Las modificaciones constitucionales en proyectos de funcionarios públicos y de las personas involucradas en casos de corrupción

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la iniciativa de crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Se acordó reformar 13 artículos de la Constitución Política y establecer bases de coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno. Fueron incluidas iniciativas anteriores y se sumaron las voluntades de los partidos para que nacieran fortalecidos los mecanismos del Estado mexicano para combatir esa calamidad histórica.

La reforma fue enviada al Senado de la República para su aprobación y posterior consulta a las legislaturas estatales. Deberán aprobarla al menos 17 congresos locales a fin de hacer la ley secundaria y comenzar su instrumentación mediante la creación de instituciones y mecanismos, presupuestos y asignación de responsabilidades.

Bajo los principios de rendición de cuentas, legalidad, imparcialidad, eficiencia en la calidad del servicio público y fiscalización, estos cambios constitucionales constituyen un nuevo proyecto de responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que incurran en prácticas de corrupción.

Mediante la prevención de malas o muy poco transparentes acciones de los gobiernos, trabajos de investigación y sanciones puntuales, con el correcto funcionamiento de las instituciones, el uso racional de los recursos públicos y la participación ciudadana, se creará un sistema que responda a la exigencia social de detectar y sancionar prácticas indebidas.

La reforma puede ser un antídoto a la crisis de confianza de la sociedad mexicana en sus instituciones, porque esta reforma deriva de una clara voluntad política de cambio. Tendrá más fortaleza la Auditoría Superior de la Federación para vigilar las finanzas estatales y municipales, donde se modernizarán las contralorías.

Habrá fiscalía contra la corrupción, se revisarán las reglas de operación de los programas gubernamentales, se generarán mecanismos de coordinación para diseñar y evaluar las políticas públicas; aumentará a siete años la prescripción de las responsabilidades, se ejercerá la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito y se dará seguimiento a las denuncias de hechos, entre otras medidas operativas. La Contraloría obliga a los servidores públicos a presentar declaración patrimonial, ahora agregará la de intereses y se elimina el principio de confidencialidad en materia fiscal.

Es una señal positiva hacia todos los mexicanos. Se requiere, por supuesto, de articulación de esfuerzos y colaboración entre gobierno y sociedad mexicana.

Max Weber apunta en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que la corrupción atenta contra la democracia, porque supone que la economía de mercado impulsa valores e instituciones políticas en las sociedades democráticas, y muy probablemente ya llega a ser un obstáculo para el funcionamiento mismo

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