La justicia electoral en México

La justicia electoral en México.

Es una problemática que ha ocupado buena parte de las discusiones políticas en nuestro país, desde el período independiente, hasta hoy día. De igual manera, la equidad electoral ha sido durante muchos años, particularmente en el presente siglo, un tema que divide y provoca los más ríspidos debates entre los mexicanos, ya se trate de elecciones locales o federales.

En México, los medios de impugnación de los actos y procedimientos electorales están contenidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), que está vigente desde el 23 de noviembre de 1996.

Durante el proceso electoral federal 2005-2006, todos los actos, acuerdos y resoluciones del Instituto Federal Electoral que fueron impugnados, se sometieron al control de regularidad constitucional y legal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. En efecto, si algún partido político o coalición está inconforme con la manera en que actuó el IFE en alguno de sus ámbitos de competencia o un ciudadano considera que un determinado órgano del Instituto vulnera alguno de sus derechos político-electorales, puede en todo momento acudir al TEPJF a impugnar los actos correspondientes y solicitar su intervención y pronunciamiento sobre dicha actuación, a fin de verificar si ésta se apega a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en las leyes aplicables. El IFE ha acatado todas y cada una de las resoluciones del TEPJF.

Medios de impugnación.

Son actos procesales de las partes o terceros que se promueven con la finalidad de que se revise una resolución o actuación procesal para que se corrija o se anule. La revisión puede quedar a cargo del órgano jurisdiccional o de un órgano superior jerárquico.

En materia electoral. (Colegio de profesores de Derecho Procesal. Facultad de Derecho)

Un medio de impugnación es un mecanismo jurídico previsto en la ley para el caso en que un partido político, agrupación política o ciudadano no esté conforme con el actuar de las autoridades electorales. Una vez que el TEPJF recibe las inconformidades que se le presentan, revisa que los escritos con las demandas cumplan con los requisitos legales para analizarse, después valora las pruebas que se ofrecen y por último resuelve. Las resoluciones que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables.

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