La Justicia

La Cautela o Medida Cautelar Innominada Justificación y Tramite

Inicialmente podemos decir que la medida cautelar innominada, parece ser uno de los avances más importantes del C.G.P, frente a eficacia de las decisiones judiciales y los mecanismos para promoverla, es así como desde la misma exposición de motivos de la ley que dio origen al nuevo código se hizo mención expresa de ello, en los siguientes términos:

“ VI. Sobre La Eficacia De Las Decisiones: Se aumentan las medidas cautelares en los procesos de conocimiento. Además del registro de la demanda ya tradicional, se consagra el registro de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad contractual o extracontractual. El juez la puede negar si la considera improcedente, innecesaria o desproporcionada. En otras palabras, se debe tener en cuenta el “fumus boni juris” o apariencia de buen derecho. Además, no siendo la administración de justicia instantánea hay peligro de mora judicial y exigiéndose caución la medida resulta razonable.

Se consagra además, la llamada medida cautelar innominada.”

Así mismo es importante resaltar que la medida cautelar innominada fue regulada por el artículo 590 del código general del proceso (ley 1564 de 2012), prescribiendo un trámite estricto y claro para su aplicación, en el que al estudiarlo encontramos las siguientes características y exigencias:

1. La medida cautelar únicamente procede a petición del demandante.

2. La medida cautelar puede ser decretada desde la presentación de la demanda.

3. Es el Juez quien determina qué medida cautelar debe decretar, bajo criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta principalmente:

- El objeto del litigio

- Impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma.

- Prevenir daños y/o hacer cesar los que se hubieren causado.

- Asegurar la efectividad de la pretensión.

4. Se le impone el deber al Juez de apreciar la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho, antes de decretar la medida cautelar.

5. También se le impone al juez el deber de valorar la apariencia de buen derecho, la necesidad, la efectividad y la proporcionalidad de la medida antes de decretarla.

6. Se le da la libertad al Juez de decretar una medida cautelar menos gravosa o diferente de la solicitada si lo estimare procedente.

7. Se obliga al juez establecer el alcance y la duración de la medida.

8. Se faculta al Juez para posponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

9. Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir

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