Medición del Delito en la Seguridad Pública

Medición del Delito en la Seguridad Pública

Para definir el concepto seguridad en la actualidad es necesario remontarse  a la visión clásica de la definición. Aun ahora esta definición clásica sigue formando parte de los estudios políticos y políticas públicas que se desarrollan en la actualidad. Esto conlleva un problema serio en la implementación de programas dado que la implementación de estos paradigmas clásicos ya no puede aplicarse en la coyuntura actual. La seguridad es un valor esencial del estado, aludiendo a Hobbes, “El Leviatán” es quien tiene la tarea de preservar la integridad de sus ciudadanos y de librar al individuo de las incertidumbres de la naturaleza anárquica del mundo.^[1]

El problema en el concepto de seguridad pública, aun en la actualidad es que su definición es subjetiva y atenida a la preservación del Estado, y las definiciones pueden variar según la perspectiva del autor, el uso que se le dé bajo la percepción del gobierno dominante y el tipo de política que este maneje. Solo es posible plantear elementos muy característicos que caracterizan todas las definiciones que se han ido revisando.

Hay que partir ciertamente con que es un deber exclusivo del Estado (considerando la visión más clásica de la definición), y plateaba inicialmente en la protección de sus ciudadanos contra las bajo el resguardo físico y jurídico de una comunidad. Por lo que en su concepción clásica esta seguridad debe ser  universal para proteger la integridad del ciudadano y de su propiedad privada.^[2]

Con ello, se vale de la seguridad jurídica, para determinar las normas con las cuales regir a sus gobernados, por lo que es fundamental consolidar un marco normativo para el control de la sociedad ya que es necesario un orden para la convivencia en la vida social.

El estado planteará el manejo de las normas, no solo regulando solamente la convivencia entre los ciudadanos, también limitando de algún modo el modo de conducta de los ciudadanos. Esto se ejemplifica en los estados latinoamericanos como a modo de una constitución nacional. Y códigos de procedimientos penales y diferentes tipos de legislaciones que conforman los derechos y obligaciones de un ciudadano y el Estado.^[3]

La seguridad pública juega un parte primordial para la legitimación de los gobiernos. Para proveer una certidumbre a sus gobernados, que el mayor objetivo del gobernante es garantizar la paz pública, para ello tiene que prevenir y perseguir los delitos y de las faltas contra el orden público, mediante el sistema de control penal (acciones punitivas) y el de una policía capaz de implementar el orden.

Aunque cabe aclarar que existe una visión muy clasista en la visión moderna de la seguridad pública, da pie a seleccionar a cierto tipo de grupo de personas como criminales o delincuentes, que basados en el contexto al que estamos haciendo referencias es sin duda una minoría políticamente incomoda para la sociedad dominante.

El municipio será el objeto de estudio para Jorge Fernández Ruiz, y su relación con el manejo de la seguridad pública dentro de los límites en el que puede  aplicar su autoridad. Si bien es cierto que un municipio en México no tiene la misma independencia que un estado nacional, también tiene características básicas de un estado moderno; territorio, población y capacidad de gobierno. Incluso tiene un régimen normativo, que está construido basado en la constitución nacional. Pero cabe mencionar que la armonía de un municipio son los cimientos de la nación en México, pues la relación entre ciudadano y autoridad inicia con este primer nivel de gobierno.^[4]

La seguridad pública en el municipio cuenta constantemente con la relación entre la comunidad y sus pobladores para llevar un control constante de las normas. Para evitar y castigar las faltas también cuenta con una “policía como un cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad  de la población, a las ordenes de las autoridades políticas”. ^[5]

La percepción de inseguridad en la sociedad se ha ido acentuando en los últimos años, lo que ha propiciado un descontento generalizado hacia las autoridades ya sea locales como federales. La situación de la seguridad en el país se ha convertido en uno de los grandes problemas en las administraciones de los tres niveles de gobierno. Sin embargo hasta el momento los resultados que demuestren que ha vuelto una certidumbre para los ciudadanos de que impera una certidumbre no han dado los resultados.

Tanto la sensación de paz como el orden público en México de los últimos 12 años han sido afectados por el incremento de la violencia, así como los altos índices delictivos  que han afectado no solamente a las clases altas (como se que antes eran las más afectadas), sino que ha escalado a todos los estratos sociales y afectado a la convivencia de comunidades y grupos sociales.

La nueva problemática actual se encamina hacia la seguridad pública es que es la persecución del crimen, y la carencia de una prevención de esta. Este enfoque solamente punitivo hace que la sociedad sufra de manera directa de esta carencia. Por lo que es necesario comenzar a tomar en cuenta la percepción de la ciudadanía para la obtención de una nueva forma de seguridad como política pública.

Sin embargo cabe señalar que el texto de Fernández Ruiz fue publicado en 2003, en un marco contextual diferente al de la actualidad. Si bien es cierto que la función de los municipios no ha cambiado en forma, hay que considerar que la seguridad ciudadana se ha vuelto un modelo recién en la aplicación de políticas públicas, con el objetivo ampliar la participación de la ciudadanía para formar nuevas relaciones con el estado y así consolidar un manejo diferente en el control de la seguridad.

La seguridad ciudadana es el modelo de acción que planeta el estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones del bien público. Cuyos objetivos principales son, disminuir la sensación de temor. Con ello la ciudadanía tomara en sus manos la implementación de las políticas aunque sea en su ámbito más inmediato^[6]. Para ello es necesaria la convivencia de manera pacífica y erradicar la violencia, el uso apropiado de los espacios públicos para que los grupos delictivos no se apropien de estos y generen delitos.

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