Golpe de estado en Venezuela

El Día 11 de abril de 2002 ocurrió un golpe de estado en Venezuela que vino precedido por varios meses de relaciones tensas entre el entonces Presidente Chávez y los empresarios reunidos en fedecamaras y otras organizaciones, esto debido a desacuerdos en los diálogos llevados a cabo por ambos sectores y acciones que fueron generando en cascada un descontento en la oligarquía reinante; estos hechos se pueden resumir de la siguiente forma.

Desde la elaboración de la nueva constitución en 1999 Carmona Estanga muestra su descontento por lo que considera la falta de dialogo del gobierno con los empresarios, según su parecer los que más irritó a los empresarios fue la eliminación del carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas, la eliminación del congreso bicameral, el fortalecimiento del presidencialismo, la extensión del periodo presidencial a 6 años con la posibilidad de reelección inmediata, la pérdida del equilibrio entre los Poderes Públicos, un capítulo de derechos indígenas desproporcionado a la realidad venezolana, y la reafirmación de una orientación estatista e intervencionista, lo que según él limitaría las libertades individuales y económicas.

Se crea entonces una mesa de diálogo entre Fedecámaras y el gobierno, este último representado por Jorge Giordani, ministro de Planificación pero las reuniones no trajeron resultados, el gobierno siguió elaborando las polémicas 49 leyes sin compartir su contenido con Fedecámaras o su equivalente agraria, Fedenaga, lo que en la opinión de los opositores, violaba los artículos 206 y 211 de la Constitución. El 13 de noviembre, Chávez decreta 49 leyes amparándose en la Ley Habilitante que le fue otorgada por la Asamblea Nacional en noviembre del año anterior, un día antes de que su poder especial expire. Aparecen entonces la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Pesca, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley General de Puertos, etc., pero la más polémica es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; bajo esta última ley, el gobierno venezolano ganaba la potestad de tomar tierras privadas si sobrepasaban cierto tamaño y eran catalogadas como latifundios, o si consideraba que estaban siendo explotadas por debajo de su potencial.

Carmona Estanga suspende entonces el diálogo con el gobierno y convoca a una asamblea extraordinaria el 28 de noviembre; en la fecha propone entonces que el 10 de diciembre se realice un paro nacional de doce horas, y logra el apoyo mayoritario de la cúpula empresarial, aunque resalta el rechazo de Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria. Se suma a Fedecámaras la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la principal central sindical; su Secretario General, Carlos Ortega, estaba fortalecido después de derrotar en elecciones al candidato oficialista, Aristóbulo Istúriz.

La situación económica se va deteriorando rápidamente en Venezuela, a inicios de febrero de 2002 las reservas internacionales han caído a 10 mil millones de dólares; una semana después Chávez recorta el gasto público en un 22%, y luego del anuncio el Bolívar se devalúa en un 20%; Chávez también destituye al presidente de PDVSA, Guaicaipuro Lameda Montero, un militar quien se había vuelto crítico de la Ley de Hidrocarburos, su sucesor, Gastón Parra Luzardo, es un economista cercano a Chávez. La nómina ejecutiva de PDVSA se muestra molesta ante esta decisión, ya que en su opinión el nuevo Presidente no conoce la industria, y además se ha violentado una larga tradición meritocrática. A la crisis política y económica se suma entonces el factor militar; el 7 de febrero, el diario El Nacional organiza un foro sobre la democracia, después de que Carmona concluyera su participación, un coronel de la Aviación, Pedro Luis Soto, toma el micrófono de manera sorpresiva y hace un llamado a las Fuerzas Armadas para que salven la democracia, que en su opinión está siendo amenazada por Chávez, poco después, otro coronel de la Aviación, Silvino Bustillos, denunció que los militares estaban siendo usados para hacer proselitismo político a favor de Chávez en las "Megaelecciones", y que había mucho descontento por esto; ambos oficiales fueron dados de baja de inmediato para la sorpresa de Bustillos, quien alegó que solamente le había tomado la palabra al Presidente, quien hace poco había pedido a los militares que mostrasen públicamente su descontento al gobierno, en caso de que existiese. Al pronunciamiento de Soto se suman entonces otros oficiales; destacan el contralmirante Carlos Molina Tamayo, el general Román Gómez Ruiz y el teniente coronel Hugo Sánchez; que si bien no llaman a derrocar al Presidente, sí piden un cambio en su política o que en su defecto renuncie.

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