La Pena De Muerte

Introducción:

Para comenzar este ensayo, deberíamos explicar que significa realmente la cadena perpetua. Es habitual pensar que una persona que ha sido condenada a la pena de cadena perpetua está obligada a pasar el resto de su vida entre rejas, sin posibilidad de cambiar su situación penitenciaria. Esto, como veremos, no es del todo cierto, existen formulas atenuantes de la condena; como la cadena perpetua condicionada, que exige una revisión de las condenas cada cierto tiempo. De esta forma el reo, si el pronóstico de reinserción es positivo, pueda obtener la libertad condicional. A pesar de que este modelo existe en los países europeos que aplican esta pena, no hay que llevarse a engaño, este sistema implica la indeterminación de las penas, lo cual abriría la puerta a una eventual estancia indefinida en la cárcel.

Un primer enfoque sobre este asunto, se podría realizar “en caliente” sin pensarlo fríamente, como han hecho muchos medios de comunicación; recordando crímenes espantosos y que los perpetradores han sido puesto en libertad pocos años después. Con esto, predisponen a la opinión pública en un determinado sentido. Desde este punto de vista, obtendríamos conclusiones sobre la conveniencia u oportunidad de la cadena perpetua. Pero si lo que pretendemos es un análisis en términos jurídicos, parece preferible situarse en un plano más objetivo que, sin olvidar el respeto al dolor de las víctimas y sus familias, se centre en determinar si la cadena perpetua es compatible con nuestra Constitución.

Argumentación:

Como hemos comentado en la breve introducción sobre este delicado y controvertido tema, la cadena perpetua, tal y como está concebida en algunos países de nuestro entorno, podría tener cabida en nuestro ordenamiento, en cuyo caso, para introducirla, bastaría con reformar la correspondiente legislación penal, artículos. 36, 74, 76 del Código Penal, etc. o no tiene cabida en ella, con lo cual para poder incorporarla, sería necesario reformar nuestra Carta Magna. Veremos desde un punto de vista jurídico la opinión mayoritaria, la cual, es claramente contradictoria al encaje constitucional de la cadena perpetua. El argumento principal que se observa, es que el argumento principal de esta pena, no es la de lograr la “reinserción social” del reo, hacia la cual están orientadas las penas preventivas de libertad según el artículo 25.2 de nuestra Norma Básica. Por otra parte, si a los condenados a penas privativas de libertad les asisten (según señala expresamente el mismo precepto) los derechos fundamentales del Capítulo II del Título primero, cabría preguntarse también si la cadena perpetua es conciliable con la prohibición, sin excepciones, en el artículo 15, de "penas o tratos inhumanos o degradantes", íntimamente conectada además con la dignidad de la persona (artículo 10.1), y redactada a su vez en similares términos en el artículo 3 del Convenio europeo de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades. Frente a estas consideraciones, no es raro que haya quien se pregunte desde una posición realista, qué significa realmente la reducción de condena y la reinserción social. Como puede acreditarse, y si realmente el objetivo se está consiguiendo con las penas previstas en el actual ordenamiento jurídico; los pasos dados hasta ahora en la dirección del cumplimiento íntegro de las penas, servirían para "tranquilizar" en cierto modo a la sociedad, haciendo compatible la función preventiva y disuasoria de las penas con la posibilidad (mera posibilidad, eso sí) de que éstas cumplan su función reeducativa y reinsertadora.

Cabe recordar, que hace ya algunos años, con ocasión de la ratificación por parte de España del Estatuto de la Corte penal Internacional (Roma, 18 de Julio de 1998) y a raíz del Dictamen del Consejo de Estado de 22 de julio de 1999. El artículo 77 del mencionado Estatuto, incluye como pena aplicable la reclusión a perpetuidad

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