La prostitución en el Perú

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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

TEMA:

 ENSAYO ARGUMENTATIVO.

CURSO:

CIUDADANIA Y REFLEXION ETICA.

INTEGRANTES:

DOCENTE:

Lizbany Sujey Cardoza.

CHIMBOTE – PERÚ

2022

La prostitución en el Perú.

En el Perú actualmente, los enfrentamientos de mafias proxenetas quieren adueñarse de las calles de Lima para obligar a mujeres a pagar cupos de dinero a cambio de dejarlas trabajar. Hecho que causa revuela en la sociedad ya que, Reportes de la Policía y la Fiscalía revelaron que las denuncias por el delito de trata de personas, sobre todo los casos vinculados con la explotación sexual, se incrementaron y en conjuntos las mafias organizadas. El estado peruano es uno de los países en donde la prostitución no se encuentra reglamentado, pero es permitida, siendo sancionada la trata de blancas y el proxenetismo. Siendo la prostitución considerada como una actividad legal entre personas adultas, pero que, sin embargo, se encuentra resistencia a que sea reconocida plenamente como una actividad laboral. (Solís, 2011).  Aparentemente no se encuentra cabida dentro de los campos laborales convencionales, tropezando con uno de los principales obstáculos para su reconocimiento, que es el reproche moral y social que se le otorga a esta actividad, sin considerarse por encima de todo, el derecho a la libertad y su carácter laboral, por consiguiente, de actividad económica y sustento para quienes la ejercen. Recalcando que la prostitución no es un delito en el Perú, lo que sí está considerado delito es el proxenetismo que es obtener beneficios económicos a partir de la explotación sexual a una persona. (García, 2017). Por otro lado, según Aucía (2008) nos dice que La distinción entre prostitución forzada y voluntaria es precisamente lo que la industria del sexo está promoviendo porque, si se puede utilizar esta distinción para legalizar la prostitución, el proxenetismo y los prostíbulos, la industria del sexo conseguirá más estabilidad y seguridad legal. Ya que las mujeres que presenten cargos contra los proxenetas o contra cualquier persona tendrán que presentar la carga de la prueba y demostrar que fueron ''forzadas''. Por ende, nos cuestionamos lo siguiente: ¿Consideras que la sociedad y el estado peruano debería reglamentar a la prostitución consentida, como un trabajo y velar por sus derechos? Desde nuestra perspectiva, si considero que se debería conjeturar a la prostitución consentida, como un trabajo y velar por sus derechos. A continuación, fundamentaremos nuestra postura.

Desde nuestra perspectiva, si es necesario otorgar una real protección jurídica necesaria a la trabajadora sexual, porque tienen derecho a tener las mismas condiciones laborales que cualquier labor física e intelectual y, por tanto, es menester que el Estado evite la vulneración de sus derechos laborales conexos, siempre y en cuando esta sea consentida. Cuando hablo de “prostitución consentida” me refiero a la siguiente práctica social: la compra y venta de relaciones sexuales a cambio de un dinero entre dos personas adultas y capaces, pactadas voluntariamente por ambas.  En el Perú se define a la explotación como la “acción que, mediante violencia, amenaza u otro medio, obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole. Asimismo, define prostitución (Artículo 179) rufianismo y proxenetismo (Artículo 180), y hace una diferencia en la pena para cada uno de estos tipos de explotación sexual. (Sáenz,2015). En cuanto a la práctica de la prostitución constituye un problema de carácter social que aún no ha sido abordado de manera estructural por el estado en su conjunto. La prostitución no está regulada y al no estarlo, las personas que se dedican a esta actividad se encuentran en un estado de desprotección; además no se respetan sus derechos fundamentales, puesto que, por el simple hecho de dedicarse a esta actividad se les etiqueta y son objeto de discriminación, humillación y exclusión de la sociedad, así tenemos, por ejemplo; Según Infobae (2022)

“las calles de lima como Cailloma, Zepita, Lince y de Fiori se ha visto envuelta por mafias extranjeras que exigen cupos a las trabajadore sexuales al querer disputar el control de las calles y al ejercer el proxenetismo. Llegando a agredir y asesinar a sangre fría a las mujeres por negarse a pagar cupos semanales para permanecer en ese lugar y por lo mismo a todo aquel que se entrometa.” (p.1)

Dura realidad, ya que aquellas mujeres son el centro de escándalo, la discriminación y las responsables de los males, sobre las cuales se emprenden políticas represivas y en algunos casos de persecución, olvidando que el delito que debe perseguirse es el proxenetismo ya que obtienen beneficios económicos a partir de la explotación sexual.

La legislación nacional no hace distingos entre prostitución forzada y prostitución consentida. Una prostitución consentida supone el ejercicio libre y voluntario, en el que la entrega sexual es a cambio de una contraprestación económica con el total consentimiento de la trabajadora sexual; en tanto que la prostitución forzada se ejerce en el mismo sentido, pero bajo coacción o presión derivada de una situación de violencia, intimidación o abuso. Estas dificultades de definición tienen que ver con distintos factores. (Defensoría del pueblo, 2017). En primer lugar, todavía hoy no está claro en absoluto cuál es el “problema” al que se intenta hacer frente cuando nos proponemos enfrentar de alguna manera el fenómeno social de la prostitución. Sin embargo, la paradoja aparece cuando observamos que la mayor parte de las medidas políticas, municipales y policiales van dirigidas más bien a controlar los problemas de orden que desencadena el ejercicio de la prostitución consentida en las calles y establecimientos sin licencia: controles y redadas policiales con el objeto de desalojar a prostitutas y clientes; decisiones de los gobiernos locales de “prohibir”, bajo sanción de multa, la prostitución realizada en determinadas zonas, calles o locales no autorizados. Sin desconocer los problemas que genera el ejercicio de la prostitución en los espacios públicos para vecinos y para la sociedad en general, resulta claro que este tipo de medidas, más que proteger a las víctimas de la explotación sexual, que en la mayoría de casos no existe, lo que defienden es el bienestar y el orden público, bienes colectivos de la comunidad que se encuentran debidamente justificados, pero que generan agravio en personas que ven en la prostitución consentida un medio de trabajo. Teniendo como resultado que las medidas municipales y policiales contra la prostitución no se dirigen a proteger a las víctimas de la explotación, sino a la sociedad frente al ejercicio público de la prostitución callejera, porque todos sabemos que la prostitución callejera es en nuestro país en su mayoría, si no lo es en su totalidad, prostitución consentida y sin ningún tipo de explotación por parte de terceros.

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