REFORMAS EDUCATIVAS DE MEXICO

REFORMAS EDUCATIVAS DE MEXICO

Distintas acciones emanaron de los gobiernos posrevolucionarios a fin de asegurar la educación primaria, obligatoria desde la reforma constitucional de 1934 y única con ese carácter hasta 1993, año cuando la educación secundaria se hizo obligatoria. El poder central era tan fuerte que en la práctica inhibió las iniciativas de los estados para hacerse cargo de su educación y se convirtió en un obstáculo, como juzga Torres Quintero (citado en el epígrafe). A pesar de las críticas que hoy podamos hacer al centralismo, éste hizo posible la expansión de los servicios educativos en todo el país, sobre todo la educación primaria.

Por otra parte, el magisterio fue preponderante en la consolidación del poder político de los regímenes posrevolucionarios, al convertirse en uno de sus brazos corporativos e ideológicos más importantes. En 1943, con apoyo del gobierno federal, se unificaron las distintas organizaciones gremiales de maestros en una sola: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte). Desde entonces, este actor político ha sido fundamental en la gestión de los servicios educativos y en el control político del magisterio.

A partir de 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública (sep) como organismo con jurisdicción sobre todo el territorio nacional, el gobierno federal empezó a reabsorber las escuelas municipales y, después, las de los estados en un proceso que se intensificó en los años treinta. Así, entre 1921 y 1940 los estados de la república cedieron al gobierno federal parte o la totalidad de sus sistemas educativos. A este proceso se le denominó “federalización”, pero en realidad tenía un sentido centralizador.

Las decisiones de reforma del sistema educativo

La modernización educativa anunciada por el presidente Salinas (1989) se insertó, como se dijo, en el contexto de la reforma del Estado y los cambios acelerados en la economía. Después de décadas de manejo centralizado, el sistema educativo mexicano inició una etapa nueva en su desarrollo, en particular en su servicio de tipo básico que integra los niveles de educación preescolar (tres-cinco años), primaria (seis-once) y secundaria (doce-catorce), así como en la formación inicial y en servicio de los docentes de educación básica. El aseguramiento de estos servicios educativos era un deber jurídico del Estado mexicano como respuesta al derecho a la educación.El tema del derecho a la educación posee su propia complejidad filosófica, sociológica y jurídica. En México este derecho fundamental tiene que ver de manera principal con la educación obligatoria, que en el país se refiere a la educación de tipo básico (tres-catorce años) y el Estado tiene que garantizar su universalización y gratuidad.

El 18 de mayo de 1992, a la mitad del periodo salinista, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de

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