¿Qué es la corrupción?

¿Qué es la corrupción?]

En el latín es donde podemos establecer que se encuentra el origen etimológico del término corrupción. En concreto, emana del vocablo “corruptio”, que se encuentra conformado por los siguientes elementos: el prefijo “con-“, que es sinónimo de “junto”; el verbo “rumpere”, que puede traducirse como “hacer pedazos”; y finalmente el sufijo “-tio”, que es equivalente a “acción y efecto”.

Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales.

La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Por ejemplo: “No debemos tolerar la corrupción de nuestras tradiciones por presiones extranjeras”, “Las declaraciones del ministro contribuyen a la corrupción del acuerdo de paz”.

En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima: “Los casos de corrupción de este país han llegado a las primeras planas de los diarios del mundo”, “El ex presidente será enjuiciado por corrupción en la compra de un avión”, “Me encargaré de perseguir la corrupción para que no haya ningún escándalo en mi gobierno”.

De acuerdo con el sistema de análisis desarrollado por Robert Klitgaard, puede esperarse que la corrupción aumente con el grado de ineficiencia en el cual se desarrolla la actividad de las instituciones, con la discrecionalidad de los funcionarios, con el grado de monopolio sobre los servicios que prestan, con los ingresos que pueden obtenerse en las actividades corruptas, con una baja probabilidad de ser descubierto, con unos bajos castigos para las actividades corruptas y con una baja sanción social sobre los individuos corruptos. 

INEFICIENCIA
Esta es, probablemente, la causa más importante de la corrupción. La ineficiencia reduce la calidad del servicio que las entidades prestan al público y, por consiguiente, crea estímulos tanto para que cliente ofrezca dinero a cambio de la obtención del servicio como para que el funcionario se involucre en este tipo de transacciones. La ineficiencia está asociada a la carencia o el pobre funcionamiento de los sistemas de planeación y control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas, establecer las responsabilidades y aplicar los castigos. 
Un estudio completo de la ineficiencia en el sector público colombiano va más allá de los propósitos de este informe, pero algunas de sus causas y manifestaciones identificadas en el pasado merecen ser mencionadas: 
El gobierno se ha sobre extendido en sus funciones. En el pasado, el Estado asumió responsabilidades sobre la provisión de un número demasiado grande de bienes y servicios que no podía cumplir en la forma apropiada. Como resultado necesario, esas funciones se han cumplido con bajos niveles de eficiencia y eficacia. 
tanto los funcionarios de primer nivel en las entidades como las políticas de las instituciones son muy inestables. El frecuente relevo de directores lleva a que los cargos de mayor responsabilidad sean ocupados por personas de su confianza, lo que trunca las posibilidades de ascenso de los empleados que han permanecido mayor tiempo en las entidades. A su vez, esto lleva a la idea extendida entre los empleados medios y bajos de que la calidad de la gestión no es importante, pues los resultados no tienen posibilidades de salir a la luz ya que serán borrados por una administración diferente, que necesariamente llegará pronto con nuevos planes y prioridades. Las entidades públicas ofrecen escasos incentivos para el desarrollo profesional de los funcionarios en general. La primacía de los criterios políticos en la selección del personal y en la asignación de los ascensos refuerza la tendencia. Con algunas excepciones, el prestigio asociado al desempeño de un cargo público se ha reducido dramáticamente en Colombia en las últimas dos décadas. Los profesionales recién graduados, en particular los más brillantes, muestran un interés decreciente por trabajar con el Estado.
Lo anterior lleva a que la calidad profesional de los empleados del sector público en general sea baja. A la falta de estímulos en cuanto a posibilidades de surgimiento profesional se añaden los bajos salarios que pagan las entidades públicas. Las restricciones presupuestales han generado un descenso de los salarios de los funcionarios en términos reales y en particular en comparación con los niveles del sector privado. Los salarios de entrada son particularmente bajos, lo que refuerza la tendencia a la vinculación de los mejores profesionales recién egresados al sector privado. El estado de ánimo en general de los funcionarios públicos es de apatía y falta de iniciativa. 

La conformidad del funcionario público es en muchos casos resignación disfrazada. En otros estrategia para permanecer en una oportunidad que probablemente no se repetirá, y en otros consecuencia de la falta de una adecuada motivación para entender con claridad el alcance de las tareas que están a su cargo". 
Dentro de la administración del estado no hay un sistema que premie la gestión eficiente y castigue la ineficiente. Un sistema de carrera admnistrativa que tiene fuerza legal, pero no está siempre basado en la promoción de acuerdo con el mérito, tiende a generar estabilidad laboral para el personal ineficiente o corrupto, y escasas motivaciones para los buenos profesionales. 
No existen sistemas efectivos y generalizados de control de resultados, de modo que no se cuenta con los parámetros necesarios para medir la efectividad del desempeño. Frecuentemente existe confusión respecto de los propios objetivos de las instituciones. La falta de organizacion y planeación hace que sea muy difícil obtener información oportuna y exacta sobre los resultados de la gestión. Este solo factor es una de las principales explicaciones del caos administrativo y la corrupción. 

MALA CALIDAD DEL CONTROL 
De acuerdo con lo visto anteriormente, la corrupción aumenta cuanto menores sean tanto la probabilidad de que el agente corrupto sea descubierto, como la fuerza del castigo cuando se aplica. En ambos casos la evaluación de la situación colombiana es poco favorable. 
Los mecanismos de control de los resultados dc la gestión pública én Colombia son de baja calidad, tanto en lo que se refiere al control puramente administrativo e interno de las instituciones, como al castigo penal a cargo de agentes externos (por ejemplo, el sistema judicial) . 
El control administrativo que debería ser llevado a cabo por cada entidad individual no es efectivo por varias razones. En primer término, como ya se mencionó, las entidades frecuentemente no tienen claridad sobre sus propios objetivos, los empleados no conocen tales objetivos adecuadamente y es imposible contar con este punto de referencia fundamental para la evaluación de resultados. 
Aparte de esta falla esencial, los procedimientos de control que existen no se cumplen. Existen mecanismos legales creados para llevar a los empleados a responder por sus responsabilidades, pero su efectividad es muy baja. 
En la teoría y en la letra de las leyes, la responsabilidad de los funcionarios puede manifestarse en cuatro tipos de consecuencias: civiles, disciplinarias, penales y políticas. Sin embargo, estas consecuencias no llegan a verificarse en la práctica por diversos motivos. 
La responsabilidad civil puede llegar a afectar el patrimonio de los empleados públicos por los daños que por su culpa grave o dolo se ocasionen sobre el patrimonio público y también sobre el de los particulares. En la práctica estas consecuencias no llegan a producirse, pues por lo general los particulares lesionados realizan acciones contra las entidades y no toman acciones directas contra el funcionario. Las entidades deberían, cuando se han visto obligadas a resarcir a los particulares por este motivo, hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios. Sin embargo, esto por lo general no ocurre. La ausencia de responsabilidad de los funcionarios en estos casos ha permitido que las sumas pagadas por la Nación en demandas ante los tribunales hayan aumentado de 600 millones de pesos en 1986 a más de 6.000 millones de pesos en 1991, la mayor parte debidas a decisiones equivocadas y malos manejos de los funcionarios. En muchas ocasiones los procesos se pierden por negligencia de parte de la defensa, y no se aplican los mecanismos existentes para que los responsables reviertan los recursos perdidos al erario. 
En cuanto a las responsabilidades disciplinaria y penal, que también figuran en la letra de los estatutos disciplinarios y del Código Penal, no tienen en la práctica la efectividad que se les atribuyó, pues para establecerlas se requiere la comprobación plena de los hechos que les sirven de causa. Sin embargo, las dificultades que existen en el país para realizar investigaciones judiciales que conduzcan a la obtención de pruebas suficientes (que son la causa del estado de impunidad general), unidas al desinterés de los funcionarios del Estado y los representantes de las entidades públicas por contribuir a esclarecer hechos, y a la falta de colaboración de la ciudadanía, llevan a que las responsabilidades disciplinaria y penal no se concreten en hechos sino en casos excepcionales. 
Finalmente, la responsabilidad política existe para los altos funcionarios y requiere para que se haga efectiva la acción del Congreso. Hasta ahora ella solo se ha concretado en casos excepcionales. 
En cuanto a la eficacia del castigo por la vía judicial, esta es también muy baja. La probabilidad y la fuerza de la acción judicial han sido tradicionalmente débiles. De acuerdo con las estadísticas oficiales (que son escasas y atrasadas) son pocas las acciones corruptas que llegan a tener consecuencias judiciales. Según cifras del Dane, en el primer semestre de 1990 entraron en la etapa de iniciación del sumario 1.411 casos de delitos contra la administración pública. Las autoridades judiciales llegaron a dictar providencias de algún tipo en 1.558 casos dentro de su inventario de procesos acumulados (cabe destacar que los delitos contra la administración pública apenas fueron el 1.3 por ciento del total de las providencias dictadas en ese período dentro del sistema judicial colombiano) . 
De esos 1.558 casos, 1.129 (el 72 por ciento) correspondieron a providencias de cesación de procedimiento. Los procesos se terminaron debido a una variedad de razones, siendo la más importante la prescripción, citada en el 42 por ciento de los casos. Solo 316 casos (el 20 por ciento) recibieron una resolución acusatoria. 
Estos resultados no son extraordinarios dentro del contexto de la justicia colombiana, pues de 122.967 procesados, el 82 por ciento llegó a una resolución de cesación de procedimiento, y solo el 12 por ciento obtuvo una resolución acusatoria. Esta es una demostración más de la ineficacia general del sistema legal colombiano, caracterizado por una sobrecarga de casos en manos de los jueces, una incapacidad para desarrollar .

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