PROPUESTAS EN MATERIA INDIGENA A LA CONFERENCIA MUNDIAL DE ONU 2014

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1. Acceso a la justicia.

Antecedentes

Una de las viejas demandas de los pueblos indígenas tanto en lo individual como en lo colectivo,  ha sido el “Acceso a la Justicia” entendido, no sólo como la acción que procure un debido proceso en el ámbito penal, sino como todo un sistema que garantice los derechos de los pueblos indígenas.

El ejercicio de este derecho asegura que en todos los juicios y procedimientos en que los indígenas sean parte, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, además de contar con un intérprete y defensor con conocimiento de su lengua y cultura.

La Suprema Corte de Justicia de nuestro país se ha pronunciado respecto al tema. En el año 2013 elaboró un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, que busca ser una herramienta que auxilie a los juzgadores adecuándose al marco nacional e internacional en la materia.

Es de reconocer la voluntad y acciones del Estado en la persecución del bien común como mandato del pacto social; sin embargo, a pesar de los avances legislativos sigue siendo preocupante la situación que impera en materia de acceso a la justicia para las personas pertenecientes a un pueblo indígena.

Propuestas

• Garantizar el acceso a la impartición de justicia en las comunidades indígenas, respetando los sistemas normativos internos. Por lo que las autoridades responsables del ejercicio de la justicia deben aplicar la ley de manera expedita, castigar a los verdaderos responsables y evitar la corrupción imperante. De la misma forma, aplicar sanciones penales y civiles a funcionarios que violen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
• Celebramos  la construcción de protocolos de actuación para la procuración de justicia que involucre a personas, comunidades o pueblos indígenas, sin embargo se deben desarrollar una normativa expresa a través de leyes reglamentarias.
• La ONU debe instar a los Estados parte, para que no sólo ratifiquen los convenios y tratados internacionales, sino para que también se generen mecanismos para garantizar  los derechos de los pueblos indígenas, en particular, el derecho de acceso a la justicia.
• La ONU debe continuar con la solicitud de manera periódica a los Estados parte, informes sobre los mecanismos aplicados para garantizar el acceso a la impartición de justicia en las comunidades indígenas, respetando los sistemas normativos internos.

2. Derecho a la consulta.

Antecedentes

El derecho a la consulta indígena garantiza nuestro derecho a la libre determinación como pueblos y comunidades. Si bien es cierto que México cuenta ya con un marco jurídico para promover la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre su desarrollo, expresado en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, este derecho ha cobrado mayor trascendencia.

Tan es así, que México cuenta con un Protocolo aprobado por representantes indígenas  para la implementación de consultas a pueblos y comunidades de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Dicho Protocolo es un instrumento que tiene como objeto garantizar un proceso de diálogo intercultural mediante procedimientos o mecanismos adecuados para ejercer el derecho a la consulta libre, previa e informada con el objeto de llegar a acuerdos y consensos en las comunidades indígenas, con respeto a sus propias instancias de gobierno antes de que se legisle o se lleven a cabo en sus tierras y territorios obras públicas o mega proyectos de alto impacto que pudieran afectar su vida comunitaria y sus recursos naturales; y cuando se diseñen programas y medidas administrativas que pudieran afectarles directamente. No obstante las acciones afirmativas y colaborativas del gobierno, así como las experiencias de éxito que se tienen en esta materia, consideramos importante:

Propuestas

• Que los Estados Nación aprueben en sus Constituciones el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, y la consecuente aprobación de Leyes Secundarias que lo implementen.
• Generar estrategias para garantizar que se realice un proceso de consulta y se respete el derecho al consentimiento, en todos los casos en los que sea necesario según lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT; y para que haya una correcta aplicación de los protocolos de actuación y/o de la reglamentación vigente.
• Generar y aplicar programas de capacitación a funcionarios públicos y a las comunidades indígenas en materia de consulta y consentimiento.
• Instar a que se garantice que todas las consultas indígenas cumplan con las condiciones básicas siguientes: que se lleve a cabo previo la medida que se pretende impulsar; que sea libre; que se realice de buena fe y a través de las autoridades tradicionales; que se respeten las instituciones y los tiempos de cada pueblo; por último, que exista un mecanismo adecuado y eficaz para el cumplimiento puntual y el seguimiento de acuerdos que incluyen, en su caso, medidas de compensación y/o mitigación.

3. Igualdad de Género.

Antecedentes

Desde hace varias décadas la ONU ha impulsado diferentes acciones que buscan elevar la condición y el papel de la mujer en las sociedades actuales. Por ello, sabemos que uno de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio es la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece esta temática como compromiso, no sólo en el aspecto moral, sino como un objetivo fundamental para el progreso humano, lo que repercutirá en un mayor bienestar y prosperidad para todos.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer para mejorar los índices de marginación y exclusión de las mujeres, tanto en la educación, la salud, el trabajo remunerado y en la toma de decisiones en sus comunidades y países. En México, el PND 2013-2018 tiene como Estrategia Transversal, la perspectiva de género que permea en las 5 Metas Nacionales, como un principio esencial y fundamental para garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres.

Propuestas

• Que los Estados impulsen políticas públicas que visibilicen  la importancia del papel de la mujer indígena en todos los espacios de la vida comunitaria y sensibilizar a los servidores públicos sobre la relevancia de apoyar iniciativas surgidas de las mujeres indígenas.

• Generar políticas de atención para prevenir, disminuir y erradicar la violencia intrafamiliar y de género; e impulsar aquellos programas que apoyen a las mujeres indígenas maltratadas.
• Impulsar el trabajo de la mujer dentro de las comunidades indígenas, a través de programas y proyectos de desarrollo que fomenten la organización, la producción, la seguridad alimentaria de la familia y la comercialización, con un enfoque intercultural y de equidad de género.
• Continuar con las campañas de educación sexual y reproductiva para prevenir los embarazos en las adolescentes indígenas, las infecciones de transmisión sexual, el cáncer intrauterino y de mama, así como la salud materno-infantil.
• Impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres indígenas con perspectiva de género para el conocimiento, ejercicio y exigibilidad de sus derechos.

4. Combate a la Discriminación.

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