Panamá

El tema no estaba en la agenda de la VII Cumbre de las Américas. Su debate había comenzado en la VI Cumbre –sin estar en el temario oficial, al que poco suelen referirse los presidentes–, gracias a que el país anfitrión insistió en la necesidad de adelantar un balance informado sobre la política de drogas y sus alternativas.

En Panamá, el presidente Santos señaló cómo el haber generado en Cartagena un espacio de diálogo franco entre los mandatarios sobre los temas más álgidos del hemisferio –Cuba y drogas– los había hecho avanzar. Y el presidente Otto Pérez Molina destacó cómo se habían profundizado esos avances en las dos asambleas de la OEA realizadas en su país. En su opinión, la declaración de Antigua y la resolución de Guatemala modificaron “la aproximación al problema al colocar a la persona humana y no a la sustancia al centro de los esfuerzos de la formulación de la política”.

De paso hacia Panamá, Barack Obama estuvo en Jamaica, donde un rastafari lo interrogó sobre la legalización de la marihuana. El Presidente reconoció que en unos casos está planteada la despenalización y en otros, la legalización, aunque señaló que no prevé “que a corto plazo el Congreso vaya a cambiar la ley federal”. Y agregó: “Creo firmemente que el camino que hemos tomado en Estados Unidos en la llamada ‘guerra contra las drogas’ ha puesto demasiado énfasis en la represión y el encarcelamiento, y eso ha sido contraproducente”. Importante reconocimiento.

Aunque su administración ha optado por no involucrarse en un tema que ha marcado duramente la relación hemisférica, varios referendos realizados en diversos Estados o ciudades de la Unión han flexibilizado la política de drogas, y de parte del gobierno federal existe un creciente énfasis en programas de salud e instrucciones a los fiscales de no enviar a prisión a consumidores o a microdistribuidores (lo que en el 2014 permitió disminuir en EE. UU. la población carcelaria).

Al irse rompiendo la camisa de fuerza impuesta por Washington para enfrentar la producción, el tráfico y el consumo de drogas, varios gobiernos latinoamericanos y caribeños también han comenzado a tomar medidas de acuerdo con sus propias realidades políticas, económicas, sociales y culturales, así como a experimentar estrategias de reducción de riesgos y daños. Entre tanto, en la Celac y Unasur el diálogo sobre esa temática no avanza.

Las iniciativas estaduales o nacionales son importantes, pero no son suficientes para encarar la redefinición de la política de drogas. La reciente cita hemisférica no profundizó en esta discusión, a pesar de que estamos ad portas de la sesión especial de Naciones Unidas sobre drogas, Ungass 2016, en la cual las Américas podrían partir de los acuerdos ya alcanzados en la OEA, que les brindan, por primera vez, la posibilidad de llevar una posición

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