Modelo extractivista y el post conflicto en Colombia

ENSAYO: MODELO EXTRACTIVISTA Y EL POST CONFLICTO EN COLOMBIA

Luis XX

Universidad Libre

Modelo extractivista y el post conflicto en Colombia

El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016 es un hito histórico para el país. Este acuerdo gestara una enorme serie de cambios en el país tanto a nivel social como económico, modificando las diferentes interacciones entre los sectores productivos y urbanos de la nación. Sin lugar a dudas el modelo de desarrollo económico colombiano, incluido el extractivista presentara enormes modificaciones. De acuerdo a diferentes estudios realizados en el país sobre el post conflicto (Susana Noguera, 2016):

“El crecimiento de la economía no está directamente ligado a la firma del acuerdo de paz, sino al éxito de los programas de reinserción de los guerrilleros, la inversión en infraestructura nacional y la capacidad del Estado de controlar las bandas criminales, entre otras.”

Estos estudios dejan clara la importancia de no solo velar por el bienestar económico del país, sino garantizar una infraestructura social y ambiental adecuada para que la “paz” prevalezca en la nación y no se reintegren procesos violentos. De acuerdo a estos estudios, es posible que una adecuada ejecución del proceso de post conflicto en el país genere un incremento hasta del 8,2 % en el PIB debido tanto a ahorros en seguridad, como al fomento de inversión extranjera en proyectos extractivos y tecnológicos del país (El Heraldo +Negocios, 2016).

Colombia (como la mayoría de los países tercermundistas) ha centrado desde los años 90’s su desarrollo económico en la extracción de recursos naturales (Mora, 2011), incluyendo en este ejercicio el fomento de la extracción de petróleo, minerales (carbón, oro o esmeralda) y cultivos extensivos (específicamente para producir biocombustibles o alimentos). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE (DANE, 2015), la economía del país se basa principalmente en la producción de bienes primarios para la explotación (con un aporta al PIB equivalente al 14,9 %), seguido de la producción de bienes de consumo para el mercado interno.

Colombia es el mayor importador de mercurio en el mundo (cerca de 130 toneladas/año) y el tercero en el mundo en producir emisiones de mercurio al ambiente (El Tiempo & Biogenicolombia, 2017). Según el instituto Cinara de la Universidad del Valle: “el sector extractivo explica buena parte de los conflictos ambientales del país (minería, biomasa y energía fósil)” (Chato, 2017).

Otra dimensión importante de este sector económico es la alta inestabilidad e incertidumbre de recursos en el país. Se estiman reservas de petróleo en Colombia hasta aproximadamente el 2020 según la UPME (Mora, 2011). En los últimos años, el Ministerio de Minas ha buscado compensar parte de estas incertidumbres e inestabilidades económicas (como en el sector de hidrocarburos) mediante la reducción de ingresos fiscales. Esto ha posicionado a Colombia dentro de los países menos afectados en Latinoamérica por la crisis del petróleo en los últimos años, pero como el país con menos ingresos fiscales por explotación en Latinoamérica (Chato, 2016).

Por estas razones, el modelo de desarrollo económico extractivista ha sido un tema extremadamente polémico  tanto a nivel mundial como en Colombia (Chato, 2016). De acuerdo Chato, es particular que los departamentos en Colombia donde la actividad extractiva es elevada (Casanare, Cesar y La Guajira) se registran los mayores índices de pobreza y un menor indicador de calidad de vida (Gaitan, Martínez, & Pérez, 2011). Las experiencias previas del país sobre la explotación de recursos naturales están muy ligadas a problemas sociales y ambientales graves.

Sin embargo, el Gobierno colombiano sigue aferrado al modelo económico extractivista y sigue siendo una posición oficial para el post conflicto. En palabras del Ministerio de Minas: “sin minería o hidrocarburos se ponen en riesgo la mayoría de las inversiones sociales” (Chato, 2016). Diversas fuentes nacionales e internacionales (el CINEP, las Naciones Unidas o Greenpeace) han alertado sobre los conflictos ambientales y la pobreza que ha generado al país la extracción irresponsable de recursos naturales, llegando conclusiones del calibre:

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