La Nueva Gestión Publica

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

El fenómeno de la Nueva Gestión Pública (NGP), también reconocido como New Public Management (NPM) se ha reconocido como un proceso de transformación e innovación a nivel global que busca implementación en el Estado como ente de cambio y mejora de las administraciones públicas, teniendo mayor auge a partir de los años setenta en países industrializados entre los que destacan Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, donde se marcó un inicio de dicha tendencia.

La NGP surge ante la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas del “cliente”, ante la constante demanda de mejora en los servicios y crítica de la lentitud, costos excesivos, ignorancia de las necesidades de la población, la corrupción, la mala calidad y el derroche de los recursos financieros y humanos.

Ante el sustento de funcionalidad de este método de manejo en los países antes mencionados es importante preguntarse la razón de la utilidad de este método en el manejo de los recursos públicos y cómo esto ha impactado el gobierno mexicano a través del tiempo desde su “implementación” en el gobierno del presidente Salinas de Gortari.

Cabe mencionar en primer lugar que, la nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de los servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que, por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana1.

Es a partir de las carencias observadas en el sector público que se comienza a dar apertura al sector privado, realizando reestructuraciones orientadas a la eliminación de la burocracia y a la adopción de procesos más racionales1; junto con ello se introduce un sistema que permite el control y la evaluación de los servicios otorgados verificando el cumplimiento óptimo de los mismos y el nivel de bienestar generado en la sociedad.

La comprensión completa de esta nueva manera de trabajo es posible a través de la evaluación de sus componentes:

1. Cambio hacia la desagregación de las unidades del sector público2:

Que de manera sencilla se entiende como evitar el monopolio burocrático; mediante el aumento de la competencia en el desarrollo de los servicios públicos, privatización o contratación externa para reducir el gasto; mayor información sobre la vitalidad de las alternativas de los servicios públicos ofertadas en bases competitivas y de acuerdo con costes comparados; controles más estrictos sobre la burocracia1.

De cierta manera abre el campo de elección del consumidor y permite una elección más informada, con mayor evidencia de costo-beneficio y, por ende, mayor satisfacción en el producto obtenido.

1. Hincapié en una mayor disciplina y ahorro en el uso de los recursos:

Mediante la reducción de los costos directos elevando la disciplina laboral, resistiendo las demandas sindicales y limitando los “costos de cumplimiento” para los negocios2, lo cual surge ante la necesidad de fijar límites a la demanda de recursos del sector público y “hacer más con menos”.

1. “Gestión profesional activa” en el sector público:

Control discrecional activo y visible de las organizaciones por parte de ciudadanos en puestos altos, con “libertad para dirigir”. Surge ante la idea de que la rendición de cuentas requiere un claro sentido de la responsabilidad de las acciones2.

1. Estándares y mediciones explícitos del desempeño:

Con lo cual se fijan metas de manera clara, objetivos, indicadores de resultados por medio de análisis cuantitativos y críticos, ya que el desconocimiento de estos elementos impide el logro de la eficiencia.

1. Cambio hacia mayor competencia en el sector público:

Pasar a contratos de plazo fijos y a procedimientos de licitación públicos con el fin de generar mejores costos y mejores niveles con la implementación de rivalidad entre los prestadores de servicios.

1. Énfasis en control de resultados:

Asignación de recursos y recompensas vinculados con la evaluación del desempeño por medio de valoraciones objetivas y con bases cuantitativas medibles por medio de la opinión del cliente en cuestión, lo que a su vez permite exigir responsabilidades.

1. Hincapié en las prácticas administrativas del sector privado:

Generar un aumento en la flexibilidad de la contratación y gratificación, mayor uso de técnicas de relaciones públicas, que surge de la necesidad de usar en el sector público herramientas “probadas” en el sector privado.

En términos generales se puede decir que cada uno de los puntos mencionados encaminan hacia “un gobierno que cueste menos y que trabaje mejor” (Gore, 1993).

Un punto a destacar dentro del análisis de este modelo es la actuación que ha tenido a lo largo del tiempo en América Latina, donde al igual que en los países desarrollados, fue a finales de la década de los setenta donde la crisis y la necesidad de restablecer y reformar el estado comenzó a tener relevancia, por ello se fijan objetivos y entre ellos: la reconstrucción del estado para enfrentar los desafíos de la sociedad posindustrial, que debía ser capaz de asegurar los derechos sociales y la competitividad de cada país en el escenario internacional.

Para América Latina la situación inicial de la crisis del Estado era mucho mayor que la que existía en el mundo desarrollado; entraron en una seria crisis fiscal, el problema de la deuda externa se hizo crónico en casi todo el continente, en la mayoría de las naciones se hizo notable la tasa de inflación y el estancamiento. Así, las reformas orientadas hacia el mercado, sobre todo la apertura comercial y el ajuste fiscal, fueron las principales medidas tomadas en los años ochenta, la cual, en la mayor parte de los casos tuvo éxito2.

Sin embargo, estas primeras reformas no resolvieron una serie de problemas básicos en los países latinoamericanos y se comenzó la propuesta de la segunda generación de reformas, con la finalidad de reconstruir el aparato estatal. El mayor desafío se encontró en compatibilizar las tendencias mundiales de cambio con las especificidades de región, al mismo tiempo América Latina debió acondicionarse para enfrentar la competencia económica internacional, por medio de la modificación del estado, de las políticas proteccionistas, sustituyéndolas por acciones que indujeran a las empresas a ser más competitivas en el nuevo ambiente económico mundial.

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