Estado Democrático Social de Derecho y Justicia

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz

Programa Nacional de Formación: Ingeniería en Procesamiento y Distribución de Alimentos

Unidad Curricular: Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía

La Fría, Estado Táchira

Estado Democrático Social de Derecho y Justicia

Autor

Luz Pernía

C.I: 18.0.46.144

Julio, 2021

Introducción

En 1999, en Venezuela, se lanzó un llamamiento para el establecimiento de la Asamblea Constituyente con el objetivo de transformar el estado y crear un nuevo orden jurídico. Como resultado de este proceso constitucional el pueblo venezolano, por primera vez en la historia creó sus propios textos básicos basados ​​en el estado de derecho, la justicia democrática y la justicia social.

 Este modelo constitucional es político, económico, cultural, social e internacional, plasmado en valores como la justicia, la igualdad, la solidaridad y la superioridad de los derechos humanos. Se trata de estudiar el modelo de organización democrática que existía hasta el momento.

Del preámbulo constitucional se deduce que el Estado Democrático y Social está destinado a fomentar la consolidación de la solidaridad social, la paz, el bien común, la convivencia, el aseguramiento de la igualdad, sin discriminación ni subordinación.

En concordancia con este planteamiento, sufraga el Estado de Derecho y de Justicia, que viene a constituirse como aquel que está encauzado por la legalidad, lo cual se enlaza con el principio de supremacía constitucional del artículo 7, que establece: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico”.

No obstante, el Estado de Derecho y de Justicia apunta a reforzar la protección constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición de debilidad; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea perniciosa para otros.

Estado Democrático Social de Derecho y Justicia

Venezuela es reconocida como una nación democrática y social comprometida con su existencia con el privilegio de conferir los derechos humanos como un derecho fundamental caracterizado por la universalidad de quienes lo detentan. Su propósito es prometer, crear, mantener y hacer realidad estos derechos para satisfacer las necesidades de los habitantes y lograr el tan esperado bienestar general. Para asegurar este gran propósito, las democracias, apoyadas por organizaciones políticas nacionales, comienzan con el ejercicio de la soberanía a través de la democracia directa y participativa y se basan en el principio básico de asegurar la verdadera participación. Agencia del gobierno. Quién protege estos derechos

Desde este punto de vista, el estado es un vehículo dominante de cambio social y sus acciones deben ser lo más predecibles posible para beneficiar a la población. De lo contrario, conduciría a la injusticia y la inconstitucionalidad. Para ello, los estados democráticos y sociales deben intervenir protegiendo la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas. Significa también buscar la armonía entre clases, evitar que la clase dominante abuse u oprima a grupos sociales pertenecientes a otras clases, obstaculizando su desarrollo y provocando que caigan en la pobreza. A un objeto que ha sido explotado y no tiene potencial de crecimiento. En definitiva, significa luchar contra la desigualdad social, política y económica.

Del preámbulo de la Constitución se desprende que los estados democráticos y sociales tienen el deber de promover mayores garantías de solidaridad social, paz, interés público, convivencia e igualdad, sin discriminación ni dependencia. Por eso, además de establecer una lógica y una legislación para entender y garantizar estos derechos, hasta que cumplan con su función de educación, protección, apoyo y cooperación con los ciudadanos violados, es necesario ir mucho más allá. derechos humanos.

No obstante, en el país, el estado de derecho y la justicia apuntan a fortalecer la protección constitucional contra las personas o grupos que se sienten vulnerables a otras fuerzas sociales o económicas. Y de cara al fuerte, es su deber asegurarse de que su libertad no dañe a otros. Por lo tanto, Venezuela es un estado que cumple con la ley. La idea de esta ley es que los principios de libertad e igualdad tienen valor y se realizan efectivamente en la vida social.

Por lo tanto, el derecho y las normas judiciales venezolanas tienden a articular los principios de protección judicial efectiva y acceso a la justicia. Este derecho está claramente consagrado en la Constitución y en el artículo 26 de la siguiente manera: "Toda persona tiene derecho a acceder al poder judicial para ejercer sus derechos e intereses, a ser protegida efectivamente y acceder al poder judicial". El Estado es libre y determinado en consecuencia. Sistema judicial de fácil acceso, objetivo, adecuado, transparente, autónomo, independiente, responsable, justo y rápido, sin dilaciones indebidas, sin debido proceso, garantía ordinaria o inexistente sin las alternativas necesarias., el memorando de entendimiento pretende garantizar los derechos humanos procesales efectivos.

Estado Democrático

El Estado Democrático está definido como “el gobierno de las mayorías, el gobierno del pueblo y para el pueblo”. Este sistema permite la participación del pueblo en la esfera de gobierno, generalmente por medio del sufragio y del control sobre la toma de decisiones de sus representantes.

Todas las democracias deben respetar los principios de la soberanía popular, que están reñidos con la monarquía y el sistema Caudillo. Una mayoría de votos establece que el sufragio es la forma más eficaz de resolver disputas.

En las democracias, todos los representantes políticos o partidos que participan en el derecho al voto deben seguir las mismas reglas y respetar el resultado para representar la voluntad de la mayoría de los que tienen derecho electoral.

Estado de Derecho

El Estado de Derecho es un concepto de teoría política, jurídica y moral que sostiene que toda autoridad gubernamental solo podrá ser ejecutada siguiendo leyes escritas, que deben haber sido adoptadas mediante un procedimiento establecido, el mismo está sometido al imperio de la ley, significa que está sujeto a controles judiciales independientes.

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