PENA DE MUERTE, EL CASTIGO MÁS JUSTO.

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ENSAYO PENA DE MUERTE EN COLOMBIA

LORENA CARDENAS

MICHAEL MALAGON

UNIVERSIDAD DE IBAGUE EN CONVENIO CON

COREDUCACIÓN

DERECHO

HONDA-TOLIMA

2017

PENA DE MUERTE, EL CASTIGO MÁS JUSTO.

A lo largo de este año se han conocido innumerables casos atroces de homicidio en Colombia. A su vez, las acciones violentas e inhumanas a las que ha sido sometida la infancia del país son claramente rechazadas por la sociedad la cual se ve afectada;  ya que las víctimas en muchos de sus casos son vulnerables e indefensas. Por consiguiente, tras esta serie de actos se abre una puerta nuevamente al debate sobre la pena muerte en Colombia para quienes cometan delitos crueles contra menores de edad particularmente. Por otra parte, diferentes funcionarios buscan promover una reforma constitucional para aplicar condenas más severas para este tipo de victimarios. Es común que la injusticia y la impunidad predominen en muchos casos o inclusive que se apliquen penas inferiores a las merecidas por este tipo de acciones; por esta razón hay quienes  apoyan la implementación de esta sanción, en búsqueda de un castigo aún más justo con respecto a las actuales penas establecidas en la ley colombiana. Para lo cual será necesaria una Asamblea Nacional Constituyente que permita un endurecimiento ante estos actos a condición de  imponer el castigo de la pena de muerte para casos especiales que se definan por determinados factores que especifiquen diferentes niveles de gravedad. Ante este posible escenario, se hace necesario que existan reglas y mecanismos que auditen este tipo de decisiones para que tales no lleguen a ser injustas o manipuladas por casos de corrupción. Por otra parte, la constitución actual, algunos funcionarios del gobierno y parte de la sociedad colombiana encuentran inviable disponer de la vida de las personas ya que es considerado un atentado contra la humanidad como Rivera (1992) afirma: “Es preferible aumentar las penas, que sean más drásticas y acordes con un régimen penitenciario especial y efectivo” (s.p.). De otro lado, existe un gran porcentaje de la sociedad que apoya la pena de muerte  ya que  existen individuos que no son capaces de denunciar tales actos por temor a la impunidad, por lo que “la pena de muerte produciría una reacción inmediata de la población, que empezaría a delatar a los delincuentes…. Hoy, la gente le tiene temor a la impunidad porque sabe que si señalan a los responsables, éstos salen muy pronto de las cárceles a vengarse”. (“PENA DE MUERTE: SÍ O NO”, 1992 s.p.). Además, Debido a la poca reducción de este tipo de crímenes se puede imponer esta clase de medidas para decrecer tales cifras.

 La criminalidad en Colombia ha aumentado en estos últimos años especialmente en la niñez. Sobre todo, según El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) se han presentado por lo menos 122 casos de acceso carnal violento y feminicidio en la infancia en el 2016. Además cabe recalcar, que solo en el año anterior se registraron 605 homicidios contra mujeres en Colombia; las mujeres más afectadas se encuentran en un rango de edad entre  los 20 y los 29 años. De manera que, estas tasas de criminalidad cada vez son más altas y las victimas más vulnerables. Por otro lado, se ha propuesto tomar medidas drásticas contra este tipo de victimarios como lo son la castración química, la cadena perpetua y la pena de muerte. Plazas (2014) afirma que “las sanciones deben ser más fuertes y se instaure la cadena perpetua en el país en el caso del abuso sexual” (s.p.). Como resultado, no se ha podido aprobar ninguna de estas penas y los índices continúan en ascenso. Plazas (2015) afirma que “la violencia sexual es un delito invisible, Colombia debe enviar un mensaje claro y contundente” (s.p.).  Por otra parte, Lavara (2009) expone que “más vale salvar la vida de un inocente a la de un secuestrador quien ha matado y probablemente seguirá matando” (s.p.). Como se ha dicho, es necesario aumentar la pena para este tipo de delincuente y garantizar la justicia dando a cada quien lo que le corresponde, en este caso al criminal lo que se merece. Además,  está el hecho del hacinamiento en las cárceles, donde las personas que son enviadas a estas deben ser sostenidas mediante los impuestos de los colombianos. Al contrario, estos fondos pueden ser invertidos en diferentes ámbitos como en la educación y la niñez ya que este último es el sector más afectado o ¿es justo que se pague, sin tener en cuenta la cantidad, para mantener a un delincuente sabiendo que cometió un crimen tan grave?

En efecto, la pena de muerte en el estado colombiano es inviable porque está establecido como un derecho fundamental de la constitución. Por tanto, es necesario convocar una asamblea nacional constituyente para promover esta iniciativa, debido a que la sociedad está en constante desarrollo y los deberes y derechos van evolucionando. De la misma manera, los actos punitivos progresan en sentido perverso y cada vez son más inhumanos. Como resultado, con estas penas se busca reducir el número de víctimas inocentes e indefensas provocadas por estos criminales, que de continuar con vida se podrían convertir en un mayor perjuicio para la sociedad y ocasionarían más daño del que ya han provocado. Así mismo, se pueden hacer modificaciones con respecto a crímenes determinados y con mecanismos especializados para que el cumplimiento sea verídico y justo. Además, Valencia (1992) expone:

Se pide modificar el acto legislativo número 3 de 1910 porque es notoria la multiplicación de los delitos comunes más graves, sobre todo de los delitos de sangre.... Y se explica el restablecimiento de la pena de muerte como ejemplar castigo para contener la ola de criminalidad que tiene sobresaltado al país (s.p.).

El siguiente aspecto trata de la impunidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal (INMLCF) que concluyó que entre 2014 y 2016 el promedio de mujeres asesinadas en el país fue de cuatro al día. De esos asesinatos, al menos el 2.6 % fueron casos de feminicidio porque están relacionados con violencia intrafamiliar, en el otro 1% no se reconoce al agresor y el 0.4% fueron asesinatos enmarcados en el conflicto armado y la delincuencia común. Además de esto, la violencia sexual aumentó en un 277,78%, provocando que el 2016 haya sido el año con mayor índice de violencia contra las mujeres en los últimos 20 años, con un total de 970 feminicidios; mientras que en lo transcurrido del 2017 van 35 asesinatos reconocidos. Así mismo, la Fiscalía General de la Nación (FGN) también reveló que en los últimos diez años se han abierto 34.571 procesos relacionados con feminicidio y solo se han condenado 3.658. Es decir, en Colombia el asesinato de mujeres tiene una impunidad cercana al 90%. Hay que mencionar, además que en muchos de los casos las victimas acuden al estado para denunciar o solicitar medidas de protección y este en muchas ocasiones no hace lo necesario para garantizarlas. Más aun, las autoridades encargadas tampoco aseguran que se haga justicia frente a este tipo de crímenes, es decir, incluso después de la muerte el estado re victimiza una y otra vez a los afectados al no tomar medidas, no dar respuestas claras, no resolver los casos, no dictar condenas y permitir que este tipo de violencia se siga presentando. Al mismo tiempo, la corrupción es un factor importante que perjudica el buen sentido de justicia, ya que muchas de sus decisiones se toman con argumentos influidos por terceros en beneficio del mejor postor. Con esto quiero decir que el estado está en la obligación de garantizar el debido proceso, de respetar la debida diligencia que obliga a las autoridades a indagar los antecedentes de violencia a los que ha sido sometida la victima antes de su muerte y cumplir con las medidas preventivas que eviten este tipo de crímenes en la sociedad. Ahora bien, muchas veces la justicia se desvía por el tipo de victimario ya que los de mucha influencia tienden a tergiversar la justicia a su conveniencia. Dicho lo anterior, el tráfico de influencias es un ejemplo de que la justicia no aplica igual para todos, algunos jueces actúan arbitrariamente a favor de estas personas y retrasan los procesos jurídicos. De manera que logran vencimiento de términos o toman decisiones no ajustadas a la ley, incurriendo en el delito de prevaricato por acción u omisión, delito que generalmente no es denunciado. Balzac (s.f.) “expresa que las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas” (s.p.).

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