los pueblos interesados puedan participar. Adicionalmente, el artículo 7 del Convenio fomenta la participación de los pueblos indígenas ya que tienen el derecho de decidir sus propias prioridades de desarrollo y a participar en los planes regionales y nacionales (Congreso Constituyente Democrático, 1994).

A partir de esto, el Estado peruano ha incorporado políticas con el fin de aumentar la participación de grupos con menor presencia política, como mujeres, indígenas y jóvenes, en los espacios de representación formal. Una de estas medidas es la cuota nativa que ha sido ejecutada por el Estado con el fin de asegurar un número de posiciones de representación política, a nivel regional y municipal, de la población indígena. Establece que por lo menos el 15 por ciento de candidatos en las listas electorales tienen que ser indígenas en el caso de ser lugares donde exista población indígena (Del Águila, 2012). Sin embargo, la ejecución de esta se vió afectada debido a que no se conocía la proporción demográfica que representaban dado que en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 no incorporó el componente étnico (Chuecas, 2007). Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de 2007, el 15% de miembros de comunidades indígenas mayores de 18 años no tenían DNI, por lo que no podían ejercer el sufragio ni ser elegidos (Espinosa, 2012).

Si bien esta medida favoreció al incremento de listas indígenas, especialmente a nivel distrital, no necesariamente significó un mayor número de gobiernos encabezados por indígenas y, en algunos casos, no respondían a una representación indígena (Chuecas, 2007). Por lo que los pueblos indígenas todavía se encontraban en una situación de desventaja y vulnerabilidad política. Otro punto es que, a falta de un partido político que siga un movimiento indígena sólido y estructurado, los candidatos indígenas se veían forzados a aliarse con partidos políticos que no tienen interés en promover la causa indígena y no priorizan la agenda indígena (Chuecas, 2007). Además, los partidos políticos invitan a ciertos líderes indígenas siempre y cuando ellos podrían pagar por su campaña, por lo que no era fácil obtener un puesto en las listas (Paredes, 2015).

De esta manera, los electores indígenas repartían sus votos entre los candidatos indígenas sin tomar en consideración los lugares que ocupan ni los planes de gobierno o ideología del partido al que pertenecían (Espinoza, 2012). En conclusión, las posibilidades de una participación indígena colectiva, representativa y auténtica disminuyen.

Uno de los gobiernos que trajo grandes expectativas sobre el proceso de descentralización e inclusión de las poblaciones indígenas, andinas y amazónicas fue el de Alejandro Toledo, ya que estos temas se encontraban entre las prioridades de la agenda nacional. Unas de las acciones por las que se le reconoció fueron la intención de acelerar la promulgación de la Declaración Americana de Derechos Indígenas en la OEA, y la instalación de un grupo de trabajo en la Comunidad Andina de Naciones para los derechos de los pueblos indígenas con participación de representantes indígenas (Congreso de la República, 2010). Sin embargo, no se llegó a formular una política pública oficial para los pueblos indígenas, ni se continuaron con los esfuerzos del Plan de acción para los temas prioritarios de las Comunidades Nativas, aprobado por Paniagua, que tenía propuestas ligadas a la educación y salud intercultural, además de la construcción de condiciones de paz y seguridad para las comunidades nativas, asegurar la participación de los pueblos indígenas en el manejo y en los beneficios de las áreas naturales protegidas (Congreso de la República, 2010).

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