Neoliberalismo y TLC´s en Colombia

 EL NEOLIBERALISMO Y LOS TLC EN COLOMBIA

Objetivo principal:

-  Encontrar el problema central del país en el modelo económico existente y dilucidar una posible solución general para el desarrollo de la nación.

Objetivos específicos:

- Realizar un aproximamiento a los orígenes  del Neoliberalismo en Colombia.

-Conocer a través de una aproximación histórica, el desarrollo del neoliberalismo en Colombia en su primera etapa

- Dilucidar los resultados de los T.L.C. que se han aplicado en Colombia.

- Comprender lo que implica el proceso de paz en la Colombia neoliberal.

Tabla de contenido

- Orígenes del Neoliberalismo y las medidas de Gaviria en Colombia 1986-1994 (página 3)

- Los TLC en Colombia 2014-2016  (página 6)

- La paz con medidas neoliberales (página 11)

Orígenes del Neoliberalismo en Colombia

El neoliberalismo, podría tener  origen práctico en Colombia (en simultaneidad con la elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos y a Margaret Thatcher como primera ministra de Inglaterra) durante la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990), el cual fue miembro de la junta ejecutiva del Banco Mundial e inició la integración política de los tecnócratas para guiar las políticas económicas,  la implementación de una serie de medidas privatizadoras de las empresas públicas nacionales, un política fiscal basada en la desregularización del mercado nacional asegurando una competencia ·”en igualdad de condiciones” entre empresas colombianas y extranjeras, promovió la eliminación gradual de los subsidios y ventajas mínimas que tenía el sector agropecuario e industrial en Colombia, además de iniciar con la llamada inversión extranjera para el desarrollo del país.

Haciendo gala de sus facultades presidenciales durante el estado de sitio, generó el decreto Ley 920 del 3 de mayo de 1990 para el establecimiento en concurrencia con las elecciones presidencial de lo que se llamaría popularmente como la séptima papeleta, el motivo del gobierno fue dar el paso hacia una democracia participativa,  dando así en realidad  fundamentos jurídicos al nuevo modelo económico.

Durante el mandato de Gaviria y a través de los mandatos constitucionales de descentralización del poder estatal se transformó la dependencia de poder central en las regiones del país en una autonomía regional que buscaba la autofinanciación de las regiones, en la que los barones electorales ya no dependían del nombramiento presidencial sino de elecciones en las que ya tenían asegurada la victoria por el propio poder ejercido desde antes por ellos mismos manteniendo, e incluso, aumentando su influencia.

Empero, la autonomía regional y la descentralización estatal desembocó  en el aumento de la dependencia de las regiones de las transferencias para el sostenimiento de instituciones públicas incapaces de ser mantenidas por los poderes locales por falta de presupuesto debido a la pobreza de las fuerzas productivas en muchas regiones y a su incapacidad de autogestión en gran medida por el clientelismo, que facilitó la llegada del paramilitarismo por el flujo constante de transferencias para el mantenimiento de programas aun públicos.

Mientras se establecía de un nuevo modelo político en el que los gobernadores y alcaldes fuesen electos se generaba una reorganización en el que el Estado no interviniese y permitiera la inmersión de  los privados en lo que alguna vez fueron sus funciones, acabando con el estado paternalista y generando un ahorro en el gasto público disminuyendo las labores y cargas burocráticas

Lo subrepticio del cambio constitucional se vería adelante durante la  implementación más estructurada y gradual para la liberalización del mercado,  durante la apertura económica del gobierno de César Gaviria Trujillo. Durante su gobierno, se cambió la Constitución Nacional de 1886 por la Constitución Política de 1991 la cual fomenta el avance de políticas neoliberales y de participación del sector privado nacional y extranjero en funciones de prestación de servicio que en un principio era permitido sólo para el Estado, como la de los servicios públicos y domiciliarios, se estableció la Ley 100, que permitió la mercantilización de la salud y la cada vez menor accesibilidad al sistema de democracia través de la concesión a dos empresas. No sólo se permite una participación directa sobre cuestiones que alguna vez fueron estatales, sino que además  a través de la propia constitución se establece un poder ejecutivo más fuerte.

Para el cambio de modelo económico influido transversalmente en la exportación e inversión extranjera, se hace necesario la inversión para la creación de verdaderas vías terrestres que asegurasen el transporte interno y una red vial con los países fronterizos a través del nuevo modelo de descentralización estatal, estableciendo nuevas redes viales que conectaron en su momento regiones alejadas del país y permitieron una integración social y económica con las principales urbes además de los procesos conflictivos.

Empero, mientras todas las políticas iban encaminadas a dar mayor autonomía a las regiones y municipalidades, el Estado decidió por los apagones y la crisis energética de 1992 ser un regulador centralizado para controlar el direccionamiento  a través del ministerio de minas y energía.

Las políticas del gobierno paternalista  encaminadas a la protección  que alguna vez benefició al sector agricultor y agroindustrial colombiano  son los generadores (para el gobierno del momento) de la desigualdad y la incompetencia para el desarrollo de las fuerzas productivas del país, por lo que se sustituye el intervencionismo  estatal a partir de la eliminación de subsidios y eliminación de aranceles para los productos importados. Lo anterior  conllevó  a la creación de un nuevo proceso de violencia por la quiebra de la agroindustria colombiana en grandes sectores del país por la misma apertura económica, creando la coyuntura para que el paramilitarismo y la alianza con caciques regionales no sólo se adueñara de estas tierras por la quiebra de sus dueños, establecieran grandes zonas de ganadería  y aumentaran su poder político, económico y militar, sino que además empeorara el problema de la distribución de tierras en el país.

 “Si para América Latina los potentados del Norte recomiendan a los gobiernos abandonar el fomento a la producción nacional, lo que ellos mismos practican es harina de otro costal: el gobierno de Estados Unidos gasta más de 200 mil millones de dólares al año por concepto de subsidios, menciones y promoción de productos de exportación. A través del Programa del Departamento de Agricultura, Estados Unidos le otorgó el pasado año 23 millones  de  dólares a Gallo Wine, gigantesco productor y distribuidor de vino de California, 75 millones de dólares al pulpo de los cítricos Sunkist, 17 millones a Dole Food, 11 millones a Pillsbury, 12 millones a Sun-Maid, y así a otros muchos conglomerados agrícolas. August Schumacher, jefe del Servicio Exterior del Departamento de Agricultura, declaraba: “¡Quién hubiera pensado hace pocos años que los japoneses estarían comiendo arroz de Estados Unidos, o que los mexicanos estarían importando nuestros tomates, o los franceses nuestro vino!” (Fernández, 1995)

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