Es la hora de proponer

Para una política publica deben involucrarse los tres niveles de gobierno, la PCM, cada uno de los Ministerios sectoriales y demás instituciones de alcance nacional especializadas en conflictos como la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Esquematizar el diseño de una política pública no puede ser rígido sino flexible, siendo una de las técnicas más utilizadas el análisis por ciclos o etapas.

De tal forma una política pública implica tres etapas esenciales:

Definición del problema; que presupone la existencia de un problema, pero que no nacen de la nada sino son fruto de una construcción social, siendo la diferencia entre la situación actual y la situación que se desea. Esta definición va a delimitar el tipo de respuesta o solución propuesta y es la fase esencial para todo el desarrollo posterior del mismo.

Formulación o diseño de la política pública; definido el problema y en función de este se diseña o construye el programa de acción político-administrativo, seleccionando objetivos, instrumentos, y procesos que deberán ejecutarse o ponerse en práctica para pasar de la situación actual a la situación deseable. 

En esta fase que determinan las funciones o facultades que la componen y la definición de los actores que la política involucra en la solución del problema. Es decir, implica la definición del modelo causal, de las soluciones propuestas, y el proceso de evaluación entre las posibles soluciones y los medios con que se cuenta.

Finalmente, viene la fase de desarrollo, ejecución y evaluación, que significa la aplicación en la realidad de las soluciones seleccionadas, las acciones de los agentes administrativos e instituciones involucradas, que luego deberá determinar los efectos de estas acciones y la evaluación de la eficacia y eficiencia de estos efectos respecto a la solución del problema planteado o la situación deseable a la que se quería llegar. 

En dicho sentido, para estas tres fases debe haber distintos agentes o actores involucrados. Para el caso especifico de una política pública en la gestión de los conflictos sociales, la definición del problema debe estar a cargo de una base amplia de representatividad de todos los posibles agentes a quienes afectará está política. Por ello no puede realizarse solamente a través de una norma con rango de ley elaborada por el Legislativo o Ejecutivo, sino que tiene que ser fruto de dialogo de todos estos agentes.

En tal sentido, la definición del problema se puede dar en espacios de intercambio de ideas múltiples y plurales en donde por ejemplo para el caso peruano sería el Acuerdo Nacional que sería el espacio idóneo para definir el problema respecto a los conflictos sociales. 

Una propuesta legislativa sin este análisis lo único que genera es la implementación de mecanismos para suprimir los efectos de crisis de conflictos pero que no va de la mano con la real gestión del conflicto. Y eso, es lo que ha venido pasando, en tanto, el reiterado uso del vocablo dialogo, solo ha servido o orientado a una suerte de etapa de pre negociación o parte de una negociación ante el conflicto, desnaturalizando su fin esencial que es el ejercicio de la acción comunicativa como derecho fundamental para producir o transformar nuevo conocimiento.

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