Jóvenes en conflicto penal en el marco del proceso de paz, justicia transicional y los principales retos de Colombia en esta década.

Jóvenes en conflicto penal en el marco del proceso de paz, justicia transicional y los principales retos de Colombia en esta década.

Por Tomas Alberto Herrera Vengoechea.

“El reto último y principal de la justicia transicional es la reconstrucción de las relaciones de confianza entre el Estado y sus ciudadanos. Esto sólo será factible a través de una adecuada atención a las cuatro ramas mencionadas: justicia, verdad, reforma y reparación” Paul Seils (S.F)

En la actualidad hay un incremento alarmante de jóvenes que violan la ley por distintas razones, según el Consejo Superior de la Judicatura, al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que hace parte de la Ley 1080 del 2006, en el 2009 entraron 3.600 jóvenes entre 14 y 18 años, un 15% más que en el 2008. En el país, desde que entró en vigencia el Código, se han hecho 101.690 audiencias de control y se han sancionado 12.943 adolescentes. En Bogotá, hasta este año, se han juzgado 3.507 Catalina Ávila Reyes (2010) . los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley penal cada día son más debido a la corta edad a la que comienzan a delinquir y dependiendo de la inimputabilidad que pueda o no establecer cada país. Estamos hablando de jóvenes que no deberían estar en este tipo de conflictos penales y  que constituyen un gran problema en el seno de la sociedad deteriorándola muchas veces a causa de sus carencias psicoafectivas, de ser victimizados por sus propias familias o de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley así como también  la privación  de oportunidades  y  de la falta garantía en el cumplimiento de sus derechos fundamentales, para que ellos logren cumplir con sus autorrealizaciones y contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad teniendo en cuenta  que ellos son la base de esta misma y son el mañana de nuestro mundo, un mañana que al paso en que nos movemos es incierto, en el cual estos niños y jóvenes son los protagonistas y a su vez las victimas más perjudicadas de nuestros días.

"Dejemos marcas en los niños y niñas, marcas no de golpes o de agresiones verbales, que afectan    psicológicamente la vida del menor, no, dejemos marcas que permanezcan en la mente de los niños durante toda la vida, ellos no olvidarán cuando compartes juegos, deportes, viajes, gustos, espacios, actividades, fechas especiales, promesas cumplidas, etc. Estas huellas se imprimen en ellos de por vida y servirán como anécdotas que contarán y replicarán cuando esos niños crezcan y formen familia y se hagan padres también". Coronel Mauricio Martínez (2015).

Cabe resaltar que el Sistema Penal para los infractores menores de 18 años ha tenido un gran avance teniendo en cuenta que anteriormente, en el siglo XIX el tratamiento para los menores infractores de la ley no era diferente al que se le aplicaba a los adultos y no atendía a las condiciones especiales que presentan los niños, niñas y adolescentes permitiendo así concluir que la categoría de "niño" como sujeto del derecho no existía en esa época. En1920 se crea una jurisdicción especializada que aunque le reconoce a los niños una protección especial, aun no son vistos ni tenidos en cuenta como sujetos de derechos. El código del menor expedido por el decreto 2737 de 1989 le dio al menor una categoría de inimputable, alegando que no tenía capacidad de entender su conducta o acto ilícito debido a su inmadurez psicológica lo que propicio como consecuencia que la sentencia dictada por el juez fuera de única instancia y que su causa estuviere fundada en medidas de seguridad. Con la ley 1098 de 2006 los niños tienen un sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA)  en el cual este sector poblacional será reconocido como sujeto de derecho y será objeto de protección, siendo sometidos a procedimientos similares a los de los adultos pero teniendo en cuenta su situación especial como menores, siendo juzgados por un juez delegado para la infancia y la adolescencia y teniendo en cuenta que ya no se hablara de medidas de seguridad sino de una sanción que, aunque afectan de manera directa los derechos de estos menores, serán de un carácter pedagógico, con fines restaurativos y educativos que buscan proteger y reintegrar a estos jóvenes a la sociedad.

En Colombia para nadie es un secreto que hay menores implicados en delitos gravísimos tales como son el asesinato, las violaciones, robos y conflicto armado. Es menester para mí, dadas la situación coyuntural hablar de los menores que violan la ley en el marco del conflicto armado y debemos entender que del “menor delincuente” al “adolescente en conflicto con la ley responsable penalmente” se ha debido recorrer un verdadero camino conceptual, Alejandro Bonasso (S.F) Este camino entre menor delincuente y adolescente en conflicto a mi parecer muchas veces no lo recorren solos los menores sino que son inducidos a eso circunstancialmente. En los últimos años las cifras de reclutamiento de menores son alarmantes.

Debemos tener en cuenta muchos factores, el joven seguirá siendo sujeto de derechos aunque haya violado en repetidas ocasiones la ley penal y siendo reconocido como responsable penal de algún delito, es menor de edad por lo cual se deben respetar y dar un trato especial y el último recurso que se usaría seria internarlos en una institución social que en palabras de Erving Goffman (1961) sería una institución total que estaría organizada para proteger a la comunidad contra quienes constituyen institucionalmente un peligro para ellas.

Los menores en los cuales se enfoca este trabajo son aquellos pertenecientes a las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA(FARC), que en el marco de la justicia transicional la cual podemos definir como "aquella que abarca la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación". ^[1] 

  El termino de justicia transicional se utiliza para encerrar un conjunto de procesos de naturaleza judicial o de otro orden que se llevan a cabo en sociedades en transición hacia la democracia con el fin de reconciliar y hacer justicia sobre faltas graves a los derechos humanos ocurridas en el marco anterior, favoreciendo así una paz estable y duradera. La gama de acciones posibles es amplio y no excluyente, teniendo en cuenta que cada sociedad es libre de elegir de qué forma debe tratarse los sucesos ocurridos. La evolución del concepto y los casos más recientes muestran que, con frecuencia, es necesario realizar una combinación de acciones.

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