Políticas Públicas en América Latina – Teoría y Práctica

Políticas Públicas en América Latina – Teoría y Práctica

En aras de fortalecer las funciones inherentes al Estado, específicamente en América Latina, el texto nos muestra un análisis de cómo la economía influye negativamente en una sociedad sin leyes.

Eh allí la importancia de la vinculación entre la normativa y respectiva regulación que debería ejercer o ejecutar en su defecto el Estado.

América Latina está orientada a prácticas de regulación en la región con leyes que impiden el desarrollo formal en “empresas potencia”, muchas restricciones y normativas, en su mayoría son imputadas al ente rector, haciendo a un lado la estructura impuesta de forma implícita por el mercado.

El mercado y la libre competencia sin normas o regulaciones modificarían la conducta de una sociedad, abriendo paso a los límites, formas, normas y sanciones provenientes del Estado, pues se supone “las normas las establece el gobierno”.

De esta forma es posible un proceso de cambio, de implicación social, donde bien puedan reinar las normas formales e informales. Siendo las primeras las emanadas por el Estado para el bien colectivo establecido por el gobierno en conjunto y las informales las nacidas en sociedad, acordadas por grupos, o como bien menciona el autor “las que establece el narcotráfico”.

Ahora bien, en la economía es casi obligatorio que sea el Estado quien norme y regule para distribuir los recursos de la Nación de forma eficiente e igualitaria. Tal cual lo indica “la teoría de interés público”, evitando las ineficiencias propias de una falta de recursos, una mala asignación o un derroche de los mismos.

Creando las fallas asociadas al “Estado ineficiente”, a través de un monopolio que evita la diversidad en el mercado productivo o en su defecto creando o induciendo un monopolio artificial con regulaciones o patentes excesivas a favor de una sola parte, erradicando las posibilidades que podrían corresponder al resto del sector empresarial.

Podría también darse una duplicación de recursos y una regulación excesiva de precios y tarifas; erradicando el incentivo, la innovación y la competencia.

Las políticas públicas en América Latina requieren de bienes públicos donde los usuarios consuman y disfruten por igual de determinados servicios tales como: el transporte público y el servicio telefónico, pero dando cabida a la no exclusión y su método. Siempre con el “riesgo moral” latente debido al cambio de conducta del consumidor o en el caso social de los integrantes de una comunidad o quienes hacen vida en determinado territorio pues los requerimientos bien podrían variar si existiese alguna selección adversa o incertidumbre en cuanto a la calidad de la prestación de algún servicio.

Teniendo en cuenta que siempre en función del beneficio de la mayoría se debe intervenir y regular formal o informalmente para mantener un “orden”.

Cuando de distribución de cargas hablamos, se supone el Estado aplica sanciones equivalentes o proporcionales a la actividad económica o la corresponsabilidad desarrollada requerida; pues ya sean sanciones o exigencias las mismas pueden variar en función del beneficio o daño que genere en las mayorías; creando instrumentos de regulación pertinentes a cada sector pero que a su vez en líneas generales puedan modificarse en función de su aplicación.

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