Reforma Energetica Capítulo II

CAPÍTULO III

REFORMA A LA POLÍTICA DE PRECIOS

Y SUBSIDIOS A LA ENERGÍA EN MÉXICO

1. Por qué reformar la política de precios y subsidios energéticos

Como bien lo muestra la experiencia internacional, congelar, e incluso subsidiar los precios de los energéticos con la intención de elevar el poder adquisitivo de las familias y contener la inflación es una medida poco creativa y de probada ineficiencia. El control de precios no funcionó en el pasado y siempre hubo que abandonarlo, ¿por qué habría de funcionar ahora? Más aún, pareciera que nuestros gobernantes ignoran o menosprecian la función del sistema de precios en una economía de mercado. Y no sólo eso, al parecer no tienen una clara visión de lo que pretenden sea nuestro país en el largo plazo. Otorgar subsidios a los energéticos, incluso, es una medida contraria al compromiso de abatir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 50.0% hacia la mitad del siglo XXI, pero también a la construcción de las bases de una nueva economía verde, democratizadora de la productividad y competitiva, sostenible, y generadora de millones de nuevos empleos en empresas, sectores y tecnologías de vanguardia.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, se está dando prioridad al efecto político que genera la absurda pretensión de bajar los precios por decreto, en lugar de avanzar en el proceso de modernización iniciado en los ochenta y realizar las reformas económicas de segunda generación que nos permitirían pasar de una economía de rentas —basada en el usufructo de diversos tipos de sobre-beneficios, y sólo complementariamente en ganancias de productividad— a una economía sustentada fundamentalmente en estas ganancias de productividad.

La reforma energética enviada por el presidente Peña Nieto no contempla la eliminación total, parcial o gradual de los subsidios a los energéticos, particularmente a gasolinas, diésel, gas LP y electricidad. Una propuesta de reforma comprensiva —y coherente con la iniciativa de reforma a la Hacienda Pública que el propio Gobierno Federal acaba de enviar al H. Congreso— debiera incluir la eliminación de los subsidios a la energía, en la medida en que éstos claramente distorsionan los patrones de consumo y son fuertemente regresivos, entre otros efectos perversos que generan.

Habría que recordar que los precios de la energía deberían establecerse con base en los precios internacionales o, en su caso, en los costos de oportunidad en relación con su impacto ambiental. No hay nada más alejado de eso en nuestro país. Por ejemplo, tan sólo el subsidio a las gasolinas representa actualmente más de 10% del PIB. Su impacto es fuertemente regresivo en la medida que su consumo se concentra en los grupos de ingreso alto y medio-alto, además de ser contrario a los objetivos ecológicos planteados por el propio gobierno.

Si bien la eliminación de tajo de estos subsidios y el ligar los precios a los costos sociales de producción tendría un impacto no deseado en precios por una sola vez, estos subsidios no se justifican ni desde el punto de vista de la equidad, ni desde el punto de vista de sus efectos en el medio ambiente. Naturalmente, como se describirá poco más adelante, resultaría doblemente propicio diseñar mecanismos que permitieran reducir los subsidios gradualmente, con miras a su total eliminación.

La poca racionalidad de estos subsidios obedece a una lógica política o, si acaso, institucional. Por ello, es crucial mencionar que mucha de esa resistencia política puede explicarse por las ineficiencias e insuficiencias de diversos rubros del propio gasto público. Para ilustrar este punto basta con decir que sería menos difícil eliminar estos subsidios si se contara con sistemas de transporte público generalizados y de calidad, así como con una compañía de electricidad más eficiente, por poner tan sólo dos ejemplos.

Al no considerar la reforma de la política a la política de precios y subsidios, estamos frente a una reforma energética parcial. Una reforma que no reduce los efectos macroeconómicos, ambientales y sociales de los subsidios, lo cual es preocupante porque los subsidios a la energía, como bien sabemos, reducen el crecimiento a través de diversos canales. De hecho, conforme a Rogoff y Reinhart, 2010 sus efectos sobre el crecimiento van más allá de su impacto adverso sobre los saldos fiscales y la deuda pública.

Estos subsidios pueden desalentar la inversión en el sector energético. Ello debido a que precios bajos y subsidiados para la energía puede resultar en menores ganancias, o pérdidas directas, para los productores, por lo que es difícil para las empresas estatales expandir la producción de energía y poco atractivo para el sector privado invertir, tanto a corto como a largo plazo. El resultado es una grave escasez de energía que dificulta la actividad económica, como lo evidencia el caso del gas natural en México.

En nuestro país, a pesar de que se cuenta con un marco jurídico que permite la inversión privada en la comercialización y transporte de gas natural para asegurar el abasto del combustible, durante los últimos 12 años hubo una falta de visión y liderazgo, así como de inversión estratégica en la creación de infraestructura de transporte que resultó en la saturación del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), que opera muy cerca del límite de su capacidad, con niveles de utilización de más de 85.0%, mismos que por seguridad son los niveles máximos permisibles. Esto implica que no podemos importar todo el gas natural que requerimos para abastecer la demanda nacional, lo que ha puesto en jaque a la industria y al crecimiento económico, pues el impacto de esto son reducciones en la producción y la productividad de la industria manufacturera por escasez de un combustible más eficiente y ecológico. La escasez del mismo, a su vez, genera una sustitución por otros combustibles más caros y contaminantes en términos de efecto invernadero como el combustóleo, con la consecuente afectación de la competitividad de la industria nacional y la pérdida de atractivo del país para atraer inversiones.

Los subsidios pueden también desplazar el gasto público de áreas que fomentan el crecimiento. Algunos países gastan más en subsidios a la energía que en salud pública y la educación. Según John Scott, esta cantidad representa alrededor de 3.3% del PIB en nuestro país; el 18.0% del gasto público programable; el 30.0% del gasto en desarrollo social; más que todo el gasto público en salud; y 10 veces el presupuesto de Oportunidades, el principal programa contra la pobreza. Así, la reasignación de parte de los recursos liberados por la reforma de los subsidios a la energía

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