Posicionamiento De Fundar, Centro De Análisis E Investigación, Frente A La Iniciativa De Reforma Hacendaria Presentada Por El Gobierno De Enrique Peña Nieto Al Congreso De La Unión.

México se encuentra en una coyuntura histórica en la cual, a través de la acción decidida del Estado y de la intervención y guía solidaria de la sociedad, podría mejorar significativamente la realización de los derechos humanos para todas las y los mexicanos y, simultáneamente, sanear sus finanzas públicas. El tamaño de la economía mexicana, el grado de desarrollo de algunas de sus instituciones y la capacidad social de generar riqueza son sólo algunos, entre una amplia gama de factores claves, que nos permiten hacer la afirmación anterior. Sin embargo, cuando revisamos indicadores sobre la acción del Estado para cumplir con su obligación de generar mayor equidad en la sociedad mexicana, encontramos una serie de carencias que podrían explicar por qué nuestro país no ha alcanzado el grado de desarrollo que corresponde con su potencial.

Uno de los principales retos que enfrenta el gobierno mexicano para poder cumplir con la garantía de todos los derechos humanos para toda la población es la baja tasa de recaudación, problema estructural de la economía y sistema político mexicanos desde hace poco más de tres décadas. México presenta una de las más bajas tasas de recaudación de América Latina y de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 2010 presentó una recaudación de 18.8 puntos porcentuales de su producto interno bruto (PIB)[1], la tasa más baja entre todos los integrantes de la OCDE y la quinta más baja de América Latina. Sin embargo, si descontamos los ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos por parte de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la recaudación mexicana desciende a un 14.1[2] por ciento del PIB para 2010, quedando como la cuarta más baja de América Latina. Es importante subrayar este hecho: desde principios de la década de 1980, el sistema fiscal mexicano ha generado una gran dependencia con respecto a los ingresos petroleros. A los mismos no se les ha considerado como lo que son: recursos extraordinarios provenientes de una fuente finita, cuya explotación merma paulatina y constantemente la riqueza de futuras generaciones de mexicanos. Estos recursos han llegado a representar hasta la tercera parte de los ingresos del gobierno federal, se ha echado mano de los mismos para financiar, no proyectos de desarrollo con visión a mediano y largo plazo –el uso más razonable que se le puede dar a los ingresos extraordinarios–, sino el gasto corriente del Estado mexicano que debería ser cubierto por una recaudación fiscal sana.

Por otra parte, una de las principales explicaciones sobre por qué México no logra desplegar su potencial y alcanzar la garantía plena de derechos humanos para toda su población, se encuentra en una gestión macroeconómica que ha privilegiado la estabilidad sobre el crecimiento equitativo. Autores como Gerardo Esquivel han señalado cómo la persecución de la estabilidad económica ha jugado en contra del crecimiento sostenido:

(…) la política económica en México se maneja, prácticamente, con un ‘piloto automático’ que depende de factores exógenos, concretamente la economía norteamericana y que, por otra parte, tiene un carácter de tipo procíclico en materia de política fiscal o que puede exacerbar los efectos negativos de choques exógenos mediante las decisiones de política monetaria[3].

Además de la falta de crecimiento económico sostenido a lo largo de las últimas tres décadas, el país tiene alto grado de desigualdad social. Una parte de las y los mexicanos viven en condiciones materiales similares a las de las y los ciudadanos de los países más ricos del mundo. Algunos, inclusive figuran entre las personas más acaudaladas del planeta. No obstante, esta situación de privilegio es para una minoría y coexiste con una realidad de pobreza endémica en la cual se encuentran 53.3 millones de personas, mismas que no pueden gozar de los derechos que les garantiza la Constitución[4]. Además, el Estado tampoco proporciona los incentivos económicos necesarios para garantizar que estas personas puedan adquirir las herramientas y habilidades que les permitirían tener mejores condiciones de vida a través del acceso a trabajos bien remunerados.

La política fiscal mexicana no contribuye, como en otros países, a reducir la desigualdad. En México, el índice de Gini prácticamente no se modifica antes y después de la recaudación fiscal[5]. Lo anterior indica que la intervención estatal, por medio de la política hacendaria, no contribuye a redistribuir la riqueza generada en el país, que actualmente se concentra en los deciles más beneficiados por el acomodo macroeconómico, y no fluye hacia quienes se han visto más perjudicados por el mismo; a diferencia de otros Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las condiciones de desigualdad social en México permanecen estables tras la intervención del Estado[6]. Los impuestos no se cobran bajo los principios de equidad y proporcionalidad a los que se refiere la fracción IV, del artículo 31 de la Constitución, y el gasto público no puede garantizar que se realicen los derechos sociales consagrados en el texto constitucional.

El planteamiento que ha hecho el Ejecutivo Federal de aumentar distintos impuestos y que modificará el pacto fiscal que hemos construido en México puede reducirse, parafraseando a Lasswell, a la siguiente pregunta: ¿quiénes pagarán más impuestos para que quiénes reciban cuánto y cómo?[7] En las últimas décadas, el gobierno mexicano, al igual que el gobierno de gran parte de los países de América Latina, obtiene sus recursos a partir de dos fuentes: el cobro de impuestos indirectos (impuestos al consumo, por ejemplo) o cobros extraordinarios a la extracción de materias primas. Sin embargo, presenta un descuido sistemático en lo que respecta al cobro de impuestos sobre ingresos, utilidades y ganancias de capital.

Si se estudian las políticas de los Estados que mejor garantizan los derechos humanos de su población, puede observarse que en todos ellos existe un acuerdo público para lograr que la mayoría de las personas tengan acceso a las mejores condiciones de vida posible. Quizá uno de los modelos de Estado que mejor ha logrado la garantía de los derechos sociales de la mayoría de la población que vive en su territorio ha sido el modelo de Estado de Bienestar, el cual se caracteriza por presentar un sistema de cobertura social mediante el cual se asegura el acceso de toda la población a bienes y servicios para la realización de distintos derechos. Este sistema se sostiene a partir de la redistribución de recursos acumulados en el ápice de la pirámide socioeconómica a partir de una política de recaudación progresiva

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