Ley Agraria Comentada

La Revolución mexicana constituyó un amplio movimiento en el que se vieron involucrados prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad de principios del siglo XX y que llegó a casi todos los rincones del país. Debido a tal amplitud este proceso tuvo motivaciones variadas, sin embargo el elemento que más le caracterizó fue su alto contenido campesino y de demandas agrarias. Al respecto incluso podemos considerar que, para amplios sectores que participaron en la contienda armada, algunas de las demandas de contenido social, político, económico o de otra índole estaban subordinadas al aspecto agrario.

Ello es lógico si consideramos que, no obstante el proceso de industrialización y modernización económica que vivía el país en los finales del régimen porfirista, México era mayoritariamente agrario. Para entonces la población nacional era de alrededor de 15 millones de habitantes, de los cuales 12 millones, es decir 80%, vivían en el medio rural y dependían de las formas de producción agrícola, fuera a través de las haciendas, de los pueblos o de la pequeña propiedad. De acuerdo con el censo de 1910 había 840 hacendados, que poseían 97% de los terrenos cultivables; el resto se lo repartían entre las comunidades, 411 096 agricultores y más de 3 millones de jornaleros.

Hacia 1909 Andrés Molina Enríquez había hecho una descripción precisa de la situación en el campo mexicano en su libro Los grandes problemas nacionales,2 ahí se señalaba una creciente situación explosiva debido a la fuerte concentración de la propiedad de la tierra, a lo que habían contribuido, sobre todo, dos procesos: la Ley de Desamortización de 1856 y las políticas privatizadoras establecidas durante el Porfiriato. Estas últimas llevadas a cabo mediante las compañías deslindadoras que asignaron a una élite de propietarios nacionales y extranjeros hasta 1906, año de su desaparición, 49 millones de hectáreas, es decir la cuarta parte del territorio nacional. Estas acciones se realizaron en buena parte con base en el despojo a las comunidades indígenas y los pueblos de campesinos.

Se crearon así propiedades fantásticas por su tamaño. En esos años, 15 haciendas sumaban una extensión de 1 464 612 hectáreas y en Chihuahua el general Terrazas poseía, él solo, millones de hectáreas. La desigualdad en el campo ya era en sí una provocación pero a ello habría que sumar el hecho de que muchas de esas tierras eran subexplotadas. Jesús Silva Herzog describía así parte de la situación:

El hacendado mexicano de fines del siglo pasado y de principios del XX no era efectivamente agricultor, no era hombre de campo, sino señorito de ciudad. Lo único que le importaba consistía en que el administrador de la finca le entregara periódicamente el dinero necesario para vivir con holgura en la capital de la provincia, en la ciudad de México, en Madrid o en París, según gustos personales y medios económicos. A la hacienda sólo iba de tarde en tarde, por una o dos semanas acompañado de amigos en plan de fiesta.

Sin duda la propiedad de las tierras y la producción agrícola constituían el principal problema de orden económico del México de entonces. Tan clara era la necesidad de abordar y dar solución a ello, que Francisco I. Madero, en su Plan de San Luis que convocaba a las armas en contra de Porfirio Díaz, señalaba como único punto (en el artículo 3) no relativo a la forma en que debía conducirse la rebelión, la necesidad de revisar la situación del campo debido al amplio despojo a comunidades y campesinos realizado a cargo de las compañías deslindadoras.

La rebelión iniciada formalmente el 20 de noviembre de 1910 en apariencia era una convocatoria a terminar con la cerrazón política del Porfiriato y a modernizar las estructuras electorales del país, lo cual quedaba descrito por el lema de 'Sufragio efectivo y la no reelección'. Sin embargo, a la hora de iniciarse las hostilidades armadas no todos los antirreeleccionistas participaron, muchos de ellos eran partidarios de la vía democrática y del consenso político y rechazaban la toma de las armas. Por el contrario, aparecieron grupos armados en apoyo a Madero; casi de manera espontánea algunos de ellos, que en principio no estaban vinculados a la lucha sufragista, pero que percibían en la deposición del régimen de Porfirio Díaz la posibilidad de cambiar la lógica del gobierno por otra que fuera sensible a sus demandas de orden social, agrario, económico y no sólo de democracia formal.

Un nuevo gobierno,

los mismos problemas y las

críticas de Luis Cabrera

En abril de 1911 Porfirio Díaz y su ejército dimitieron dando fin a la revolución maderista. Ello hacía suponer que Madero y sus seguidores tomarían pleno control de la política nacional y que emprendería un gobierno de reformas que rebasarían lo estrictamente electoral. Lamentablemente, como sabemos, ello no sucedió.

Entonces surgió como uno de los críticos al desempeño maderista el liceniado Luis Cabrera, quien desde la perspectiva revolucionaria señaló los yerros del presidente.4 Entre ellos observó los peligros que vivía el nuevo régimen y la posibilidad real de una contrarrevolución si no se llevaba a cabo una reforma agraria. Con notable claridad veía la necesidad de controlar la situación armada y política del país, pero mediante una reforma de orden económico centrada en el reparto agrario, que además de hacer justicia a los campesinos sirviera como forma de desactivación de cualquier foco insurreccional.

Así, el 27 de abril de 1911 Cabrera se había dirigido a Madero señalándole la urgencia de este tipo de reformas:

La responsabilidad de usted en este punto es tan seria, que si no acierta a percibir con claridad las reformas políticas y económicas que exige el país, correrá usted el riesgo de dejar vivos los gérmenes de futuras perturbaciones de la paz, o de no lograr restablecer por completo la tranquilidad en el país.

En otra ocasión he mencionado las reformas que en mi concepto es más urgente implantar, y algunos escritores, como Molina Enríquez, han hecho un catálogo completo de las necesidades del país, que Ud. puede consultar, teniendo cuidado principalmente de discernir que las necesidades políticas y democráticas no son en el fondo más que manifestaciones de las necesidades

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