Negar un derecho tiene sus consecuencias

Negar un derecho tiene sus consecuencias

La entidad “provida” y su abogado buscaron evitar la interrupción de un embarazo producto de una violación. En su momento, la Corte ya había exigido que se hiciera la práctica. Ahora mandó a investigar a la ONG, al letrado y a la jueza que aceptó ese pedido.

Por Irina Hauser

La Corte Suprema ordenó investigar la conducta de una organización ultracatólica, su abogado patrocinante y una ex jueza que en octubre del año pasado intentaron impedir que se practique un aborto no punible a una víctima de una red de trata, después de que Mauricio Macri revelara el día, la hora y el lugar donde se concretaría la intervención. En aquel entonces, el propio alto tribunal intervino para destrabar y habilitar la interrupción del embarazo, invocando lo que había sentenciado unos meses antes: que el aborto está permitido tras una violación y que los funcionarios judiciales y médicos deben dejar de judicializar esos casos. En una breve pero contundente resolución sobre el fondo del caso de la chica abusada, los jueces supremos dejaron en claro esta semana que la situación de quienes obstaculizan el derecho al aborto legal no puede quedar en el aire sin consecuencias.

Los jueces supremos podían haber cerrado el caso sin decir nada, porque lo que había quedado como debate de fondo era un conflicto de competencia entre fueros, que a esta altura es abstracto. Pero en una resolución que firmaron los siete, concluyeron que era importante “desmantelar toda posible consecuencia que pretenda derivarse” de las que consideró que fueron “actuaciones judiciales deformadas” y que se sucedieron tal como se relata de aquí en adelante.

El caso de la joven que se había escapado de una red de trata donde había sufrido múltiples abusos fue relatado públicamente por Macri, quien en su momento comentó los detalles del aborto no punible que ella había pedido y que se realizaría en el Hospital Ramos Mejía. La difusión que el jefe de Gobierno dio al tema permitió que la chica fuera hostigada por grupos fundamentalistas antiaborto que se plantaron en la puerta de su casa con pancartas a gritarle “asesina”. También dio pie a las presentaciones judiciales para cuestionar su derecho a interrumpir la gestación.

Así fue como el abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Civil para la Promoción y la Defensa de la Familia, hizo una denuncia ante el juez en lo Contencioso Administrativo porteño Guillermo Scheiber, apostando a frenar la práctica del aborto. Como su planteo fue rechazado, después fue directo al juzgado civil que en aquel momento estaba a cargo de la jueza en lo civil Myriam Rustán de Estrada. El letrado omitió pasar por la Cámara del fuero –como es de rigor– para que se sortee el juez. Pero a su vez, la jueza que eligió no sólo admitió tramitar el caso sino que inmediatamente dictó una medida cautelar para impedir la práctica médica legal, que contrariaba en forma ostensible el fallo que la Corte Suprema había dictado en marzo, también del año pasado, donde avalaba el derecho de toda mujer violada a acceder a un aborto y hacerlo sin autorización ni trabas judiciales de ningún tipo. La magistrada, sin embargo, decidió explayarse a contramano y sostuvo: “Si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá hacerlo en cuanto el niño nazca, mediante el instituto de la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de la faz de la Tierra”.

Además de ser paralizada la práctica hospitalaria que la mujer esperaba, se trabó una pelea de competencia entre dos fueros que, además, habían tomado decisiones antagónicas. La chica recurrió a la Corte representada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y dijo: “Tengo 32 años, hijos, y soy una sobreviviente de explotación sexual. Como resultado de los abusos a los que fui sometida, me encuentro cursando la novena semana de embarazo. La continuación de este embarazo me está sometiendo a una situación de trato cruel, inhumano y degradante, en

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