Los economistas neoliberales

Los economistas neoliberales: nuevos criminales de guerra: Renán Vega Cantor

El libro tiene como propósito demostrar, en palabras del autor, “por qué los economistas neoliberales son auténticos criminales de guerra” (p.26), recordando “que existe un vínculo indisociable entre capitalismo y neoliberalismo”, lo que significa que el papel de los ideólogos del neoliberalismo “no puede entenderse sin hacer referencia a la barbarie capitalista” (p.16). Para argumentar lo anterior, la investigación está estructurada en 10 capítulos que podrían discriminarse de la siguiente manera: los dos primeros establecen los perfiles de los economistas neoliberales, identifica sus procesos y escenarios de formación académica, sus concepciones “filosóficas”; y plantea por qué los neoliberales desconocen los derechos humanos de tipo económico, social y cultural.

De igual modo, refiere una nueva conceptualización que permita develar la esencia real de los procesos capitalistas estimulados por el neoliberalismo, reconociendo la importancia de los conceptos para el análisis de la realidad, especialmente en tiempos de la nueva vulgata planetaria. Se busca, afirma Renán, “desmitificar el vocabulario empleado por los neoliberales y los globalizadores –pretendidamente neutro y científico- que ha llegado incluso a convertirse en el lenguaje cotidiano de sectores políticos de izquierda y mostrar que tras esa jerga tecnocrática, en apariencia inocente, se esconde una dimensión delincuencial, materializada en la actualidad en las políticas neoliberales en todo el mundo

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (PNUMA)

Introducción

El enfoque de derechos humanos ha sido una base sólida desde la cual se ha promovido la justicia social y la sustentabilidad ecológica en todo el mundo. Sin embargo, nuestras mejores intenciones y declaraciones se ven permanentemente comprometidas por la falta de voluntad política, falta de poder de las organizaciones de base para lograr que se respete la voluntad popular, y la poca capacidad que existe para dar cumplimiento y realización a los derechos tal y como ellos aparecen en el papel. Esto se ve agravado por la voluntad que tienen los promotores de la privatización del agua de cooptar el discurso de los derechos humanos para sus propios fines. Hay quienes piensan que centrar los esfuerzos en el agua como derecho humano es un error, mientras que otros lo ven por lo menos como un primer paso en pos de la sustentabilidad y el acceso para todos.

La red de Amigos del Derecho al Agua ha trabajado mucho en los últimos años para promover la idea de un nuevo convenio vinculante que consagre al agua como un derecho humano fundamental. A pesar de los desafíos que enfrenta, entre ellos su componenda con las corporaciones en torno a normas voluntarias de calidad social y ambiental en el contexto del Pacto Mundial y la falta de un medio coherente para aplicar y respetar los derechos humanos, la ONU sigue siendo la única organización política internacional con la capacidad de dar a luz una nueva generación de derecho internacional consuetudinario (que derive de las costumbres y la práctica en lugar que de las leyes escritas). Dichos mecanismos pueden y han sido incorporados a los ordenamientos jurídicos nacionales, aunque no de manera consistente. Los Amigos del

Derecho al Agua esbozan algunos principios básicos que podrían tenerse en cuenta en la construcción de un nuevo convenio mundial.

Principios clave

• El agua es necesaria para la vida en la Tierra.

• El agua es un derecho humano fundamental, y requiere que los Estados tengan la voluntad y la capacidad de cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a un acceso adecuado al agua potable y el saneamiento.

• Para honrar sus compromisos de realización del derecho al agua, los Estados tienen la obligación de proveer agua y saneamiento adecuado, seguro, accesible y asequible para todas las personas que actualmente carecen de dicho acceso dentro de su jurisdicción, con un trato preferencial y acciones positivas para los pobres y marginados. Los Estados deben garantizar que el agua sea destinada prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas de la población y sostener los medios de vida de los pueblos.

• El agua es un bien común, no una mercancía, y pertenece a todos los seres humanos y al planeta.

Como tal, el agua debe permanecer en el dominio público.

• Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la preservación de los ecosistemas de agua dulce, evitar el consumo desmedido de agua, la degradación de los sistemas hídricos y proteger las cuencas.

• Se necesita suficiente agua limpia para proteger los ecosistemas y otras especies. Los ecosistemas sanos garantizarán el derecho humano al agua para las generaciones futuras.

• Los Estados tienen la obligación de garantizar los principios de participación y transparencia en el ejercicio de los derechos humanos, lo que implica que los servicios de abastecimiento de agua potable

y saneamiento deben permanecer bajo el control público democrático, de manera tal que los usuarios y el público participen plenamente en la toma de decisiones referentes a la gestión, manejo y asignación de los recursos hídricos.

• Los recursos hídricos que se encuentren completamente dentro de las fronteras de un Estado son parte del patrimonio nacional y no deben ser jamás objeto de explotación extranjera.

Introducción

Durante la ola privatizadora de la década de 1990, las empresas multinacionales del agua concentraron sus inversiones en los continentes más urbanizados del Sur global, América Latina y Asia Oriental, donde la población goza de cierta prosperidad y las economías de escala son posibles. La privatización generó inmediatamente controversias y creciente insatisfacción pública contra los servicios de abastecimiento de agua insuficientes e inequitativos. En todo el mundo surgieron diversos movimientos sociales en defensa del agua como bien común, pero donde crecieron con mayor urgencia, fuerza y mejor enfocados fue en América Latina, un continente caracterizado por fuertes tradiciones de anti-imperialismo y nacionalismo económico. Entre sus formas de lucha, los movimientos sociales han incluido, entre otras, las iniciativas constitucionales para consagrar el “derecho al agua”.

Una de las victorias más famosas de la oleada de iniciativas por garantizar el derecho al agua ocurrió en Uruguay, donde la gente organizó exitosamente un referendo nacional sobre el derecho al agua. En 2002, el gobierno uruguayo firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por medio del cual el gobierno

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