Prevención social de la violencia y la delincuencia para personas Adolescentes

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INTRODUCCIÓN

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Para Adolescentes nos dice en su artículo 250 que la prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia así como a combatir las distintas causas y factores que la generan dentro del grupo social de adolescentes, tomando en cuenta los factores de riesgo, los principios que llevan a cabo, así como criterios para la prevención de la delincuencia y la violencia.

DESARROLLO

Existen distintos conceptos para definir a un adolescentes, el más genérico es contemplar esta etapa desde los doce hasta antes cumplidos los dieciocho años, donde están en busca de una identidad personal, relacionándose en su entorno en algún grupo social donde se sientan aceptados, esto influye bastante en el lugar en el que residan, ya que si su entorno está bajo circunstancias vulnerables y en peligro, es probable que puedan ser propensos a la violencia y delincuencia. Los programas diseñados para la prevención de delitos por parte de los adolescentes buscan la prevención de estos si privarlos de sus plenos derechos y que su desarrollo personal no sea interrumpido por las condiciones en las que se encuentran. Para ello existen 3 tipos de prevención del delito por parte de los adolescentes:

-Prevención primaria: Son medidas de tipo universales, es decir, antes de que los adolescentes sometan los delitos, incluyéndolos en programas de tipo educativos desarrollando sus habilidades, en deportes o culturales.

-Prevención secundaria: Son medidas más específicas, en la cual los adolescentes ya se encuentran en mayor riesgo de cometer un delito, es decir, falta de apoyo familiar, inmersos en las drogas o no están continuando sus estudios.

-Prevención terciaria: Una vez que ya han cometido algún delito, estas medidas son utilizadas para que no recaiga y vuelva a cometer algún ilícito.

Para ello se deben tener en cuenta diversos criterios; el apoyo de los tres niveles de gobierno para la implementación de programas y seguimiento de los mismos, en los cuales debe estar inmerso en la prevención de delitos haciendo como principal objetivo a los adolescentes que se encuentran en mayor riesgo, sus familiares y comunidades, asignando mayor recurso a estos programas para que su seguimiento sea frecuente de manera transparente y con rendición de cuentas en su actividades para el proyecto, siempre respetando sus derechos humanos y vinculando estrategias nacionales e internacionales.

Las políticas públicas implementadas por los tres órdenes de gobierno deberán incluir la creación de oportunidades a los adolescentes para una mejor participación en la vida social, teniendo como prioridad a aquellos que están en una situación más riesgosa y con tendencias a participar en algún ilícito, reduciendo sus motivos para realizarlos. Los programas dedicados a la prevención de la violencia y la delincuencia por parte de los adolescentes deben tener un debido análisis  para mejorar la comprensión de los comportamientos de los adolescentes, delimitando obligaciones por parte de los tres niveles de gobierno y que debe realizar cada uno para que sea exitoso, en el cual también deben tener participación organizaciones no gubernamentales en conjunto con el gobierno, para implementar mecanismos en la prevención y seguimiento de los programas, y que su eficacia sea pronta.

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