MIFAPRO

El Programa MIFAPRO, tiene la finalidad de crear un sistema de protección social a la luz de las cifras de pobreza, enmarcando el esfuerzo particularmente en el diseño de un Programa de Transferencias Condicionadas (PTC) que permita orientar los recursos a aquellos ítems que tengan mayor retorno en el tiempo que generen soluciones permanentes y sostenibles.

En términos de Materia y Criterios, establece que se deben incluir actividades que puedan proporcionar indicadores de productos resultados e impactos, por lo que la disminución de las desigualdades sociales es un indicador que cumple esos tres principios y se relaciona estrechamente con la preocupación de garantizar la equidad e impersonalidad en la selección de los beneficiarios de los programas sociales, con énfasis en la población en estado vulnerable.

El Programa MIFAPRO tiene como objetivo principal el segmento de familias en pobreza y pobreza extrema, que perciben máximo un dólar diario para su subsistencia debió ser requisito indispensable, toda vez que una adecuada institucionalidad permitirá asegurar la permanencia del Programa en cuestión como eje central política social con el objetivo de reducir la pobreza extrema y elevar los niveles de bienestar de los más vulnerables.

El nombramiento de la revisión proporciona los plazos y periodos a revisar en cuanto a la ejecución de la auditoría y los alcances generales de la misma.

La verificación permitirá documentar y determinar sí el proceso de selección de los beneficiarios, atendió las directrices del Programa, en lo que se refiere a la priorización de las familias de más bajos ingresos y de mayor grado de vulnerabilidad.

La información relativa al ingreso familiar obtenido en el levantamiento de campo, revelará si la selección de los beneficiarios, está completamente dirigida a la atención del grupo definido en el Programa MIFAPRO y que permita evaluar las relaciones inusuales o inesperadas que hayan sido detectadas al aplicar procedimientos analíticos.

El análisis puede incluir también las constataciones relativas al incumplimiento de leyes y reglamentos procedentes de otras auditorías, por ejemplo, de rendimiento, llevadas a cabo por órganos de fiscalización del sector público.

Notificación de casos de incumplimiento presunto o detectado. Además de la exigencia de informar a los encargados de la entidad, se notificarán todos los casos de incumplimiento de leyes y reglamentos, incluso si su importancia es claramente insignificante. Así como en los casos que la normativa lo permita, se ordenará a la entidad que corrija todo incumplimiento cometido. En tales casos, sobre todo cuando exista un elemento de subjetividad al interpretar leyes y reglamentos.

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