Ley Marco de Protección Social

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D E R E C H O S     H U M A N O S    E N

H O N D U R A S

E n s a y o

“¿Cómo afecta la nueva Ley Marco de Protección Social a mis

 Derechos como ciudadano?”

L i c.  H é c t o r   S u a z o

A l u m n o :

W i l l i a n s    E d g a r d  o   C h i nc h  i l l a

Cta. No. 2006-1000-194

S e c c  i ó n :

1 9 : 0 2

S a n     P e d r o     S u l a,   2   d e   S e p t I e m b r e

2  0  1  5

¿Cómo afecta la nueva Ley Marco de Protección Social a mis Derechos como ciudadano?

   Como buenos hondureños y ciudadanos responsables es necesario y hasta obligatorio conocer sobre la situación en que vivimos; pues hablar y conocer de Derechos Humanos en riesgo es una exigencia y una necesidad, porque no es posible quedarse solo con las generalidades o explicaciones a grandes rasgos que al final solo vienen a ser referencias que a veces son difíciles de aplicar.

Sin embargo, al escudriñar y llegar a interpretar detalles en este sentido encontramos una herramienta útil para que no quepa la menor duda a la hora de aplicar la ley cuando de exigir nuestros derechos y garantías se trata.

   El objetivo de que exista una Ley de Protección Social en nuestro país es generar, de forma progresiva, porque claro está todo es un gran proceso, en el que se debe trabajar para lograr las condiciones sociales que contribuyan al bienestar personal y grupal; así como brindar a las personas los recursos que habiliten sus capacidades para reclamar sus derechos y garantías, especialmente aquellos que se encuentran en situación pobreza extrema, en situación vulnerable, exclusión y riesgo social, a fin de que tengan acceso a oportunidades de forma equitativa a la seguridad y asistencia social, seguridad alimentaria, servicios de salud y trabajo y los beneficios laborales que por ley corresponden a cada empleado; garantizando también, a través de la promoción social, la prevención y manejo de riesgos de vida, asegurando de esta forma la asistencia médica y demás derechos que aseguren el bienestar de cada ciudadano.

   De acuerdo con la ley, los beneficiarios antiguos permanecen igual, con la diferencia que los derechos de prestaciones laborales tendrán que ser depositadas en un 50% a nombre del empleado. Esto ha indignado y ha puesto a temblar a los monopolios comerciales, aduciendo que algunos artículos publicados en la gaceta no concuerdan en su totalidad con lo que se habló en la sala del congreso donde dicha ley fue aprobada. El reclamo se ha hecho notar al encontrar que 16 artículos fueron trastocados, del Decreto 56-2015. Una de las alteraciones más graves es la del artículo 19, el que al ser discutido dejaba un límite a las inversiones que podían hacer los institutos de previsión social en un 7% del patrimonio; pero en la ley publicada ese límite desapareció.

  -"Son preocupantes los hallazgos porque en el caso del artículo 19 quiere decir que ahora los institutos de previsión no van a tener límite en el uso de los activos", – según lo declaró Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Dicho esto deja mucho que pensar si en realidad la nueva ley va a ser efectiva, y equitativa, donde no se vean ultrajados los derechos humanos en particular; porque al fin y al cabo es ese el objetivo básico de esta ley: que el ciudadano goce de todos los beneficios adquiridos por ley y que estos sean respetados tal cual, sin tener que acudir a organizaciones que promulgan la protección de los derechos humanos para exigir su efectivo cumplimiento.

   Consideremos entonces, a raíz de eso, que esta ley le da un vuelco absoluto al modelo actual. Es prácticamente una ley modificada desde el “piso” hasta el “techo”.

Logrando con esto que los Derechos Humanos queden siempre en la cuerda floja, a expensas de cualquier modificación en beneficio de unos pocos.

¿Será acaso esta la iniciativa para quitar la administración de las instituciones públicas  al estado y privatizarlas?

De ser así, se ponen en riesgo algunos principios de derechos humanos como el derecho a la salud, derecho que debe garantizarse y defenderse a capa y espada por la persona individual y por cualquier institución donde se proporcionan cuidados de la salud a nivel estatal.

Siendo la salud un derecho fundamental casi como el derecho a la vida, pues uno depende del otro.

Son los derechos economicos, o de segunda generación los que podrian verse ultrajados con las nuevas leyes, pues no hay una garantia de que los empleados gozarán de manera equitativa de sus beneficios laborales.

Desafortunadamente la ley en nuestro país va enfocada a proporcionar de manera mesurada los beneficios que como estado están obligados a proveer a sus ciudadanos,

Ahora con esta nueva ley, las personas podrán acudir a centros médicos privados, a parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS; quien pasará ahora a ser el ente administrador de todos los servicios de protección social del país, asociándose con compañías terciarias para cubrir las necesidades básicas en cuanto a salud y bienestar se refiere.

Tal es el caso de Grupo Ficohsa está impulsando programas o campañas “Por su Salud” y está comprando clinicas o centros hospitalarios, asi también los seguros Atlántida, buscando consolidar un monopolio de proveedores de seguros y cuidados de la salud, impidiendo el acceso y limitando este derecho a personas de escasos recursos, y pues por lógica, estos dos monstruos (más los otros que se agreguen) van a tragarse el sistema se seguridad social del país.

Y cuando esto suceda vamos a tener que conseguir una poliza de seguro obligatoria para poder recibir atencion medica en cualquiera de las instituciones afiliadas a la red de proveedores, complicando mas aun este sistema para las personas con acceso limitado, de escazos recursos y personas analfabetas.

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