LA JUSTICIA EN SU ENCRUCIJADA

LA JUSTICIA EN SU ENCRUCIGADA

El concepto de justicia tiene su origen en el término latino iustitĭa, teniendo así la concepción que la civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas; hace referencia al Poder Judicial y a la pena o castigo público. De esta forma, cuando la sociedad “pide justicia” frente a un crimen, lo que hace es pedir al Estado que garantice que el crimen sea juzgado y castigado con la pena que se merece de acuerdo a la ley vigente, es una valor determinado como bien común por la sociedad.

Colombia es un estado social de derecho, una democrática, por tal razón debe tener una justicia, fuerte, organizada, confiable y respetable, conformada por funcionarios llenos de virtudes, impolutos, estudiosos en su rama, independientes y blindados a cualquier clase de corrupción, deben ser la reserva moral del estado.

Los conflictos violentos que han marcado la historia de los últimos 50 años han buscado ser sometidos a la justicia transicional, siendo así que en Colombia no han sido superado dichos conflictos armados, y no se podría hablar de una justicia ¨tradicional¨ sin embargo es como una respuesta para afrontar el sigilo de crímenes de guerra y lesa humanidad, como forma de luchar contra la impunidad y además para garantizar los derechos que tienen las personas a defenderse y recibir una compensación por los daños causados; síes clave que se apliquen los mismos principios que garanticen los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de crímenes. Esto es, la creación de una estrategia específicamente dirigida a poder desarrollar una consecución de la paz en las regiones donde se han dado tales conflictos.

Los procesos de justicia transicional han sufrido una evolución a lo largo de los tiempos. En principio era justicia de excepción, que era una justicia política, donde se producían resultados ya previstos y por esto no se respetaban principios de derecho como el debido proceso. En cambio en la clandestinidad de los actuales procesos no son ciertos los resultados judiciales y es muy importante el respeto a los principios de garantía del Estado de Derecho. Gracias a la creciente influencia global en el ámbito local, los procesos de justicia transicional tienen que aceptar y cumplir lo dispuesto en los principios del Derecho Internacional, y no es raro que un proceso de justicia transicional se lleve a cabo tanto a nivel nacional como en las instancias internacionales, no obstantes la buena intención que procede de la construcción de una justicia transicional para ayudar a las sociedades en conflicto en dar un paso hacia la civilización el problema que enfrenta la justicia transicional responde a la necesidad de ¨colaboración y transparencia¨ por parte de las partes implicadas en especial en cuanto a hacer una balance y reflexión sobre los delitos cometidos; de manera notable es el hierro impuesto en Colombia por el administrador del estado y los veladores del debido proceso como lo es la fiscalía ya que este nos retrocede en el tiempo llevándonos a una justicia de excepción viendo las decisión y acciones tomadas a dedo y no con un debido juicio.

Es de vital importancia para los fines de este ensayo el anotar que el artículo 2 de nuestra Carta Magna contiene lo que se tiene comúnmente en el mundo jurídico como la cláusula general de responsabilidad del Estado, toda vez que establece que las autoridades de la republica están constituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.

No hay duda que delitos como el hurto, atraco, extorsión, narcotráfico, micrográfico, son el día a día en Colombia. Estos delitos dejaron de ser comunes en las calles de la ciudad para convertirse en delitos de alto impacto. La delincuencia común, fue remplazada por bandas delincuenciales organizadas y grupos armados contra el mismo estado.

Además el hacinamiento en las cárceles un caos, debido a los grandes hacinamientos que tenemos llevándolas a la corrupción de algunos funcionarios, impide o dificulta un acertado control por parte de las autoridades carcelarias, facilitando e incrementando la comisión de delitos desde las cárceles de la ciudad.

La percepción de inseguridad, la falta de credibilidad en la correcta acción del estado, los trámites engorrosos al momento de instaurar una denuncia, el temor a represarías por parte de los delincuentes, la salida casi inmediata de muchos delincuentes una vez procesados, la falta de resultados y otros factores de tipo legal y social, conllevan que la ciudadanía no denuncie. Y las bandas delincuenciales así como lambien los grupos armados se fortalezcan.

Falencias en los controles preventivos, las normas, planes y programas por parte del gobierno nacional y las autoridades, no permiten la prevención de hechos violentos y una acción oportuna por parte de las autoridades.

Los planes y programas del gobierno, son valorados a través de datos estadísticos, pero ante la falta de denuncias, el seguimiento de los procesos jurídicos que se sigue en contra de los delincuentes o terroristas, aplicación de acciones preventivas y correctivas, no reflejan los resultados reales de la situación y tan anunciada reducción del índice delincuencial no se ve reflejado en el país.

La importancia que reviste para la sociedad en general, que el Estado debería garantizar la aplicación de una recta y cumplida Justicia, a través de su sistema de justicia en un Estado Social de Derecho tiene que garantizar a cualquier ciudadano, independientemente de su condición

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