Pena De Muerte

Pena de Muerte

La Constitución Política de la República de Guatemala, afirma que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la Vida. Se establece además que el derecho a ella es por el simple hecho de ser una persona humana y el estado la garantiza y protege desde la concepción, así como su integridad y seguridad; sin embargo más adelante la propia Constitución hace referencia a la pena de Muerte la que no podrá imponerse en los casos siguientes:

a. Con fundamentos en presunciones.

b. A las mujeres.

c. A los mayores de sesenta años.

d. A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos.

e. A los reos cuya extradición haya sido concedida bajo esta condición.

El código penal tiene establecida esta pena para los delitos de HOMICIDIOS CALIFICADOS, como el parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, cuando en el hecho concurran circunstancias que revelen una peligrosidad. Así mismo se impondrá esta pena por el delito de Violación Calificada, secuestro.

En el Pacto de San José, todos los países que lo ratificaron, establecieron que los países en los cuales no estaba contemplada la pena de MUERTE, se comprometían a no imponerla y los que ya la tenían, a no extenderla a otros delitos que no la señalaran al momento de la ratificación del convenio.

TENDENCIA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

Es tendencia mundial la abolición de la pena de muerte, pero el debate en torno a ella ha sido constante y nunca puede decirse que se ha dicho la última palabra al respecto, porque en situaciones de grave alarma social, reaparece el tema en losdiferentes sectores de opinión pública. Y son muchos los que consideran que se debe acudir a aplicarla como respuesta a hechos especialmente repudiables, frente a los cuales se manifiestan visceralmente los deseos de venganza de las víctimas.

Las muestras de argumentos en contra de la abolición son sobradamente conocidas y giran en torno a la retribución pura y simple, o bien al efecto intimidatorio que produce la pena capital y que nunca ha podido ser demostrado plenamente. Pero con independencia de que este ultimo se considere o no probado y de que se acepte o no la extrema retribución, los argumentos principales del abolicionismo ponen de manifiesto que, además de ser una pena irreversible en casos de error judicial es, por definición, contraria al principio de humanidad de las penas; el Estado no puede, fría y calculadamente, poner sus instituciones al servicio de la privación de la vida de un ciudadano con la pretensión de compensar la muerte que este haya ocasionado, reproduciendo en el condenado el mismo mal que este haya causado. Por todo lo anterior, las voces abolicionistas se han seguido alzando en contra de la permisión constitucional de la pena de muerte. Se dice que, con la existencia la pena capital, supone añadir una irracionalidad mas a la acción del Estado contra el delincuente.

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