La política de drogas en el mundo: ¿Puede México sustraerse del debate internacional?

La política de drogas en el mundo: ¿Puede México sustraerse del debate internacional?

Por Lisa Sánchez

Contexto

¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?

A 50 años del establecimiento del régimen internacional de fiscalización de sustancias psicoactivas, el pobre balance alcanzado en salud pública y seguridad ha hecho del fenómeno drogas y las políticas que lo determinan un debate de primera necesidad para la agenda nacional e internacional en la materia. Para México, el claro impacto negativo del combate al narcotráfico; las repetidas experiencias de fallido liderazgo internacional y la imparable propagación de experiencias regulatorias en otras partes del mundo plantean retos importantes para la definición de una política nacional que además de obtener mejores resultados, se erija coherente con los términos y exigencias del debate global.

Como en prácticamente cualquier debate sobre política pública, el de drogas es también uno diverso. De manera muy esquemática, es posible identificar y ubicar las distintas posturas presentes en el debate dentro de un continuo donde los extremos quedan representados por:

1) Los defensores del actual sistema prohibicionista –que promueven la adopción de medidas punitivas severas como método predominante para disuadir el consumo y castigar la producción y el tráfico de drogas; y

2) Los promotores de la liberalización de los mercados de drogas –que sostienen que buscar su desaparición no es sólo utópico sino indeseable pues, como cualquier bien comerciable, las drogas tendrían que ser reguladas por las leyes de la oferta y la demanda.

El punto medio en este debate, donde el movimiento global para la reforma de la  política de drogas tiende a converger, quedaría entonces representado por aquellos que se pronuncian a favor de la regulación legal de los mercados, afirmando que el establecimiento de controles estrictos para la producción, distribución, venta y consumo de drogas –bajo un esquema de legalidad- es la única salida para mitigar los daños producidos por el consumo abusivo de las mismas y las políticas que buscan proscribirlas.

A nivel global, el prohibicionismo permanece como enfoque dominante y única opción de política. Sin embargo, en los últimos años hemos presenciado un mayor distanciamiento entre aquellos países que defienden el status quo –Rusia, China, Irán, Arabia Saudita o incluso Estados Unidos- y un nuevo grupo de naciones que, aunque en minoría, juegan un papel clave en la visibilización de los límites de la prohibición y la búsqueda activa de un nuevo consenso basado en la implementación de políticas no criminalizantes.

A nivel de país, México se ha caracterizado por la esquizofrenia de ser el “mejor alumno” de la prohibición y al mismo tiempo buscar espacios de participación y diálogo multilateral que, hasta el momento, siempre termina por desperdiciar. Y es que nuestro país ha realizado más de un llamado a la comunidad internacional para discutir el tema drogas (1998, 2008 y más recientemente 2012) sin que esto se traduzca en un verdadero compromiso de la política exterior por comprometerse en la búsqueda de soluciones.

Agotamiento del paradigma prohibicionista

El régimen internacional de fiscalización de drogas, como política, constituye una posición absoluta que busca la eliminación de la disponibilidad y el uso de sustancias fuera de los ámbitos médico y científico. Desde 1961 este sistema ha sido la única alternativa permitida a los Estados miembros de la ONU para hacer frente a un fenómeno complejo que sin embargo parece tratarse de manera homogénea. Su característica principal: hacer uso de la institucionalidad de aplicación de la ley para hacer frente a un problema de salud pública que poco a poco, y por cuestiones ajenas a las drogas mismas- se vio convertido en una amenaza que debía ser atendida desde todos los frentes del quehacer estatal.

Tras varias décadas de implementación, los resultados obtenidos han sido cuando más mixtos si no es que insuficientes. Según datos proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), mientras el uso de drogas ilícitas parece haberse estabilizado en algunas regiones del mundo éste continúa aumentando en varios países en desarrollo. Por su parte, los esfuerzos por reducir el cultivo y la producción de las principales drogas de origen natural se han visto contrarrestados por un auge de la producción de drogas sintéticas, incluido el aumento considerable de la producción y el consumo de sustancias psicoactivas no sujetas a fiscalización internacional.

La misma asimetría se percibe en la manera en que los costos y beneficios de implementar dicha política se reparten entre las naciones. Así pues, mientras países como Estados Unidos pueden presumir el éxito relativo de las medidas de reducción de la demanda (a las que atribuyen, por ejemplo, una disminución importante en el consumo de cocaína), otros países productores y de tránsito –como México- no pueden más que resaltar la ortodoxia con la que aplican las políticas dictadas desde arriba sin necesariamente reflejar éxitos significativos en ningún frente.

Según Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes, en términos de economía política internacional parecería que lo único que la prohibición ha logrado es transferir los costos de la aplicación de la ley a los países de producción y tránsito; otorgando un “bono de paz” a los países de alto consumo que contrasta con los altos costos económicos, sociales e institucionales pagados por las naciones en quienes recae la responsabilidad de controlar la oferta.

La actual crisis de seguridad en México es sólo un ejemplo de la transferencia de estos costos: aquí la cifra de muertes relacionadas a la rivalidad entre bandas criminales, y entre éstas y las fuerzas del orden asciende a 70,000. Una crisis similar se vivió en Colombia en décadas pasadas, cuando Bogotá era conocida como la capital del homicidio y el dinero de la droga alimentaba el conflicto entre las FARC y el gobierno.

Pero lo peor de esta transferencia es que no es inevitable bajo los esquemas actuales sino que su único mérito se reduce a producir un efecto globo inacabable. Así pues, del nivel de éxito de un país para repeler al narco y reducir la oferta de drogas dependerá el nivel de fracaso de otro que, otrora a salvo, verá su territorio invadido por una actividad ilícita altamente lucrativa que siempre encontrará espacio para desarrollarse.

Ante semejante panorama no sorprende la irrupción de un movimiento global que reconoce el agotamiento del paradigma prohibicionista y plantea la búsqueda de alternativas como prioridad. Lo que sorprende es que haya sido la propia UNODC, en su Informe Mundial de Drogas 2008, quien determinara el punto de partida para la reforma reconociendo la existencia de una serie de “consecuencias negativas no planeadas” entre las que destacan:

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