ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO COMO MARCO DE PROTECCION LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES

INTRODUCCION

Desde el origen de la humanidad, debido a la necesidad innata de proveerse de medios de subsistencia, surge la necesidad de sentirse protegido. Esta necesidad se ha venido incrementando con más vehemencia con el transcurrir del tiempo, a medida que el hombre ha ido adquiriendo razón de cuales son sus derechos y deberes ante una sociedad de derecho y de justicia debidamente constituida, donde los entes de carácter público que hacen vida activa en ese territorio, deban garantizar de forma obligatoria esa premura que puede exigir cualquier ciudadano sin distinción alguna.

En este sentido, a nivel mundial la mayoría de las fuerzas policiales son organizaciones cuasi-militares, cuya principal obligación es disuadir e investigar crímenes en contra de las personas o que afecten el orden público, así como el arresto de sospechosos, e informe a las autoridades competentes. También es responsable de reportar ofensas menores por medio de citaciones que suelen terminar en el pago de una fianza, usualmente por violaciones a las leyes de tránsito. Su administración puede ser centralizada a nivel nacional, o descentralizada, con fuerzas de policía local autónomas en gran medida.

Ahora bien, los cuerpos policiales tienen como obligación primordial y de carácter universal, el proteger la vida, la propiedad, los derechos civiles y conservar el orden. Pueden tener mayores responsabilidades, pero eso depende de las leyes que organizan la policía en los países democráticos del mundo moderno. Lo importante es que la policía tenga capacidad legal, las 24 horas del día, para atender los problemas y situaciones que tal vez requieran el uso de la fuerza y la coacción o la búsqueda de soluciones verdaderamente efectivas.

Al respecto, Saín (2004), manifiesta que la doctrina policial “esta percibida como el conjunto de ideas u opiniones, preceptos éticos, legales y conceptos aceptados oficialmente y en los cuales se fundamenta la labor policial, integrando principios sobre su función institucional, los fundamentos filosóficos y legales del Derecho Policial vinculado a la defensa de los derechos humanos, la ley, el orden y la seguridad”. De esta forma, la doctrina civil y de respeto al pleno desarrollo profesional del policía precede y sustenta los conocimientos y conceptos teórico-prácticos sobre la Seguridad ciudadana, los órdenes interno y público.

Por su parte, en el continente suramericano, específicamente en Venezuela la función policial es de carácter preventivo consiste en actuar de forma vigilante para evitar la posible acción delictiva. Es decir, intervenir sobre los factores que favorecen o promueven el delito de manera continua e ininterrumpida. Es por ello, que la prevención policial busca evitar: primero que las personas se conviertan en víctimas, segundo el surgimiento del delincuente, y tercero el surgimiento del delito y su reincidencia o reiteración. No obstante, algunas veces la labor preventiva conlleva acciones como la identificación de personas o el control de vehículos que pueden considerarse limitadores de los derechos y libertades.

En nuestro país, existe la policía uniformada la cual se encuentra estructurada en tres niveles (nacional, estadal y municipal) indistintamente cual sea su estructura organizativa la función sigue siendo la misma para todas, lo estatuido en artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (LOSPCPN), así como también, en artículo 4 de la Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFPOL), las cuales son normas rectoras del funcionamiento, organización y estructura como ente de la administración pública.

En suma a esto, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), como Alma Mater en materia de seguridad en nuestra República, ha creado un currículo de formación para hombres y mujeres que aspiren integrar los cuerpos policiales en determinado Estado, los cuales al egresar de tan distinguida institución deberán tener un sentido ético, transparentes, confiables, eficaces, abiertos a la participación popular, a la contraloría social, a la rendición de cuentas y al servicio del pueblo venezolano, ajustados al cumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas, que contribuyan al desarrollo integral y soberano de la nación.

Al respecto, surge en Venezuela lo que es conocido como el nuevo modelo policial, el cual esta enmarco en contar de manera permanente con hombres y mujeres profesionales en el ámbito de la seguridad publica, con una profunda sensibilidad social, para proteger a las personas y sus derechos, promover la convivencia y velar por el bien común, al estar comprometidos con el cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico y con el desarrollo soberano de la Patria, sobre la base de la ética socialista.

Ahora bien, las leyes que rigen el funcionamiento policial como órgano de seguridad pública del estado venezolano, han sido discriminatoria al momento de garantizar los beneficios en materia laboral, puesto que es claro, que la novedosa Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) en su artículo 5, excluye al funcionario policial de gozar los favores que ella provee a los trabajadores, pero también es clara en manifestar que referidos favores no deber ser inferiores a los que gaza un trabajador normal, al fin de cuenta, los funcionarios policiales indistintamente su nivel, también son trabajadores de la administración pública de Venezuela y por ende tienen los mismos derechos.

Por otra parte, el régimen disciplinario que se le aplica al policía en el cumplimiento de sus funciones, es diferente. Sin embargo, es importante resaltar que el funcionario policial-como el militar- tiene derecho al debido proceso, tanto judicial como administrativo. Para que un policía sea sancionado administrativamente por sus superiores, tiene que hacerse de conformidad con las disposiciones legales. Un policía para ser sancionado en forma escrita o destituido tiene que dársele garantía al debido proceso; notificarle los cargos; derecho a la defensa; a promover pruebas; presunción de inocencia y finalmente, toda sanción tiene recurso administrativo y jurisdiccional. La sociedad debe abogar por un buen sistema de seguridad social, para los guardianes de la ciudad.

Planteamiento del Problema

Desde el principio de la humanidad la desigualdad de los derechos y deberes sociales en el ser humano, han sido visibles a la mirada complaciente de los organismos que rigen las normativas de convivencia en una sociedad, aun en la época de Roma que es de donde emerge la fuente primordial del Derecho Público, era perceptible la forma en que eran tratados aquellos trabajadores que no pertenecían a cierto extracto social y la

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