LA EFECTIVIDAD DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMA TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES

LA EFECTIVIDAD DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMA TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES

La Ley tiene por objeto proteger los derechos e intereses de las timas, testigos y demás sujetos procesales, así como regular las medidas de protección, en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento. Así mismo establece la competencia para la aplicación dela presente Ley limitándola al Ministerio Público y los tribunales respectivos. Estas tienen el deber de instrumentar todo tipo de medidas para el cumplimiento de la misma. Las medidas podrán ser informales, administrativas, judiciales y de cualquier otro carácter en procura de garantizar los derechos de las personas protegidas. Los aspectos principales que fundamentan y enmarcan la protección de testigos en nuestro país se pueden representar de la siguiente manera: La Ley de Protección de Víctima, Testigos y Demás sujetos procesales.

Establece en su artículo 1, como objeto de la norma ³«proteger los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, así como regular las medidas de protección, en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimientos´. Por su parte la norma adjetiva procesal penal, tutela, reconoce y garantiza, a través de su amplio recorrido los derechos de la víctima. Así, en su artículo 23, del Título Preliminar, relativo a los Principios y Garantías, establece el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia y además reconoce que la protección de la víctima y la reparación del daño son también objetivos del proceso penal. Igualmente se exhorta a todo funcionario a tramitar de forma diligente y oportuna las denuncias de las víctimas, so pena de incurrir en responsabilidades y hacerse acreedor de las sanciones que la ley asigne. Asimismo, tales derechos se encuentran ampliamente definidos en los artículos 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del Código Orgánico Procesal Penal.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 29, 30, 50, 51 y 55, reconoce los derechos de las víctimas y el Estado asume el compromiso de proteger y garantizar sus derechos a través de sus distintos órganos. En el mismo orden de ideas, los testigos desempeñan un papel esencial en el enjuiciamiento de los delincuentes, porque de su cooperación con las autoridades suele depender el éxito de las actuaciones penales. Si bien algunos testigos son personas inocentes que relatan lo que vieron durante una investigación o juicio, otros son delincuentes que testifican contra otros acusados a cambio de una sentencia más benévola. Más allá de quiénes son y por qué cooperan, los testigos son vulnerables a la intimidación y las represalias. Por lo tanto, deberían dictarse leyes y establecerse mecanismos para apoyarlos y protegerlos; de lo contrario, se debilitarán la seguridad de las personas y el sistema de justicia penal. La protección de los testigos es una cuestión amplia que requiere una variedad de respuestas, incluida la asistencia a las víctimas y los testigos, la seguridad en los tribunales, la protección en el corto plazo y los programas de protección de testigos. Otra respuesta, que se está poniendo en práctica en un número cada vez mayor de jurisdicciones, consiste en eximir a los testigos de declarar en los tribunales y permitirles que lo hagan mediante el uso de tecnología de comunicaciones, como las video conferencias. Todas estas medidas cumplen objetivos diferentes, requieren recursos y conocimientos especializados diferentes e implican riesgos diferentes. Apoyar y proteger a los testigos es una tarea de particular importancia en los casos relacionados con la delincuencia organizada, en los que resulta difícil identificar y enjuiciar a los delincuentes y en los que las personas que participan de las actuaciones penales suelen recibir amenazas. La naturaleza de la delincuencia organizada constituye un problema adicional que exige la cooperación para que las actividades de protección de testigos sean eficaces. La Convención de las Naciones Unidas contrala Delincuencia Organizada Transnacional provee un marco para esta cooperación y obliga jurídicamente a los Estados partes a proteger a las personas que testifican. Los gobiernos podrían hacerlo, por ejemplo, firmando acuerdos recíprocos para admitir a ciudadanos extranjeros en programas de protección de testigos y promover la asistencia judicial recíproca. El intercambio de prácticas óptimas referidas al apoyo y la protección delos testigos en los ámbitos legislativos, del ministerio público y de aplicación de la ley también podría servir para ayudar a crear programas de protección de testigos o a fortalecerlos. Cuando se habla de protección de testigos en Venezuela debemos hacer referencia no sólo a aquellos delitos de mayor gravedad, como los de terrorismo o los provenientes del crimen organizado, sino que es necesario referirse también a los delitos comunes o convencionales que afectan bienes jurídicos

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